POR DIANA CAROLINA ALFONSO /

El cuestionado abogado Abelardo de la Espriella llegará a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto prometiendo mano dura contra la corrupción, pero su gabinete ministerial, ese puñado de hombres y mujeres que dictarán el rumbo del país, es un desfile de condenados, investigados y protegidos por la impunidad.

El Presidente electo ha armado un gobierno con los de siempre, aquellos que durante décadas han saqueado el erario, han sido cómplices del paramilitarismo y han utilizado el poder para blindarse a sí mismos. Detrás del discurso del “outsider” que prometió gobernar con “los nunca”, se esconde una corte de personajes que han hecho de la corrupción una forma de vida. Y lo más grave: todos ellos llegan con expedientes abiertos, testimonios en su contra y una clara intención de desmantelar cualquier atisbo de control estatal para beneficiar a sus propios bolsillos y a los intereses de sus amos en Estados Unidos.

Agro Ingreso Seguro: el latifundista despojador que llegó a ministro

Indalecio Dangond Baquero, el nuevo ministro de Agricultura, es el epítome de cómo funciona el sistema en Colombia. Dangond es el mismo hombre que, a través de su empresa Open Loans, estructuró el crédito de 400 millones de pesos que el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro) le otorgó a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora uribista María Fernanda Cabal y del presidente de Federación de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie.

El joven Lafaurie, que se pasea en carros deportivos y exhibe relojes de lujo, se presentó ante el banco como “pequeño productor” para acceder a un subsidio del Estado que casi cubría la cuarta parte de la deuda. Una farsa, porque la finca donde se haría la inversión no es de él, sino de una sociedad de la que son miembros su madre y sus hermanos.

Dangond, que según él conoce “de memoria los ciclos productivos de la palma de aceite y el manual de Finagro”, le dio el visto bueno a esta operación fraudulenta. La auditoría posterior evidenció que el plazo del crédito era incompatible con el ciclo productivo, un error tan burdo que solo alguien que quiere hacer la vista gorda podría cometer.

Pero Dangond no es nuevo en estos negocios. Pertenece a la familia Lacouture, uno de los grupos más beneficiados por el escándalo de Agro Ingreso Seguro durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que terminó con el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en la cárcel. Este es el democratizador del crédito que ahora dirigirá el campo colombiano: un tipo curtido en robar y especular tierras. El representante del terror reaccionario que han de enfrentar miles de familias campesinas beneficiadas con la entrega de más de 700.000 hectáreas de la Reforma Agraria administrada por el gobierno del Pacto Histórico.

Elsa Noguera: la esposa de un narco que quiere subir los peajes

Elsa Noguera, la nueva ministra de Transporte, llega con un lastre que no puede ocultarse: su esposo, Juan Carlos Hernández Lucarini, fue condenado a 84 meses de prisión por concierto para delinquir con fines de narcotráfico en 2007. Capturado en la Operación Cazador III, Hernández Lucarini formaba parte de la estructura del cartel de Los Mellizos Mejía Múnera. Aunque Noguera no ha sido investigada, su designación ha reavivado la memoria de esos vínculos oscuros.

La Ministra designada tiene por principal objetivo subir los peajes que el Gobierno de Gustavo Petro había reducido. Este propósito no busca el bienestar de los medianos y pequeños transportadores, sino congraciarse con los empresarios privados que concesionaron las vías, y quienes durante décadas han hecho de la infraestructura vial un negocio millonario a costa del bolsillo de los colombianos.

El General de los “falsos positivos” y los viáticos robados

El mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, flamante ministro de Defensa, es quizás el nombramiento más obsceno de todos. En septiembre de 2021, siete suboficiales y un oficial lo denunciaron por corrupción. De acuerdo a los uniformados, Mora habría ordenado a sus subalternos gestionar partidas de viáticos de entre 8 y 10 millones de pesos que terminaban en sus cuentas bancarias o en efectivo mano a mano. La denuncia fue radicada en la Inspección del Ejército. Aunque Mora aseguró que él mismo había denunciado los hechos y que era víctima de un montaje, la investigación quedó abierta y su carrera quedó manchada.

Sin embargo, el 10 de marzo de 2026, la justicia encontró responsable al capitán Jaime Mauricio Cendales Monroy por falsedad en documento público, condenándolo a 70 meses de prisión. El general Mora, absuelto en los hechos, fue llamado a calificar servicios por el gobierno de Petro y se retiró. Ahora, De la Espriella lo rescata del ostracismo para ponerlo al frente de las Fuerzas Militares.

Pero el historial de Mora no se limita a este escándalo. Es hermano del fallecido general Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más señaladas del alto mando durante los años de los “falsos positivos”, es decir, ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como bajas en combate para ganar puntos en los años del Plan Colombia. El nuevo ministro carga con esa herencia de sangre y con el oprobio de haber defendido a los oficiales procesados por esos crímenes de lesa humanidad. Su nombramiento es una bofetada a las víctimas y una señal clara de que el gobierno de De la Espriella prioriza la lealtad a las viejas élites militares por encima de la ética y los derechos humanos.

