DIARIO RED /
El supuesto Cartel de los Soles fue útil como falsa narrativa cuando había que justificar sanciones, aislar diplomáticamente a Caracas, criminalizar a su liderazgo y, más recientemente, preparar el terreno militar y prefabricar un ardid legal para una operación de fuerza que terminó en el secuestro de un jefe de Estado.
Durante años, Washington repitió una y otra vez la misma frase hasta convertirla en sentido común: Venezuela era el epicentro de un narcoestado, gobernado desde las alturas del poder por una organización criminal llamada el «Cartel de los Soles». En un giro que contradice lo anterior, hace pocos días el Gobierno de Donald Trump retiró a Venezuela de la lista de países que «fallan demostrablemente» en sus compromisos antidrogas.
El Presidente estadounidense lo atribuyó a los «avances positivos» logrados bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. Así, con una simple tachadura en una lista, décadas de acusaciones existenciales sobre el supuesto narcoestado venezolano quedaron, de facto, puestas en entredicho por el propio Gobierno que las sostuvo.
Si según Trump Venezuela cumple ahora «de manera demostrable» sus compromisos de control de drogas, habría que preguntarse ¿sobre qué base se sostuvo durante años la caracterización del país como sede de una narcoestructura estatal? La respuesta es simple: nunca hubo una base sólida sino un falso relato político construido a la medida de los objetivos de cada momento. Pero, además, nos lleva a preguntarnos varias cosas:
¿El Cartel de los Soles alguna vez existió?
No, al menos no como lo describió Washington durante dos décadas: «una organización criminal jerarquizada, con mando único, controlado por el Estado venezolano y que convertía al país en el epicentro hemisférico del narcotráfico». Esta entidad no aparece en los informes mundiales sobre drogas de Naciones Unidas. No aparece en los reportes anuales de la propia DEA sobre las principales organizaciones de tráfico del planeta. Y cuando a la justicia estadounidense se le exigió, por fin, sostener esa acusación con pruebas ante un tribunal, no pudo hacerlo: en enero de 2026 el Departamento de Justicia presentó una acusación revisada que abandonó la idea de un cartel concreto y la sustituyó por la vaga fórmula de un «sistema de patronazgo» y una «cultura de corrupción».
Una organización que ningún organismo antidrogas logra documentar, que la propia Fiscalía que la inventó termina retirando de su propio expediente judicial, no es un cartel. Es una ficción política que cumplió su función mientras convino y que se disolvió en el aire en cuanto dejó de ser útil.
¿Venezuela alguna vez fue epicentro del narcotráfico?
El Informe Mundial sobre las Drogas más reciente confirma lo que cualquier atlas ya mostraba: el cultivo de coca se concentra en la región andina, con Colombia, Perú y Bolivia como los grandes productores.
Venezuela no encabeza esa lista. Comparte, eso sí, una larguísima frontera con Colombia, lo que la convierte —como a tantos otros países vecinos de zonas productoras— en territorio de tránsito. Pero convertir la geografía en veredicto es una operación política. El propio Departamento de Estado se ha visto obligado a aclarar que la designación de «país de tránsito no significa necesariamente» que el gobierno en cuestión no combata el narcotráfico, y que puede responder simplemente a «factores geográficos, comerciales y económicos».
¿Venezuela nunca combatió el tráfico de drogas?
Las cifras de interdicción venezolana —que Washington rara vez menciona cuando despliega el falaz argumento del narcoestado— no son menores: 8.223 operaciones antidrogas en 2022, más de 32 toneladas de cocaína decomisadas ese año según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 52 toneladas reportadas en 2023, 25 toneladas más en el primer semestre de 2024.
Organizaciones independientes como InSight Crime, que no tienen ningún interés en hacerle favores al chavismo, habida cuenta que es financiada por la fundación del especulador George Soros, muy cercano a la CIA, han registrado cifras de decomiso similares, aunque con las reservas habituales sobre la transparencia de las estadísticas oficiales. Esa duda razonable sobre los números, no la negación de que existan operaciones reales, es precisamente el tipo de matiz que la etiqueta de «narcoterrorismo» está diseñada para borrar.
Estados Unidos vuelve a demostrar que el término «narcoterrorista» y las listas de certificación antidrogas no son instrumentos técnicos que un comité de expertos actualiza según la evidencia disponible. Son herramientas de política exterior que se encienden y se apagan según lo exijan los intereses geopolíticos de Washington en cada momento.
El Cartel de los Soles fue útil como narrativa cuando había que justificar sanciones, aislar diplomáticamente a Caracas, criminalizar a su liderazgo y, más recientemente, preparar el terreno militar y armar un entrampamiento judicial para una operación de fuerza que terminó en el secuestro de un jefe de Estado. Una vez que Washington negoció una transición hacia un gobierno interino de su agrado, la misma maquinaria retórica que necesitaba pintar a Venezuela como un narcoestado irredimible ahora necesita, con la misma urgencia, mostrar que la cooperación «funciona».
Las listas antidrogas estadounidenses, lejos de ser un termómetro objetivo del cumplimiento internacional, se confirman una vez más como lo que siempre fueron: un instrumento de poder que mide menos la cantidad de droga que cruza una frontera que el grado de obediencia política de quien la gobierna.
