POR OMAR ROMERO DÍAZ /

La historia política de Colombia demuestra que el poder no puede convertirse en un escudo frente al escrutinio ciudadano. Quien aspira a gobernar también debe estar dispuesto a responder por los cuestionamientos que recaigan sobre su actuación.

Hoy el país presencia un hecho de enorme gravedad. Un reconocido narcotraficante ha realizado públicamente acusaciones contra el próximo el presidente de la República, señor Abelardo de la Espriella, y otras figuras políticas, como Efraín Cepeda Sarabia, asegurando que posee pruebas sobre presuntos vínculos relacionados con bienes y actuaciones irregulares. Se trata de señalamientos que, por su trascendencia, no pueden despacharse únicamente con insultos o descalificaciones.

Al mismo tiempo, sobre el proceso político que llevó al actual Gobierno al poder también han existido denuncias y controversias presentadas por distintos sectores, algunas de ellas relacionadas con el proceso electoral y otras con diferentes actuaciones públicas. Corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer si esas denuncias tienen o no fundamento.

Lo verdaderamente preocupante es que Colombia parece condenada a vivir entre acusaciones cruzadas mientras la ciudadanía espera respuestas claras. No basta con negar. No basta con atacar al contradictor. En un Estado democrático la única respuesta válida es la investigación seria, independiente y transparente, que la Fiscalía y Procuraduría tiene guardadas en los anaqueles.

 

La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico no puede depender del color político de quien sea investigado. Si existen elementos de prueba, deben ser examinados por la Fiscalía y por los jueces con total independencia. Si las acusaciones son falsas, también debe quedar plenamente demostrado.

La democracia pierde credibilidad cuando las instituciones parecen actuar con diferente velocidad según el poder político de los involucrados. La justicia debe ser igual para todos: para el ciudadano común, para los congresistas, para los empresarios y para quien ocupe la Presidencia de la República.

La ciudadanía no necesita más discursos de confrontación. Necesita verdad, transparencia y decisiones basadas en pruebas. La confianza en las instituciones solo podrá recuperarse cuando ningún funcionario, por influyente que sea, esté por encima del control judicial y del escrutinio público.

En democracia, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero la obligación de rendir cuentas también lo es. Las investigaciones deben avanzar sin presiones y con todas las garantías, porque solo así Colombia podrá conocer la verdad y fortalecer el Estado de Derecho.