Al menos 200 personas han sido víctimas de intentos de asesinato o de amenazas de muerte en los últimos cuatro años en el Cesar. Sigue existiendo una relación entre el carbón ensangrentado y los asesinatos. Así se desprende del informe presentado por PAX Holanda que lleva por título ‘La sociedad civil bajo amenaza’.

La organización de paz PAX Holanda ante los nuevos hechos violentos contra líderes sociales en el departamento del Cesar, en el noreste de Colombia, caracterizado por ser una región minero-energética, hace un llamado a las empresas europeas generadoras de electricidad para que dejen de comprar el carbón “ensangrentado” que se produce en sus yacimientos, como forma de hacer presión para asegurar que la violencia actual termine y las víctimas del paramilitarismo sean reparadas.

La situación de orden público en esta región localizada en el noreste colombiano continúa siendo de tensión. En efecto, en las últimas semanas ha venido siendo amenazado de muerte el defensor del Pueblo del Cesar, Omar Contreras Socarrás, a quien le advierten de desistir de sus funciones.

La violencia y las amenazas constituyen el pan nuestro de cada día en el Cesar, territorio de explotación minera en el que las empresas europeas generadoras de electricidad compran carbón ensangrentado para el suministro eléctrico en varios países de la Unión Europea. Esta investigación realizada por PAX demuestra que al menos 200 personas han sido víctimas de intentos de asesinato o de amenazas de muerte en los últimos cuatro años en esta región, lo que constituye un tema de extrema urgencia.

Néstor Iván Martínez, líder de una de las comunidades que protestaba contra la expansión de las minas de carbón por parte de una de las transnacionales que opera en esta zona geográfica del país, fue asesinado el pasado mes de septiembre. Por ello, PAX reitera su llamamiento a que las empresas dejen de comprar “carbón ensangrentado” de la región del Cesar.

“PAX ha advertido constantemente a las empresas europeas que compran carbón ensangrentado del César que personas que trabajan por la justicia y la reparación de víctimas aún están sufriendo violencia y amenazas de muerte. A pesar de estas advertencias, las empresas generadores de electricidad -con la excepción de la empresa danesa DONG- siguen suministrando energía en base a carbón ensangrentado a millones de hogares europeos. PAX cree que estas empresas inmediatamente deben dejar de comprar carbón ensangrentado como forma de hacer presión para asegurar que la violencia actual termine y las víctimas del paramilitarismo reciban las reparaciones a las que tienen derecho”, expresó Joris van de Sandt, directivo de esta organización holandesa, que hace acompañamiento en ese departamento colombiano a víctimas y viene denunciando el negativo impacto social y medioambiental que genera la explotación de los yacimientos de este mineral.

La investigación de PAX demuestra también que sigue existiendo una cultura de violencia y de intimidación en dicha región minera. En los cuatro años que han pasado desde mediados de 2012 hasta ahora, al menos 200 personas han sido atacadas con armas automáticas o machetes, o han recibido mensajes de texto, llamadas telefónicas y panfletos amenazantes.

Miles de personas afectadas

Hay claros indicios de que grupos que tienen sus precursores en los paramilitares de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales entre 1996 y 2006 asesinaron a 3.100 personas y expulsaron a 55.000 personas de sus tierras, son los responsables de esta nueva ola de terror. Las más de 200 personas afectadas de manera directa eran defensores de los derechos de las víctimas de las anteriores olas de violencia. Miles de personas se han visto afectadas directa e indirectamente por acciones violentas que pretenden paralizar a la sociedad civil y preservar el statu quo implantado por la actividad paramilitar entre 1996 y 2006.

Nuevos testimonios sobre el papel de las compañías mineras

Las conclusiones de la investigación de PAX salieron a la luz al mismo tiempo que la publicación de un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado ‘La Maldita Tierra’ (), sobre el surgimiento de la violencia paramilitar en la región minera del Cesar y los factores económicos que la promovieron. Dicho informe incluye tres nuevos testimonios de excomandantes paramilitares sobre la presunta colaboración entre las compañías mineras Drummond y Prodeco/Glencore con las AUC. De acuerdo a lo expresado por testigos, la colaboración incluía reuniones secretas, el intercambio de inteligencia y pagos sistemáticos. El informe corrobora las denuncias hechas por PAX en su informe de 2014, ‘El lado oscuro del carbón’ ().

El informe ‘Sociedad civil bajo amenaza’ puede descargarlo en archivo PDF aquí