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Una radiografía sobre el complejo momento político que vive Colombia tras el triunfo electoral por mínima diferencia en la segunda vuelta presidencial del cuestionado abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella Otero, epígono de Donald Trump, y el desafío del Pacto Histórico y la progresista Alianza por la Vida, hizo la senadora Clara López Obregón en reflexión entregada al periodista argentino Hernán Viudes.
La congresista resaltó el alto grado de pugnacidad política y social en que se encuentra el país tras el proceso electoral que culminó el pasado 21 de junio.
Las consideraciones de la senadora López Obregón en torno a la actual coyuntura política colombiana son las siguientes:
El resultado electoral en Colombia ha dejado un país profundamente dividido. La polarización no es nueva, pero cuestionamientos crecientes sobre la opacidad del sistema electoral y la falta de transparencia en el acceso a la información electoral han dejado al Pacto Histórico sumido en la desconfianza frente al resultado que fue muy estrecho. Si bien el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda han aceptado el resultado, de igual forma han señalado que dudan de su legitimidad. Ello no implica el desconocimiento del traspaso pacífico del poder, pero sí un llamado a la resistencia civil pacífica y, en el caso del excandidato Iván Cepeda, a la desobediencia civil frente a actos que puedan socavar la soberanía nacional si el Presidente electo no renuncia a su ciudadanía estadounidense.
El juramento prestado por Abelardo de la Espriella al aceptar ciudadanía estadounidense coloca la defensa del interés de EE.UU. por encima del colombiano.
El Pacto Histórico y más ampliamente la Alianza por la Vida que sumó sectores independientes, del Partido Verde y liberales están buscando una cohesión mayor para prepararse para los retos de la oposición que incluyen fortalecer la unidad del progresismo, ampliar su cobertura, organizarse disciplinadamente para un control político congresional serio y fundamentado y la movilización social no violenta para defender las reformas sociales y avances conseguidos en el Gobierno que termina, en los campos laboral, de seguridad social, agrario, cambio climático, progresividad tributaria, entre otros.
El equipo del Gobierno electo ha asumido una actitud pendenciera frente al presidente Petro. Con calumnias personales, amenazas de apresamiento y catastrofismo sobre el estado de la Nación, el equipo del Presidente electo se ha levantado de las mesas de empalme aduciendo que los pronunciamientos sobre las elecciones le impiden sentarse con el Gobierno a cumplir ese deber de transición documentada.
Desde el Pacto Histórico se ha señalado que lo que quiere impedir el Gobierno entrante es reconocer los logros del cuatrienio Petro: el desempleo más bajo en 25 años que se sitúa en el 8 %; la cifra de orgullo al haber sacado a cuatro millones de personas de la pobreza, reducción de la mortalidad infantil, entrega de cerca de un millón de hectáreas a campesinos sin tierra y víctimas de desplazamiento durante el conflicto armado -sin expropiar un centímetro de tierra- entre otros avances significativos.
Claro que hay problemas: el problema estructural de las finanzas públicas por falta de ingresos del Estado para satisfacer las demandas de gasto de carácter social y productivo que ha estado en centro de la polémica durante el Gobierno por una oposición parlamentaria que frenó las leyes de financiamiento y se centró en exigir reducciones del gasto en el país con menor presión tributaria y tamaño del Estado de la OCDE y posiblemente de América Latina.
El resultado ha sido un aumento del pago de intereses sobre una deuda que ha crecido congruente y no la explosión de deuda que señalan que corresponde a anteriores gobiernos.
El debate que se avecina entre Gobierno y oposición va a ser profundo: se trata de la disputa de dos modelos económicos encontrados. El Pacto Histórico y la Alianza por la Vida insistirán en que el país más desigual de la tierra avance en redistribución social, protección ambiental y de los recursos naturales, mientras que el Gobierno entrante entrará a desmantelar lo avanzado.
El reto será mantener la confrontación dentro de los causes de la civilidad democrática, con movilización no violenta de parte de la oposición y una respuesta no violenta por parte del Gobierno. La fórmula de callar con represión que ha sido la tradicional respuesta gubernamental en Colombia podría generar enfrentamientos mayores.
Respeto por los derechos humanos, la Constitución, el ejercicio de una oposición institucional y la no regresividad en materia de derechos sociales que contempla la Constitución serán las demandas principales de la oposición.
Las nuevas derechas continentales de las cuales Abelardo de la Espriella es exponente vienen activando políticas contrarias al avance democrático que los pueblos seguirán resistiendo.