El triángulo de la impunidad: Iguarán, Morales y el abogado de los paras

El caso de Viviane Morales, la nueva ministra de Educación, es el más emblemático de cómo se construyen los sistemas de impunidad en Colombia. Para entenderlo hay que remontarse al 2005, cuando Mario Iguarán Arana fue elegido fiscal general al servicio de Uribe. Según testimonios de excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, los paras movieron sus fichas para que Iguarán llegara al cargo. Mancuso declaró que José Félix Lafaurie, el mismo de la historia de Agro Ingreso Seguro, lo contactó en nombre del entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, para que apoyaran la elección de Iguarán. Los paramilitares, según Mancuso, recibieron más de 5.000 millones de pesos para ese fin.

Iguarán, una vez en el cargo, se convirtió en el protector de Abelardo de la Espriella. Las investigaciones abiertas contra el abogado por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron cerradas, una por una. La más significativa fue la que la Corte Suprema ordenó por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a raíz del testimonio del narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra. Esa investigación fue precluida en agosto de 2009, días antes de que Iguarán abandonara el cargo. La puerta se cerró para siempre.

Luego llegó Viviane Morales, fiscal general entre 2012 y 2014. Ella fue la encargada de ratificar la impunidad de De la Espriella, cerrando definitivamente las diligencias en su contra. Ahora, Morales es ministra de Educación designada por el mismo hombre al que protegió.

Morales, además, es una activista cristiana ultraconservadora que ha hecho de su fe una bandera política. Su nombramiento ha encendido las alarmas entre las organizaciones feministas y LGBTIQ+, que temen que eche para atrás los avances en educación sexual y los derechos reproductivos. Y como si fuera poco, está casada con Carlos Alonso Lucio, el exguerrillero del M-19 condenado por falsa denuncia que hoy es el jefe de empalme de De la Espriella. El dúo Morales-Lucio representa la alianza más cínica entre el poder religioso y el poder criminal.

El pastor de la chatarra y los clanes políticos

Jaime Andrés Beltrán, pastor y nuevo ministro de Vivienda, llega con un escándalo de corrupción que no ha podido explicar. Durante su breve paso por la alcaldía de Bucaramanga, desaparecieron más de 70 toneladas de chatarra de alumbrado público, avaluadas en más de 23.000 millones de pesos. El testimonio del contratista Edgardo Rodríguez Herrera, quien luego murió en extrañas circunstancias, reveló que la “bendición” del político consistía en dejar que el cuñado del alcalde se llevara el material para fundirlo y venderlo como sartenes y cucharas. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en su contra y la Fiscalía investiga el caso, sin que eso detenga su nombramiento.

Beltrán, en una entrevista con Daniel Coronell, se limitó a decir que no era responsable, que se trataba de una narrativa de la oposición y que los organismos de control debían resolver. Pero, al igual que los corruptos de cartera listados en este artículo, el ministro designado no es nuevo en estas prácticas. Está vinculado a los clanes políticos de Santander, los Villamizar y los Aguilar, ambos condenados por parapolítica y corrupción. Su llegada al Ministerio de Vivienda, que maneja un presupuesto de más de 5 billones de pesos, es una invitación a que la historia se repita. Pero a gran escala.

El carácter mafioso del gabinete

Este gabinete es la evidencia de un proyecto político que busca drenar el Estado a favor de intereses empresariales cuestionables y de los Estados Unidos. Los miembros de este gobierno han sido seleccionados no por su capacidad técnica, sino por su lealtad a las élites que han hecho de la corrupción y el paramilitarismo su forma de vida. Son los mismos que se beneficiaron del programa Agro Ingreso Seguro, los mismos que defendieron a los paras, los mismos que montaron las pirámides financieras, los mismos que se robaron la infraestructura vial y eléctrica de los municipios.

Y detrás de todos ellos, el fantasma de Mario Iguarán y el padrinazgo de Álvaro Uribe. No quieren menos Estado. De la Espriella ha armado un gobierno que no solo garantiza la impunidad de sus crímenes pasados, sino que asegura que los recursos públicos sigan fluyendo hacia sus bolsillos y hacia los de sus socios en el extranjero. Es un gobierno de continuidad uribista y arribista, pero con una máscara más siniestra y descarada.

Los colombianos deben saber que el 7 de agosto no llega un salvador. Llega un abogado que construyó su fortuna defendiendo a los peores criminales del país, rodeado de un gabinete que huele a organización criminal con estatus ministerial. La pregunta no es si van a robar, sino cuánto y a quién. La respuesta, como siempre en este país, la pagarán los de siempre: la sociedad en su conjunto, votantes a favor y en contra.

Diario Red