EL ESPECTADOR /
En reciente columna periodística para el diario El Espectador, la senadora Clara López Obregón exhortó a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a revisar su rol institucional por cuanto, señaló que esta importante institución de justicia transicional “ha derivado en un trato discriminatorio hacia los miembros de la fuerza pública (militares y policías) y tiene a los firmantes del Acuerdo de Paz reclamando seguridad jurídica”.
Precisó que la JEP fue concebida como una herramienta restaurativa y equilibrada por lo que “la paz no puede ser selectiva y la justicia no puede ser asimétrica”.
El texto de la reflexión de la congresista López Obregón es el siguiente:
¿Qué paz es esta, si discrimina a quienes la sustentan?
La paz no puede ser selectiva. La justicia no puede ser asimétrica. Hoy, con sentido de responsabilidad, hago un llamado urgente a revisar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha derivado en un trato discriminatorio hacia los miembros de la fuerza pública (militares y policías) y tiene a los firmantes del Acuerdo de Paz reclamando seguridad jurídica.
La JEP fue concebida como un mecanismo excepcional, restaurativo y equilibrado para todos los actores del conflicto. El Acuerdo Final de Paz contempla que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición debe aplicar “criterios de simetría y equilibrio” entre los actores del conflicto. Este principio se trasladó al Acto Legislativo 01 de 2017, que crea la JEP, al disponer que los miembros de la fuerza pública tendrán un “tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo”.
Sin embargo, más de 1.300 integrantes de la fuerza pública han acudido a la Corte Constitucional denunciando vulneraciones a sus derechos fundamentales. Se enfrentan a figuras jurídicas no contempladas en el Acuerdo de Paz, como el Juicio de Prevalencia Jurisdiccional, que permite a la JEP determinar si una persona sigue en el Sistema o rechaza su competencia, basándose en si hay procesos paralelos o decisiones previas en otras jurisdicciones, o si el compareciente ha cumplido con los compromisos de verdad, reparación y no repetición. Dicha atribución no cuenta con aprobación legislativa ni sustento constitucional claro. Por tanto, es violatoria del principio de legalidad y del debido proceso y, en su aplicación, rompe la simetría exigida en un acuerdo unilateral de Estado ante las Naciones Unidas.
La JEP ha emitido sanciones restaurativas de ocho años para el antiguo secretariado de las FARC cuando todavía subsisten discusiones sobre cómo se aplicarán las sanciones propias. Más de 100 de los excombatientes siguen en la cárcel, sin acceso al indulto contemplado en los acuerdos y se siguen abriendo subcasos vinculando nuevos procesados, sin un cierre definitivo a la vista.
En contraste, miembros de la fuerza pública enfrentan procesos más severos, sin acceso equitativo a mecanismos restaurativos ni garantías procesales equivalentes. Esta asimetría erosiona la legitimidad del sistema y debilita la confianza institucional en la justicia transicional.
Propongo, con carácter inmediato, la creación de una comisión de revisión y equilibrio transicional, integrada por representantes del Gobierno nacional, voceros de la fuerza pública, delegados de las antiguas FARC, magistrados de la JEP y observadores internacionales. Esta comisión debe revisar los criterios de priorización, los mecanismos de sanción y las garantías procesales, con el fin de restablecer el equilibrio y evitar que la justicia transicional se convierta en una nueva forma de exclusión institucional.
Hoy es necesario que toda la sociedad colombiana, en sus diversas expresiones, se comprometa con una paz que no discrimine en sus procesos ante la JEP a quienes defendieron las instituciones. Y también una paz que no humille a quienes sellaron los acuerdos de paz para acogerse a esas mismas instituciones y han cumplido con asumir su responsabilidad ante la sociedad.
Si la justicia transicional se convierte en un instrumento de discriminación y se prolonga sin cierre para los comparecientes, entonces no estamos ante una paz duradera, sino ante una nueva forma de conflicto. Y si eso ocurre, ¿cuál paz estamos construyendo?
El Espectador, Bogotá.
