Por Eduardo Sarmiento Palacio
Las campañas políticas se han enfilado contra el modelo y la política económica. Las críticas y propuestas, incluso de los candidatos que participaron en los últimos gobiernos, giran en torno a la inconveniencia de la prioridad minera, el estancamiento de la industria, la baja cobertura de la educación superior y la inequitativa distribución del ingreso. En general, se plantea avanzar en la industrialización y revertir las desigualdades.
Si bien no hay mucha diferencia con los propósitos, no se ha avanzado en el cómo. En el fondo se pretende resolver las grandes fallas del funcionamiento del sistema económico y social con las mismas instituciones y teorías que las causaron. Pero las grandes deficiencias no provienen de actos deliberados sino de políticas que dieron lugar a resultados diferentes a los deseados. Así, en 1990, la apertura económica se propuso para fortalecer el comercio internacional y profundizar la industrialización, y las cosas resultaron al revés. La privatización de los servicios públicos se presentó como una forma de ampliar los derechos fundamentales de salud, pensiones y educación para elevar el nivel de vida de los que tienen menos, y terminó en una gran transferencia de los recursos públicos al sector privado, que impide que el 40 % más pobre reciba un porcentaje igual del gasto presupuestal en esas actividades.
El mayor desacierto se encuentra en la distribución del ingreso. El país siguió la línea del Banco Mundial y de los libros de texto que desconocen el abierto conflicto entre el crecimiento y la equidad. Las instituciones existentes no evitan que las políticas y estímulos de mercado para estimular el crecimiento, como ajustar los salarios por debajo de la productividad, eliminar la protección arancelaria o desmontar la progresividad fiscal, acentúen las desigualdades.
En Davos, el presidente de Francia y Stiglitz manifestaron la misma inconformidad. Señalaron que, después de la amplísima información sobre el rápido deterioro de la distribución del ingreso en los últimos 10 años, no se ha avanzado en medidas y programas concretos para revertirlo. Más aún, advierten que la solución de fondo no se puede lograr con medidas estilizadas y convencionales sino con acciones que actúan en varios frentes.
El interrogante es cómo superar las fallas dentro del modelo económico y social que las causó. No será fácil avanzar en la industrialización dentro del marco de apertura económica y proliferación de los TLC. No es factible ampliar la cobertura de la educación superior mientras persistan las enormes erogaciones por concepto del programa Ser Pilo Paga, que cubre a un número reducido de estudiantes y les significa enormes ganancias a las universidades privadas. No es posible revertir la tendencia de la distribución del ingreso dentro de un marco en que los ingresos del trabajo disminuyen con respecto al producto nacional, el retorno del capital duplica el crecimiento del ingreso per cápita y el 40 % más pobre no obtiene ni la cuarta parte de los recursos presupuestales destinados a las pensiones, la salud y la educación.
El análisis de las consecuencias de las fallas del sistema económico sobre la sociedad colombiana se realizó en detalle en los últimos 25 años y ha contribuido a un cierto consenso en torno de recuperar la industria, ampliar la cobertura de la educación superior y sobre todo mejorar la distribución del ingreso. En las circunstancias actuales, el debate político debe ir más lejos, mediante la precisión de los factores que impiden el crecimiento, la estabilidad de la balanza de pagos y la distribución del ingreso, y la concreción de las formas de removerlos o modificarlos.
El Espectador, Bogotá.
