POR CAROLINA CORCHO MEJÍA
En días recientes, la Junta Directiva del Banco de la República decidió subir de 10.25 % a 11.25 % la tasa de interés que cobra por sus créditos al sistema bancario. En lo corrido del año ha aumentado en dos puntos la tasa de interés de 9.25 % a 11.25 %. Los cuatro integrantes de esa directiva que constituyen la mayoría tomaron esta decisión con el argumento de controlar la inflación. Esto funcionaría si las causas de la inflación fueran de demanda, pero este no es el caso, dado que la inflación responde a la oferta, entre otras por dinámicas globales como la presión que existe sobre los precios de los hidrocarburos. El efecto que sí podría generar es incidir de manera negativa en la dinámica económica, dado que se aumenta los intereses de los créditos para el acceso a bienes y servicios, compra de vivienda, vehículos, o cualquier bien. Lo que esto ocasionará sin duda es el ingreso de los denominados capitales golondrina, especuladores de corto plazo que vienen a rentar al país, mientras se encarece la propia deuda interna bajo estas tasas de intereses.
Para contener la inflación después de la pandemia la Junta Directiva del emisor decidió subir aceleradamente la tasa de interés desde 1,75 % en septiembre de 2021 hasta 13,25 % en mayo de 2023, pero esta alza de la tasa de interés no tuvo impacto frente a las causas de oferta, porque como se ha explicado por diversos expertos, esa medida no puede resolver este tipo de problema.
Estas decisiones sin un soporte sólido, llevó a que el Ministro de Hacienda se retirara de la Junta Directiva, la cual preside, dado que es evidente que no existe ninguna coordinación de estas decisiones con la política macroeconómica del Gobierno nacional, lo cual es un deber constitucional que le asiste al Banco de la República.
La pregonada “independencia” de esta institución, abanderada entre otras cosas por reconocidos integrantes de la oposición política en un contexto de proceso electoral, no implica que sus decisiones no puedan ser sometidas a debate público, en tanto las decisiones que plantean deben estar acordes a un principio de racionalidad que aquí no existe.
Además, es preciso anotar, que la definición de los integrantes del Banco de la República pasa por la nominación de los gobiernos, la mayoría de los integrantes actuales fueron designados por administraciones que han tenido una visión política y económica neoliberal, y esta óptica política no es neutral.
Esta visión, fracasada por cierto en el mundo entero, ha tenido como objetivo el enriquecimiento de unas minorías, justamente el efecto que logra el aumento de la tasa de interés evidencia que se incrementan las ganancias del sector financiero a costa de las clases populares y la clase media colombiana. Si el Banco de la República es independiente, debería demostrarlo con sus medidas, pero claramente la irracional decisión que ha adoptado desdice de esta supuesta independencia.
Lo que sí parece estar claro, es que la medida es una respuesta política a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en 23,7 %, contra los pronósticos también falaces de que esta medida incrementaría la inflación. Ello tampoco ha sido cierto, en los primeros tres años del Gobierno se ha aumentado el salario mínimo en un 17 %, en términos reales y la inflación se ha mantenido alrededor del 5%. Este aumento del salario, dicho sea de paso, se da en el contexto de la implementación del mandato constitucional del salario mínimo vital, en el que éste debe permitir al trabajador y su núcleo familiar vivir en condiciones dignas.
El impacto negativo sobre la economía del país lo generará es el aumento de las tasas de interés, y luego dirá la oposición política que fue por el aumento del salario mínimo.
Todo esto ocurre a ocho semanas de la primera vuelta de elecciones a la Presidencia de la República. La generación de un hecho de desestabilización de la economía del país por parte de una institución de mayoría ortodoxa y alineada con los intereses del sector financiero y de la derecha busca generar un ambiente desfavorable para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda a costa del interés público nacional que se ve afectado por estas medidas.
El país requiere un cambio de modelo económico, un tránsito de una economía rentista, a una economía productiva, esto implica adelantar un proceso de reindustrialización, que requiere entre otros factores, crédito barato para apalancar sectores productivos. En ese sentido, las decisiones del Banco de la República constituyen además un freno al crecimiento económico, a la inversión, al crecimiento y a la generación de empleo.
La irracionalidad de la medida de la Junta Directiva del emisor es de tal magnitud, que no tiene comparación con las decisiones de sus pares en el Norte Global. Se ha conocido que, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, mantuvo estable las tasas de 2.0 % a 2.15 %, aún con las presiones inflacionarias causadas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. En el mismo sentido actuó Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en EE.UU. con tasas de 3.5 % a 3.75 %.
En tiempos de pandemia fiscal, solo Japón subió algo la tasa de interés, en diciembre de 2025, de 0.5 % a 0.75, porque venía de tener unas tasas negativas.
Lo que se presenta es un nuevo reto legislativo, se requiere un Banco de la República con autonomía real, dado que, si bien por su junta han pasado personas capaces, también es cierto que esta institución no ha estado exenta de nepotismo y clientelismo, el ejemplo más claro es que la hija de la jefe de campaña de la candidata Paloma Valencia, hace parte de la directiva que tomó la decisión en cuestión.
Se ha presentado allí el fenómeno de la puerta giratoria, de personas integrantes de sectores empresariales del mundo financiero y de seguros que han usado esa institución para apalancar sus intereses particulares, en contra del mandato constitucional de la defensa del interés nacional. Es esta otra discusión crucial de reforma constitucional.
Revista Sur, Bogotá.
