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Como ya es recurrente en los sectores de la derecha que ejercen la oposición al interior del Congreso de la República, vuelven a apelar a la práctica de utilizar sofismas y verdades a medias para tratar de boicotear el trámite de los proyectos de ley, sobre todo los de iniciativa del Gobierno nacional. Ahora le correspondió el turno al proyecto que crea la Jurisdicción Agraria que apunta a la implementación de una nueva vía jurídica institucional que permita de manera expedita la resolución de los conflictos en las zonas rurales del país.
Un proyecto de vital importancia en un país como Colombia cuya causa principal es la posesión ilegal, la concentración y el despojo de tierras por parte de ejércitos privados como el paramilitarismo. Problema agudo al que el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016 buscó encontrarle solución con acciones jurídicas que permitan abocarlo de manera ágil mediante una jurisdicción focalizada donde históricamente no ha existido administración de justicia lo que ha generado una alta conflictividad social.
En ese sentido, la implementación de la nueva Jurisdicción Agraria, según el proyecto de ley, contempla la creación de cinco tribunales agrarios y rurales regionales (Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina) y la asignación inicial de 64 jueces de circuito.
Palos en la rueda
Los sectores políticos tradicionales en el Congreso de la República, defensores del statu quo que han venido boicoteando el trámite de las reformas sociales del Gobierno Petro, ahora buscan atravesársele a este proyecto de importancia crucial para lograr avanzar en la atención de una de las causas principales del conflicto armado colombiano mediante la institucionalización de un procedimiento especial agrario diseñado para agilizar significativamente los procesos judiciales a fin de que éstos logren resolverse en un lapso de 3 o 4 meses, en contraste con el actual período de aproximadamente 10 años que se requiere para emitir un fallo.
Los palos en la rueda en el trámite de esta iniciativa que cursa en la Comisión Primera del Senado y que “determina el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, corrió por cuenta de dos congresistas del cuestionado partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa y David Luna Sánchez.
En efecto, ambos senadores de derecha presentaron sendas proposiciones solicitando el aplazamiento del debate del mencionado proyecto de ley alegando fundamentalmente que no se puede avanzar en su trámite hasta que se esclarezca el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que paradójicamente, compromete a congresistas de la oposición, comenzando por el presidente del Senado, Iván Name Vásquez.
Otro de los argumentos esgrimidos por los voceros de Cambio Radical es que el Gobierno nacional no ha tenido en cuenta las observaciones hechas al proyecto de ley por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y que fueron presentadas en un documento durante un desayuno de trabajo este martes 7 de mayo.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la iniciativa de creación de la Jurisdicción Agraria fue consensuada y elaborada en mesas técnicas de trabajo en las que participaron magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo Superior de la Judicatura.
Además, dijo el ministro Osuna, que el Gobierno acepta las observaciones hechas en el documento entregado por la Sala Civil de ese alto tribunal porque las comparte en su totalidad.
La intención de aplazar el debate por parte de la oposición se vio frustrada momentáneamente por cuanto las proposiciones en ese sentido no obtuvieron mayoría sino un empate en la primera votación. Al procederse a una segunda votación la oposición prefirió desbaratar el quórum.
Senadora Clara López denuncia bloqueo institucional
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, denunció “bloqueo institucional amparado en el reglamento” al que recurre “el fanatismo ideológico de derecha”.
Dijo que es una mala práctica, además de antidemocrática, “utilizar los fueros de la oposición para impedir que se discutan las reformas”.
Sobre los alcances del proyecto de ley creando la Jurisdicción Agraria, la senadora López Obregón, destacó su trascendencia habida cuenta que pone el foco en un tema contencioso para impartir justicia en un país con conflictos acumulados de tierra no resueltos, en el que además se ha impedido que se cumpla la función social de la propiedad privada y se implemente una reforma agraria como lo estableció la Ley 200 de 1936 “que aún está a la espera”.
La intervención de la congresista del Pacto Histórico en el siguiente video:
Falacias para tiznar reputación
Durante el debate en la Comisión Primera, el congresista del cuestionado partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, recurrió a falacias para tratar de tiznar la reputación de la senadora Clara López, presentando bulos y publicaciones falsas de prensa.
En primer término, pretendió señalar un inexistente vínculo político entre la congresista López Obregón y el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Según Motoa tomando como fuente una ‘fake news’, el exfuncionario fue gerente de la campaña al Senado de la hoy congresista del Pacto Histórico, como falsamente se ha propalado.
También quiso desvirtuar con mala intención la información reciente de un archivo desclasificado por los organismos de seguridad de Estados Unidos en el sentido de que el expresidente Alfonso López Michelsen, pariente próximo de la senadora López Obregón, estuvo salpicado de narcotráfico, cuando lo cierto es que según el reporte fueron algunos militares de la época de su gobierno (1974-78) a los que se mencionan, los comprometidos.
Ante las falacias y tergiversaciones de Motoa, la senadora le replicó como queda registrado en el siguiente video:
