POR OCTAVIO QUINTERO /
Avanza rauda en el Congreso la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella que contempla, en síntesis, subir el IVA a prácticamente todos alimentos, mientras exime a las más grandes empresas de Sarmiento Angulo, Santo Domingo, los Gilinski y herederos de Ardila Lule, de pagar impuestos por $135 billones. La reforma aspira a recaudar 80 billones de pesos en tres años, de los cuales, los solos trabajadores van a pagar 27 billones, más lo que entra por IVA, 20 billones, es decir, casi el 59 % del recaudo recae sobre los hombros de los consumidores de clases medias y pobres.
Pero no toca efectivamente la evasión, el contrabando y la corrupción que le cuestan al país anualmente 150 billones de pesos = 8 puntos porcentuales del PIB, según la DIAN. Solo la evasión asciende a 80 billones de pesos en tres frentes: 1. IVA = $32 billones; 2. Renta empresarial = $28 billones y 3. Renta de personas naturales = $20 billones. ¿Quiénes evaden o pueden evadir impuestos?, sería la pregunta.
El Estado solo tiene dos sujetos tributarios para financiarse: las empresas y los consumidores, sin discusión. Como los políticos tradicionales necesitan plata para financiar sus campañas van a las empresas o personas que tienen plata e intereses políticos, es decir todas las grandes empresas y las personas adineradas. Esta financiación privada de la política causa, como es natural, dependencia. Es decir, se deben al poder económico, nacional e internacional, y cuando les toca tomar decisiones tributarias, de consuno, se inclinan por sus patrocinadores. Así de sencillo.
Implantar política tributaria en determinado gobierno es un debate sempiterno entre la llamada “Escuela Austriaca” y el “poskeynesianismo”, últimamente denominado “Progresismo”. De largo tiempo la Austriaca, también conocida como ortodoxa, ha denominado el debate, y ha logrado imponer el modelo neoliberal, basado en la falacia económica del libre mercado, su máxima expresión del momento, que consiste en el famoso postulado adamismo del “laissez faire”: reducir barreras comerciales y regulatorias (liberalización); transferir empresas y servicios públicos al sector privado (privatización); eliminar normativas que frenen la competencia (desregulación); y, limitar el Estado a funciones esenciales (desestatización).
Las cuatro condiciones se ven reflejadas en la llamada “Ley de Ajuste Fiscal” de Colombia, que avanza rauda en el Congreso. A propósito, es el mismo Congreso que, haciéndole el mandado a la Asociación de Empresarios (ANDI) le negó dos veces proyectos de reformas tributarias progresistas a Gustavo Petro, que proponía gravar más a las grandes empresas y a los más ricos.
Hoy avanza raudo, repetimos, aprobándole al Gobierno de turno una draconiana reforma tributaria que contempla, en síntesis: subir el IVA a prácticamente todos alimentos, mientras exime a los más grandes conglomerados económicos.
Es decir, más altos precios de los alimentos; más altas tarifas de energía y gas y más costoso el crédito bancario para los colombianos. “Maldita reforma tributaria”, la califica la oposición dentro del debate legislativo, que lo tienen perdido, porque a los más ricos les da en la vena del gusto, y ellos orden a sus legisladores votar.
“Poderoso señor es don dinero”.
