RESUMEN AGENCIAS /

Durante su reciente visita a Madrid, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, volvió a colocar en el centro del debate internacional una acusación de enorme gravedad política y jurídica: la existencia de un “necrocapitalismo” que, en su interpretación, convierte la destrucción de la vida palestina en una fuente de beneficio económico y blindaje geopolítico.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde se proyectó el documental ‘Naciones Desnunidas’, del cineasta Christophe Cotteret, la relatora de derechos humanos sostuvo que la ocupación israelí, la devastación en Gaza y la expansión de un entramado económico vinculado a la guerra no pueden comprenderse sólo como hechos militares o diplomáticos aislados, sino como parte de una estructura internacional de complicidades estatales y privadas.

Su intervención tuvo especial resonancia por el contexto de su visita a España, por el apoyo político recibido y por la creciente controversia internacional en torno a sus informes y a las sanciones impuestas previamente por Estados Unidos.

La jurista italiana denunció que existe un sistema económico y político que obtiene beneficios de la guerra, la ocupación y la destrucción de la población civil palestina, al que denominó “necrocapitalismo”. En ese marco de referencia, sostuvo que Israel no puede invocar la legítima defensa frente a un pueblo que, según su postura, se encuentra bajo ocupación ilegal.

Afirmó además que la comunidad internacional conoce lo que ocurre en Gaza y Cisjordania, pero no actúa con la contundencia debida. También defendió la prohibición global del comercio de armas con quienes cometen crímenes de guerra y planteó la suspensión de relaciones comerciales con Israel como forma de presión internacional. Relacionó esta dinámica con empresas privadas, fondos de inversión, universidades y la industria armamentista, al tiempo que cuestionó el uso expansivo de acusaciones de antisemitismo para deslegitimar la protesta en defensa del pueblo palestino.

Economía política de la violencia

Desde una perspectiva geopolítica, el discurso de Albanese desafía tres pilares del orden internacional contemporáneo. En primer lugar, cuestiona la asimetría con la que las potencias occidentales aplican el derecho internacional, al sostener que los principios de protección de la población civil, prohibición del castigo colectivo y rendición de cuentas no se están ejecutando con la misma firmeza cuando el actor denunciado es Israel.

En segundo lugar, su concepto de “necrocapitalismo” introduce una crítica sistémica: no se trata únicamente de una guerra o de una ocupación prolongada, sino de una economía política de la violencia en la que convergen intereses militares, financieros, tecnológicos y diplomáticos.

En tercer lugar, sus declaraciones colocan a Europa en una posición incómoda, porque apuntan a la distancia entre el discurso normativo europeo sobre derechos humanos y las limitadas medidas concretas adoptadas frente a la destrucción en Gaza y la expansión de asentamientos en Cisjordania.

La visita a Madrid tuvo además una dimensión simbólica importante. España ha intentado proyectarse como una de las voces europeas más críticas frente a la devastación en Palestina. El Gobierno español del presidente Pedro Sánchez expresó respaldo político a Albanese e incluso cuestionó el alcance de las sanciones estadounidenses adoptadas contra ella, las cuales fueron levantadas recientemente gracias a una decisión judicial.

La presencia de Albanese en la capital española puede leerse como un episodio dentro de una disputa más amplia entre dos enfoques occidentales: uno que privilegia la alianza estratégica con el Estado genocida de Israel y el control político del discurso, y otro que intenta reubicar en el centro la legalidad internacional y la responsabilidad humanitaria. Esto también evidencia la fragilidad del sistema multilateral: cuando una relatora especial de Naciones Unidas denuncia crímenes graves y enfrenta sanciones o campañas de descrédito, el mensaje geopolítico es que incluso los mecanismos internacionales de monitoreo de derechos humanos operan bajo fuertes presiones de poder.

