La avalancha en Mocoa, que ya supera los 250 muertos, ha sido calificada como el peor desastre en la historia de esta ciudad, capital del Putumayo. Pero esta tragedia no se debe a los embates de la naturaleza como lo afirman los voceros del gobierno nacional, sino que es el resultado de la aplicación indiscriminada de un modelo económico que es insostenible desde el punto de vista humano y ecológico. En efecto, este tipo de desastres son consecuencia de un Estado como el colombiano signado por el salvaje modelo neoliberal y la corrupción rampante de sus gobernantes, lo cual atenta en grado superlativo el concepto de seguridad humana, acuñado por Naciones Unidas.

Lo de Mocoa no es simplemente un desastre natural, es el producto de la acción humana: una ciudad llena de desplazados que viven en las riberas de los ríos sin mínima planeación urbana; las mineras intervienen cuencas altas para sacar puras quimeras, tumbar bosques y violentar resguardos y reservas naturales; se construyen vías para extraer recursos pasando por encima de la gente; se gobierna la ciudad de más de 400 años con exclusión, marginalidad y pobreza. Nada de eso es natural. Es la acción humana que produce la guerra. Y esta guerra la pagan los más pobres.

Sobrevivientes del deslave señalaron que esto era una tragedia que podría haberse evitado. La emergencia sacó a la luz la falta de responsabilidad del Estado colombiano para prevenir el deslizamiento de tierra por causa de las lluvias en la zona y salvar la vida de decenas de personas.

Hace 28 años, en un informe de agosto de 1989, el antiguo Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) advertía al Gobierno lo que podría pasar si el río Mulato se desbordaba. El informe planteaba las medidas que debían tomarse y el presupuesto de las obras necesarias.

El estudio se llevó a cabo tras la avalancha del río por aumento considerable de lluvias que arrasó con viviendas, cultivos y obras de infraestructura. La comisión de expertos recomendó la construcción de 2.500 metros de un dique marginal en malla y piedra, azudes (muros que dividen el cauce), construcción de espolones en malla y piedra, dragado con maquinaria del lecho del río y otras medidas preventivas.

El informe de 1989 no fue el único que alertaba sobre el desborde de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. En 2012 hubo un deslave en la cabecera de la quebrada La Taruca que borró su cauce natural. Se advirtió a las autoridades departamentales y municipales que de presentarse un nuevo desbordamiento por las lluvias, la avalancha ocurriría en menos de 20 minutos y no daría tiempo para organizar ninguna evacuación masiva de las familias aledañas a la cuenca de la quebrada y el río Sangoyaco, donde desemboca La Taruca.

El informe de 1989 no fue el único que alertaba sobre el desborde de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. En 2012 hubo un deslave en la cabecera de la Quebrada La Taruca que borró su cauce natural.

En 2012 aún no había un plan de emergencia o medidas para sortear una catástrofe de magnitudes considerables. La  avalancha en Mocoa mostró que a pesar de las advertencias, el Estado no realizó las obras necesarias para evitar que la crecida del río causara la pérdida de vidas humanas, heridos y cuantiosos daños materiales.

Con un modelo económico como el neoliberal, el Estado colombiano deja a su suerte a las comunidades en alto riesgo, sumado a ello los altos índices de corrupción de las dirigencias políticas locales que no cuentan con planes para mitigar este tipo de tragedias.

En Colombia no se tiene conciencia sobre la garantía de un derecho como la seguridad humana que preconiza Naciones Unidas

“Si bien la seguridad nacional sigue siendo un elemento indispensable para la paz y la estabilidad, la complejidad y la interrelación de las antiguas y las nuevas amenazas —desde la pobreza crónica y persistente hasta los conflictos violentos, el cambio climático, la trata de las personas, las pandemias y las crisis económicas y financieras— revelan nuestra vulnerabilidad común frente a un creciente riesgo de amenazas de amplia difusión e intersectoriales. Debido a que tales riesgos se pueden propagar rápidamente en los países y a través de ellos y desembocar en una crisis de más difícil resolución, la seguridad humana subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención”.

La seguridad humana, en consecuencia, -subraya Naciones Unidas- “impulsa el desarrollo de soluciones integrales que en conjunto aporten una eficacia mucho mayor para responder a las inseguridades actuales y a las futuras”.

La tragedia de Mocoa da cuenta de que el Estado colombiano está muy lejos de asumir ese concepto y sus gobiernos se limitan a dar ayudas momentáneas para calmar en algo el impacto de la tragedia sin proyectar planes sostenibles que garanticen el equilibrio y manejo de los territorios.