POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Hay momentos en la historia de una nación en los que guardar silencio deja de ser una opción. Cuando el propio Presidente de la República denuncia la existencia de un presunto fraude electoral, manipulación informática, financiación extranjera prohibida y una posible injerencia internacional, Colombia no puede actuar como si nada hubiera ocurrido.

No estamos hablando de una diferencia política entre derecha e izquierda. Estamos hablando de la esencia misma de la democracia: el voto libre del pueblo.

Las denuncias formuladas son de una gravedad extraordinaria. Si las pruebas que el presidente Gustavo Petro afirma tener demuestran que hubo manipulación de algoritmos, suplantación de electores, alteración de registros electorales o intervención de intereses extranjeros, el país estaría frente a un ataque sin precedentes contra la soberanía popular. Sería un golpe no contra un gobierno, sino contra la voluntad de millones de colombianos.

Quienes hoy responden con burlas, insultos o descalificaciones olvidan una regla elemental de la democracia: toda denuncia de esta magnitud merece ser investigada. No para condenar anticipadamente a nadie, sino para que la verdad salga a la luz.

La pregunta ya no es si a unos les gusta o no Gustavo Petro. La verdadera pregunta es otra: ¿permitirá Colombia que estas denuncias sean investigadas hasta las últimas consecuencias?

Si las pruebas existen, deberán resistir el escrutinio técnico, judicial y constitucional. Si no existen o son insuficientes, también deberá decirse con absoluta transparencia. Lo que no puede aceptarse es que un asunto de semejante trascendencia sea resuelto mediante campañas de desprestigio o discursos que pretendan reemplazar la evidencia.

La democracia no puede convertirse en un espectáculo donde la verdad dependa del poder económico, de los grandes medios o de las tendencias en redes sociales. La democracia exige instituciones fuertes, jueces independientes y organismos de control que actúen sin miedo y sin cálculos políticos.

La historia enseña que muchos de los mayores escándalos comenzaron siendo desestimados por quienes tenían interés en que nada cambiara. Por eso, investigar no debilita la democracia; la fortalece. Lo que realmente la destruye es el encubrimiento, la indiferencia y la impunidad.

Hoy el desafío no consiste en defender a un presidente o atacar a un candidato. Consiste en defender el derecho de los colombianos a saber toda la verdad. Porque si la voluntad popular fue alterada, los responsables deberán responder ante la justicia. Y si no lo fue, las investigaciones también deberán demostrarlo con la misma contundencia.

Las pruebas serán las que hablen. No los rumores. No los intereses políticos. No las campañas de odio.

Porque cuando está en juego la soberanía de un pueblo, la verdad deja de ser una opción: se convierte en una obligación.

Y si alguien intentó arrebatarle al pueblo colombiano el derecho de decidir su destino, que no espere silencio. Que espere investigaciones, justicia y la fuerza de una ciudadanía dispuesta a defender la democracia hasta las últimas consecuencias, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.