EDITORIAL TSC /

El más reciente informe de la Contraloría General sobre los hallazgos irregulares de más de una veintena de las denominadas Entidades Prestadoras de Salud (EPS), constituye a no dudarlo cabeza de proceso penal para los administradores, incluyendo a miembros de junta directiva.

Tras un quirúrgico análisis de los hallazgos por parte del órgano de control al oscuro manejo de los recursos públicos destinados exclusivamente a la salud de los colombianos queda claro que el país esta ante un grave desfalco, pues se permitió que 24 EPS se robaran 6 billones de pesos.

El propio presidente Petro, en su cuenta X, dice que se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, jets privados, campos de golf y mansiones en Miami; y lo peor: clínicas privadas hechas con el dinero público para quebrar hospitales públicos.

El Informe que presentó la Contraloría General de la República sobre la actuación especial de vigilancia a 24 EPS que operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, detalla el destino de los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) y los presupuestos máximos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a dichas entidades durante la vigencia 2020.

Cabe anotar que la UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios tanto en el régimen contributivo como subsidiado.

Es un imperativo que los hallazgos de la Contraloría sobre este desfalco al Sistema de Salud de los colombianos sean trasladados a la Fiscalía para que inicie los procesos penales a que haya lugar.

De acuerdo con la legislación colombiana (Ley 222/95, reforma del Código de Comercio), “Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad. 2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas”.

Y es que en el mal manejo administrativo de las EPS comprometidas con el timo de recursos públicos figuran “personajes” políticos prominentes del establishment colombiano que tuvieron asiento, por ejemplo, en la Nueva EPS, acusada de malversación.

Contrasta esta grave situación con el hecho de que sectores de la derecha como el Centro Democrático, Cambio Radical, el MOIR hoy travestido en Dignidad y Compromiso, y algunos congresistas de la Alianza Verde, hayan presentado un proyecto de ley en el que proponen la desfachatez según la cual las EPS continúen  manejando el dinero público, pero cuando presenten dificultades, inclusive quiebra, no se las investigue, ni se las inspeccione, sino que los colombianos sigan asumiendo sus posibles desfalcos. ¡Como para Ripley!

Es preciso entonces que la Fiscalía de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría asuma la investigación penal para dilucidar a qué bolsillos de particulares fue a parar la plata de la salud de los colombianos y que estos hechos criminales de cuello blanco no queden en la impunidad como es costumbre inveterada en Colombia.

El país está ante un atraco de inmensas proporciones que afecta un derecho fundamental como la salud, cuyo sistema corrupto y obsoleto se resisten a reformar los sectores que lo convirtieron en un vil negocio, jugando con la vida de los colombianos.