POR NATALIA PETTINARI
El Nobel a Navi Pillay expuso las tensiones entre la justicia internacional y los intereses de las grandes potencias. Las reacciones de Israel y Estados Unidos muestran las dificultades para exigir responsabilidades cuando las investigaciones afectan a Estados poderosos o sus aliados.
La entrega del Nobel de la Paz de 2026 busca llamar la atención sobre una crisis profunda: el debilitamiento del derecho internacional frente a los intereses de las grandes potencias. Al premiar a la jurista sudafricana Navi Pillay, el Comité Noruego puso el foco en las presiones contra las instituciones judiciales y quienes las integran. Las reacciones de Israel y Estados Unidos dieron una dimensión concreta a esa preocupación y expusieron una disputa central: hasta dónde puede llegar la justicia internacional cuando sus investigaciones afectan a los Estados más poderosos o a sus aliados.
La elección de Pillay tiene un significado jurídico y político concreto. Entre 2021 y 2025, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Su informe identificó cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención sobre el Genocidio y sostuvo que las declaraciones de dirigentes israelíes, junto con el patrón de conducta militar, permitían inferir la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza. Según la comisión, esa intención era “la única inferencia razonable”. Israel rechazó las conclusiones. El informe no constituye una sentencia judicial definitiva, pero representa una evaluación jurídica de extrema gravedad.
Apenas anunciado el premio, la oficina del Primer ministro israelí acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” y calificó a Pillay de intolerante que construyó su carrera difundiendo “calumnias sangrientas” contra Israel. Ambas reacciones exponen esta tensión central del sistema internacional: la dificultad de hacer cumplir normas comunes cuando su aplicación afecta a los Estados más poderosos o a sus aliados.
El Comité Noruego explicitó el sentido político de la elección. Al anunciar el premio el 9 de octubre, su presidente, Jørgen Watne Frydnes, afirmó que “el sistema de derecho internacional está bajo una presión enorme y sus instituciones están siendo atacadas”. También señaló el avance de una política de poder que desplaza los marcos jurídicos.
La elección de Pillay puso así en primer plano que cuando las normas ceden ante las relaciones de fuerza, la justicia pierde capacidad para limitar a los poderosos y la paz queda subordinada a sus intereses.
La trayectoria de la jurista ayuda a entender esa elección. Creció bajo el apartheid sudafricano y comenzó su carrera defendiendo a personas perseguidas por el régimen. Más tarde, como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, contribuyó a establecer que la violencia sexual podía constituir un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio. También fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la Corte Penal Internacional. Desde distintos cargos, su carrera ha estado atravesada por una misma cuestión: cómo impedir que la soberanía estatal se convierta en una garantía de impunidad.
La situación judicial de Benjamin Netanyahu agrega otra dimensión al conflicto. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el Primer ministro israelí y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados a la guerra en Gaza. Las órdenes no equivalen a condenas, pero indican que los jueces encontraron motivos razonables para creer que se habían cometido los delitos imputados.
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