Por Luiz Inácio Lula da Silva
Mientras el país prestaba atención a la Copa del Mundo, la Cámara de los Diputados aprobó, por la vía de urgencia, una de las leyes más vergonzosas de su historia. Por mayoría simple de 217 votos, decidieron vender a los extranjeros el 70% de los inmensos campos de la presal que la Petrobras recibió directamente del gobierno en 2010. Fue otro paso más del gobierno golpista y de sus aliados para entregar nuestras riquezas y destruir la mayor empresa del pueblo brasileño.
El proyecto de ley aprobado la semana pasada es un crimen contra la patria que exige la reacción firme de la sociedad que consiga su paralización en el Senado, antes de que sea demasiado tarde. Es una decisión que entrega en bandeja los campos del presal, cuyo potencial puede estar cerca de los 20 mil millones de barriles de petróleo y gas, burlando la ley que garantiza el presal para los brasileños.
Para entender la gravedad de ese crimen, es preciso volver al año de 2009, cuando Petrobras necesitaba invertir para explorar el yacimiento de presal acabado de descubrir. En ese momento, presentamos un proyecto de ley en que la Unión (a quien pertenecen las reservas de petróleo, no se olviden), vendió a la empresa estatal, en pago de títulos, el derecho a explotar hasta 5 mil millones de barriles de petróleo en campos del presal. Fue la llamada ‘cesión onerosa’.
Así, la empresa se revalorizó, hizo la mayor operación de capitalización de la historia y fue capaz de invertir. El resultado fue que, en tiempo récord, el yacimiento del presal está produciendo 1,7 millón de barriles/día, más de la mitad de la producción nacional. Como era una operación especial, para defender intereses estratégicos del país, definimos en la Ley 12.276/10, que la ‘cesión onerosa’ “es intransferible”.
Al margen de eso, el presal sólo puede ser explotado en régimen de reparto, por medio de una legislación que garantiza la soberanía del país y destina esa riqueza a inversiones en educación, salud, ciencia y tecnología, nuestro pasaporte para el futuro.
Ya circulan estudios que señalan que el petróleo de los campos de ‘cesión onerosa’ será vendido a precios que pueden oscilar entre 6 y 8 dólares el barril, que es el coste de explotación, cuando el precio internacional del barril oscila entre 70 y 80 dólares. La posibilidad de encontrar petróleo en esos campos es prácticamente segura, porque nosotros, los brasileños, ya mapeamos esas áreas. Para las petroleras, es cómo comprar un décimo premiado de lotería. Para Brasil, es cómo vender la gallina de la fábula, que ponía huevos de oro.
Una vez que tengan la posesión de esos campos, los extranjeros comprarán las torres petrolíferas y las plataformas fuera, sin generar un sólo empleo en la industria brasileña. Contratarán ingenieros y técnicos fuera; controlarán directamente investigación y la explotación de nuestra presal, lo que supone un ataque a nuestra soberanía.
Ese ataque comenzó en los primeros días del gobierno golpista, cuando aprobaron la llamada Ley Serra, que excluyó la participación obligatoria de Petrobras en todos los campos del presal. Supuso otro golpe a la industria naval brasileña, que se sumó a la decisión de reducir al 50% la norma que obligaba a Petrobras a comprar máquinas y equipamientos en Brasil, la famosa cláusula de contenido local.
En la presidencia de Petrobras, Pedro Pariente, representante del PSDB, inició la privatización de actividades estratégicas, como la producción de biocombustibles, distribución de gas para uso doméstico, producción de fertilizantes y participaciones en la industria petroquímica. Puso en venta las distribuidoras Liquigás y BR, la fábrica de nitrogenados de Três Lagoas y el gaseoducto del Sudeste (NTS).
En otra maniobra criminal, redujo en un 30% la producción de combustibles en las refinerías brasileñas. Dejamos de producir aquí en reales, para importar en dólares. Hizo reajustes casi diarios de los combustibles, por encima de los precios internacionales, lo que aumentó los logros de los extranjeros. La importación de diesel de Estados Unidos se duplicó.
No podemos olvidar que los primeros que sufrieron con la nueva política de precios de la Petrobras fueron los más pobres, que pasaron a usar leña y el peligrosísimo alcohol para cocinar, a causa del brutal aumento de la bombona de gas.
Esa desastrosa política provocó, en mayo, la paralización de los transportes terrestres que tantos perjuicios provocó al país. El IPEA acaba de informar que la producción industrial cayó 13,4% ese mes. No hubo caída igual ni aún el primer mes de la crisis financiera global de 2008, cuando el retroceso fue del 11,2% (y cabe recordar que superamos rápidamente esa crisis).
En dos años fueron despedidos más de 200 mil trabajadores de Petrobras y de empresas contratadas por ella, además de otros 60 mil despidos en la industria naval. La industria de máquinas y equipamientos calcula una pérdida de un millón de empleos en la cadena de petróleo y gas como consecuencia de esa operación suicida.
La devaluación del patrimonio de Petrobras, con la venta de empresas controladas, la pérdida de mercado en Brasil, la opción de hacerse mera exportadora de crudo, entre otras acciones dañinas de Pariente, es decenas de veces mayor que los 6 mil millones de dólares que supuestamente se habían desviado en los casos investigados por la operación Lava Jato.
La votación de la semana pasada en la Cámara, por la vía de urgencia, sin ningún debate en la sociedad, mostró que el gobierno golpista tiene mucha prisa en entregar el patrimonio nacional y destruir nuestra mayor empresa.
La verdad es que su tiempo se está acabando. Corren para entregar lo que prometieron a los patrocinadores del golpe del impeachment en 2016: nuestro petróleo, nuestras riquezas, las empresas del pueblo, como Petrobras y Eletrobras, y los bancos públicos. Fue para eso y para revocar derechos de los trabajadores, que hicieron caer a la honesta presidenta Dilma Rousseff.
Al largo de dos años, los golpistas y los entreguistas del PSDB sometieron a Brasil a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y no sólo en Petrobras. La política externa de los cancilleres tucanos volvió a estar dictada por el departamento de Estado de los EEUU, en un retorno vergonzoso al complejo de perro faldero que habíamos superado con nuestro gobierno.
Pero su tiempo acaba en octubre, cuando Brasil elija un gobierno democrático, con legitimidad para revertir la agenda del entreguismo, del ultraliberalismo, que sólo interesa al mercado y no al país o a nuestro pueblo. Cuando Brasil elija un gobierno que acabe con la fiesta de las privatizaciones y de la entrega del patrimonio nacional.
Pueden estar seguros: volviendo al gobierno con la fuerza del pueblo y la legitimidad del voto democrático, vamos a revertir todo lo que están haciendo en contra de nuestra gente, en contra de los trabajadores y en contra del país. Y Brasil volverá a ser de los brasileños.
Traducido del portugués para Rebelion.org por Alfredo Iglesias Diéguez.