Neutralidad comercial no es jurídicamente inocente cuando hay violación de derechos humanos

En clave de derechos humanos, las afirmaciones de Albanese se inscriben en debates jurídicos de la máxima sensibilidad: la posible comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, apartheid y genocidio. Su insistencia en que Israel mantiene una ocupación ilegal y no puede ampararse ilimitadamente en la legítima defensa remite a una discusión central del derecho internacional humanitario: la protección de la población bajo ocupación y la prohibición de medidas desproporcionadas o indiscriminadas.

Cuando Albanese habla de apartheid, utiliza una categoría jurídica internacional que alude a un régimen sistemático de dominación y opresión de un grupo sobre otro; cuando denuncia una economía de destrucción, amplía el foco hacia la eventual responsabilidad de actores corporativos y financieros que, directa o indirectamente, se benefician de violaciones graves.

Su llamado a prohibir el comercio de armas y a suspender intercambios económicos debe entenderse, en este contexto, como una apelación al deber de los terceros Estados de no contribuir a violaciones graves del derecho internacional y de prevenir la complicidad material con posibles crímenes internacionales. Aunque esas medidas generan intensos debates políticos y diplomáticos, su razonamiento se apoya en la idea de que la neutralidad comercial no es jurídicamente inocente cuando existe un patrón persistente de destrucción de la población civil, desplazamiento, hambre, castigo colectivo y devastación de infraestructura esencial.

Por eso, su discurso no sólo interpela a Israel, sino también a gobiernos, empresas e instituciones académicas o financieras que, según su tesis, normalizan o rentabilizan la excepcionalidad palestina.

Alcance del concepto “necrocapitalismo”

El término “necrocapitalismo” tiene una potencia retórica y analítica considerable porque sugiere que ciertas economías no sólo administran desigualdad, sino que obtienen valor de la muerte, el despojo y la destrucción sistemática de comunidades enteras. Aplicado al caso palestino, el concepto pretende mostrar que la guerra y la ocupación no son una anomalía externa al mercado, sino que pueden insertarse en cadenas de beneficio, inversión, innovación tecnológica, control territorial y legitimación política.

Desde esta lectura, la infame devastación humanitaria no sería únicamente un fracaso moral o diplomático, sino una forma extrema de acumulación por despojo y dominación. Esa tesis resulta particularmente incómoda para los actores estatales y empresariales porque desplaza la discusión del terreno exclusivamente militar hacia el de la responsabilidad estructural.

Al mismo tiempo, el concepto es políticamente explosivo y tiene una alta carga acusatoria. Precisamente por eso, el valor del pronunciamiento de Albanese radica en que obliga a discutir no sólo la legalidad de las operaciones militares, sino también la arquitectura económica internacional que permite su continuidad.

En otras palabras, su denuncia no se agota en una condena ética, sino que abre una pregunta de fondo: quién gana, quién protege y quién calla cuando una población civil es sometida a destrucción prolongada.

El pronunciamiento de Francesca Albanese en Madrid no fue una simple intervención de denuncia, sino una pieza de alto voltaje político, jurídico y moral dentro del conflicto palestino-israelí.

Su tesis del “necrocapitalismo” busca nombrar una realidad en la que la ocupación, la destrucción de Gaza y la continuidad del sufrimiento palestino no sólo persisten por razones militares o ideológicas, sino también porque existen redes de poder y beneficio que las sostienen.

Desde el punto de vista geopolítico, su discurso pone en evidencia la crisis de credibilidad de Occidente y del sistema multilateral cuando la aplicación del derecho internacional parece selectiva.

Desde la óptica de los derechos humanos, obliga a revisar la responsabilidad no sólo de los perpetradores directos, sino también de los Estados, empresas e instituciones que, por acción u omisión, contribuyen a la perpetuación de un orden de violencia. En ese sentido, la visita de Albanese a Madrid se convirtió en algo más que un acto simbólico: fue una interpelación frontal a la conciencia jurídica y política de Europa.