TSC /

En los últimos dos días antes de los comicios presidenciales de este domingo 31 de mayo, la senadora Clara López Obregón participó en sendas reuniones con delegados internacionales que hacen parte de la Misión de Observación Electoral.

Una primera reunión de trabajo fue la que sostuvo con delegados parlamentarios del Reino Unido y luego con integrantes de la Misión Internacional de Observación Electoral, en la que la congresista del Pacto Histórico explicó lo que Colombia se juega como nación en este proceso electoral.

Punto de inflexión

 

Ante los delegados de la Misión Internacional de Observación Electoral, de la que hacen parte destacados dirigentes de diversos países pertenecientes a la Internacional Progresista, la senadora López Obregón dirigió las siguientes palabras:

Colombia llega a las elecciones de este domingo 31 de mayo en un punto de inflexión histórica. No se trata únicamente de escoger un gobierno, sino de decidir entre dos modelos de país: uno que busca reconstruir la ética pública, la verdad y la democracia; y otro que prolonga la lógica del poder híbrido, donde legalidad e ilegalidad se entrelazan, donde la corrupción se normaliza y donde la ciudadanía queda atrapada entre instituciones formales y poderes fácticos.

Esta tensión no es nueva. La tradición intelectual colombiana —de Guillén Martínez a Montaña Cuéllar, de Gaitán a Fals Borda, de Kalmanovitz a Acemoglu y Robinson— ha descrito una fractura persistente entre el país formal y el país real. Alex Vernot ha llevado esa intuición a su formulación más radical: Colombia funciona como un sistema híbrido, donde la legalidad convive con la ilegalidad, donde la verdad puede ser administrada y donde la sociedad ha sido entrenada para sobrevivir dentro del caos. Esa lectura es indispensable para entender lo que está en juego hoy.

En este contexto, la figura de Iván Cepeda representa un proyecto de restitución ética del Estado. Su trayectoria —como senador, defensor de derechos humanos, facilitador de paz y testigo de la violencia política— encarna una política fundada en la memoria, la verdad y la dignidad. En el extremo opuesto, figuras como Abelardo de la Espriella, abogado penalista conocido por defender a acusados de narcotráfico y por su estilo confrontacional, simbolizan para amplios sectores la continuidad de ese poder híbrido que mezcla influencias económicas, mediáticas, judiciales y políticas en un ecosistema donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa.

Pero a esta tensión interna se suma un elemento externo que no puede ser ignorado: el intervencionismo creciente de actores políticos de Estados Unidos en procesos electorales latinoamericanos.

Precedentes hemisféricos de intervención electoral

En los últimos años, América Latina ha vivido episodios que muestran cómo actores externos pueden influir —directa o indirectamente— en la legitimidad de procesos electorales:

Honduras (2025–2026). El respaldo explícito de Donald Trump a un candidato de derecha, las advertencias sobre consecuencias diplomáticas y el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández en plena campaña crearon un clima de presión política sin precedentes. La narrativa de “elecciones bajo supervisión estadounidense” afectó la percepción de soberanía democrática.

Argentina (2023–2024). El apoyo político y financiero de Trump a Javier Milei, acompañado de anuncios de auxilio económico condicionados, mostró una nueva modalidad de intervención: no militar ni diplomática, sino financiera, mediante mercados, deuda y promesas de rescate.

Bolivia (2019). La misión de la OEA puso en duda la elección de Evo Morales con un informe preliminar que sugería “irregularidades”. Meses después, investigaciones del Center for Economic and Policy Research (CEPR) —publicadas por The New York Times— demostraron que las tendencias electorales no eran atípicas, sino consistentes con el patrón geográfico del voto boliviano. Ese episodio se convirtió en un caso emblemático de cómo una observación internacional mal calibrada puede precipitar una crisis política.

Estos antecedentes no son comparables mecánicamente, pero sí muestran un patrón: cuando actores externos condicionan la legitimidad de un proceso electoral, la democracia local queda expuesta a presiones indebidas.

El caso colombiano: señales de alerta

En Colombia, estas dinámicas adquieren una gravedad particular.

Por primera vez, la Embajada de Estados Unidos ha inscrito una delegación numerosa como misión de observación electoral. La observación internacional es bienvenida cuando es técnica, imparcial y multilateral. Pero la presencia de una delegación diplomática bilateral tan grande, inscrita formalmente como observadora, introduce un matiz inusual que merece atención.

A ello se suma la figura del senador estadounidense Bernie Moreno, quien ha declarado públicamente que Estados Unidos “evaluará si reconoce o no” los resultados de las elecciones colombianas. Nunca antes un actor político estadounidense había sugerido condicionar el reconocimiento de un resultado electoral colombiano. Moreno, además, ha intervenido repetidamente en el debate interno, criticando al gobierno y anticipando escenarios de desconocimiento.

Estas declaraciones no son neutrales. En un país con una larga historia de dependencia geopolítica, tales pronunciamientos pueden influir en la percepción pública, en la conducta de actores internos y en la estabilidad post-electoral.

 

La importancia de su misión

Por eso su presencia aquí es tan importante. No para certificar un resultado —esa es tarea de las instituciones colombianas— sino para observar con independencia, rigor y sensibilidad histórica las condiciones reales en que el pueblo colombiano ejerce su derecho al voto.

Colombia enfrenta riesgos reales:

• violencia territorial persistente,

• presencia de grupos armados que condicionan la competencia política,

• denuncias sobre debilidades tecnológicas del sistema electoral,

• antecedentes judiciales de fallas en escrutinios pasados,

• y un clima geopolítico donde actores externos han mostrado disposición a intervenir discursivamente.

La democracia colombiana necesita vigilancia, sí; pero vigilancia ciudadana, institucional y soberana. Necesita que la observación internacional sea técnica, no tutelar; imparcial, no condicionante; multilateral, no bilateral.

Colombia no es una servidumbre. Es una democracia que exige respeto.

Este domingo, el país decidirá entre dos modelos de nación. Su misión ayudará a garantizar que esa decisión —cualquiera que sea— se tome en condiciones de libertad, transparencia y soberanía.

Muchas gracias por acompañarnos en este momento decisivo.