RESUMEN AGENCIAS /

La convocatoria impulsada por el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y respaldada por Donald Trump para reunir exclusivamente a Gobiernos de derecha latinoamericanos no puede ni debe analizarse como un simple encuentro diplomático ni como una cumbre sobre seguridad. Es, sobre todo y en esencia, una declaración política.

Rubio ha instado a unos 60 países a participar en una cumbre en Washington este jueves 16 de julio contra la amenaza de lo que llama “terrorismo trasnacional de izquierda extrema”, lo que preocupa a no pocos funcionarios estadounidenses y sectores políticos desafectos al Gobierno republicano por cuanto que consideran que tal iniciativa constituye parte de una estrategia política para generar apoyo con el fin de justificar la represión de opositores políticos progresistas en Estados Unidos.

La única diferencia es que hoy la amenaza ya no es la Unión Soviética, ahora presentan como el verdadero adversario estratégico de Washington a China, y cualquier gobierno latinoamericano que no se subordine plenamente a la agenda estadounidense pasa a ser visto como un problema.

Por eso la selección de invitados importa tanto como los temas de la agenda, porque no se trata de reunir a todos los países del continente para construir soluciones comunes, se trata de consolidar un bloque ideológicamente homogéneo, disciplinado y funcional a los intereses de la Casa Blanca.

La reunión, que daría seguimiento a dos anteriores sobre el tema, forman parte de los esfuerzos de Trump para ampliar el elenco de los “enemigos” de Estados Unidos más allá de sólo inmigrantes y narcotraficantes, para incluir a lo que denomina –sin precisión– a la “izquierda radical”, que incluye comunistas, socialistas, anarquistas y a veces hasta demócratas centristas y a algo llamado ‘antifa’, que no existe como tal, en referencia a agrupaciones que se definen antifascistas.

En declaraciones recientes, Trump y su equipo se han referido a “socialistas democráticos” –que incluyen al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y varios legisladores– como “comunistas”, y repite que muchos de ellos son apoyados por inmigrantes y otros extranjeros.

El Gobierno de Trump ha acusado penalmente a manifestantes contra las medidas antimigrantes en varias partes del país con cargos de “terrorismo doméstico” y recientemente convenció a un tribunal en Texas de emitir condenas extremas de prisión –incluyendo una de 100 años– a manifestantes que se enfrentaron con autoridades en contra de las políticas antinmigrantes, quienes, según el Gobierno se identificaron o estaban vinculados a lo que llaman antifa.

La “reunión ministerial sobre la recurrencia de terrorismo político” juntará ministros y altos funcionarios de diversos países para mejorar el compartimiento de inteligencia y cooperaciones de fuerzas de seguridad pública contra la violencia políticamente motivada, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt,

“Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadounidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, comentó un funcionario del Departamento de Estado a Reuters.

“El Secretario de Estado está invitando a más de 60 países de diversas regiones, incluyendo el hemisferio occidental, Europa y Asia”, confirmaron del despacho de Marco Rubio.

Varios gobiernos han expresado preocupaciones sobre su participación. “La iniciativa ha generado críticas de algunos funcionarios actuales y retirados, diplomáticos europeos y expertos sobre terrorismo, muchos de los cuales argumentan que el Gobierno está exagerando la escala de la amenaza de la ultraizquierda”, reportó el sitio conservador de noticias The Daily Wire.

“Nosotros no tenemos antifa”, comentó un diplomático europeo a The Washington Post. “No pienso que podemos encontrar alguna razón de por qué estaríamos interesados en presentarnos a tal evento”, señaló otro diplomático al rotativo, mientras uno más explicó que “nuestras autoridades de seguridad pública no se han enfocado sobre el terrorismo de ultraizquierda porque no es considerado una amenaza de alta prioridad en nuestro país”.

Por lo menos una parte de este esfuerzo está vinculado a la campaña doméstica contra opositores del Gobierno de Trump en Estados Unidos. En septiembre del año pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva dirigida a grupos disidentes o activistas de izquierda denominados como parte de antifa, la cual fue designada “una organización terrorista doméstica” (cabe repetir que no existe tal entidad, aunque hay redes no centralizadas ni necesariamente coordinadas de agrupaciones que se consideran antifascistas).

Analistas señalan que antifa –término acortado de “antifascista”– se refiere a los que identifican su trabajo político como resistencia a un régimen fascista y que, de hecho, hasta los veteranos de la Segunda Guerra Mundial podrían definirse como antifa. Hay playeras con la leyenda: “Mi abuelo luchó contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial”.

Dentro del Gobierno estadounidense también hay oposición a esta designación. “La incomodidad con la dirección del Gobierno es tal que, en reuniones de funcionarios de seguridad nacional de varias agencias, algunos analistas de inteligencia han rehusado abordar lo antifa porque no la consideran como una amenaza contraterrorista seria”, reportó The Washington Post. Algunos funcionarios comentaron al diario que están preocupados de que esto es parte de un esfuerzo del Gobierno de Trump de usar herramientas contraterroristas poderosas para reprimir a activistas estadunidenses que perciben como extremistas de izquierda.

En semanas recientes, Trump ha buscado resucitar el vocabulario de la Guerra Fría acusando que los triunfos electorales de algunos políticos socialdemócratas son en verdad el regreso del comunismo.

“Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”, advirtió Trump en un discurso ante conservadores a fines del pasado mes de junio. “Pensamos que es la mayor amenaza que existe contra nuestra nación, tal vez desde nuestra fundación. Eso incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre…”.

Ese mensaje en varias versiones se ha repetido casi diario. El sábado 11 de julio difundió otro en el que acusa a los demócratas de socialistas y reitera: “¡América jamás será un país comunista!”. Al día siguiente, domingo, Trump reenvió por sus redes sociales un mensaje de un ultraconservador proponiendo que se “criminalice” al socialismo democrático y se deporte a sus líderes. Esos líderes incluyen al alcalde de la principal ciudad del país, varios legisladores federales, y el excandidato presidencial y senador Bernie Sanders, entre otros.

“Es chistoso que los republicanos pueden ver el extremismo en todos los demás, pero fracasan en reconocerlo en sí mismos”, escribió la columnista Sara Pequeño en el diario USA Today.

“Mientras DSA (Socialistas Democráticos de América) quiere políticas absolutamente radicales como Medicare (seguro de salud federal para los de la tercera edad) para todos y cuidado de niños universal, el movimiento de Haz América Grande Otra Vez (MAGA, el encabezado por Trump) tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos y destruyó la red de protección social y se dedicó a aterrorizar a los inmigrantes y la comunidad transgénero e impuso “una guerra con Irán que deshizo la economía”, agregó la columnista

Y siempre está presente el eco –para los que tienen memoria histórica– de la era macartista de los años cincuenta y su histeria anticomunista, algo que también se realizó en el ámbito internacional en la llamada lucha contra “el comunismo”.

“Debemos tomárnoslo muy en serio. Cuando los gobernantes de los Estados Unidos y sus secuaces hablan de democracia y derechos humanos, detrás suele venir un atropello disfrazado de buenas maneras. Cuando hablan de terrorismo, lo que sigue es el Plan Cóndor, torturados y desaparecidos por miles, como sabe bien la América Latina; o bombardeos y caos, como los que han padecido otras partes del mundo”, expresó el pasado lunes 13 de julio la Casa de las Américas a través de una declaración pública.