EDITORIAL TSC /
Colombia se acerca a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026 en medio de un ambiente de alta pugnacidad política. El Gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia del país, enfrenta una oposición férrea, especialmente por parte de sectores ultraderechistas que buscan recuperar el poder. En este clima, emergen estrategias que trascienden las fronteras nacionales, y el papel de actores externos como el arrogante presidente estadounidense Donald Trump se vuelve cada vez más relevante en el discurso opositor.
La ultraderecha colombiana ha articulado una ofensiva mediática y política que busca vincular el Gobierno de Petro con actores y entramados jurídicos internacionales, como la denominada «lista Clinton», utilizada históricamente por Estados Unidos para sancionar y aislar a individuos o entidades consideradas vinculadas con actividades ilícitas. La inclusión de Petro en esta lista no es más que una táctica para desacreditarlo no solo ante la opinión pública colombiana, sino también ante la comunidad internacional.
La estrategia toma fuerza con el supuesto apoyo del equipo de Donald Trump, quien representa una visión política alineada con los intereses de la ultraderecha latinoamericana y que, en su momento, demostró disposición para influir en los asuntos internos de la región. El objetivo es claro: crear una percepción de ilegitimidad y peligro en torno al presidente Petro, generando miedo y desconfianza en sectores clave del electorado.
En ese entramado ignominioso la gran prensa corporativa juega un rol determinante en la difusión de estas estrategias. Medios alineados con la oposición amplifican narrativas que buscan asociar a Petro con escándalos internacionales, mientras que otros actores políticos y empresariales se suman a la campaña de desprestigio, aprovechando el alcance de redes sociales y plataformas digitales. En este contexto, el periodismo enfrenta el reto ético de separar los hechos verificables de la manipulación mediática, evitando convertirse en instrumento de mezquinos intereses particulares.
La responsabilidad de los medios de comunicación se hace aún más relevante en momentos de alta pugnacidad. La tentación de priorizar el sensacionalismo o la primicia sobre la veracidad y el contexto contribuye a la confusión ciudadana y alimenta la desconfianza en las instituciones democráticas.
La utilización de estrategias de desprestigio basadas en información no confirmada, vínculos internacionales y campañas de miedo pone en juego los valores fundamentales de la democracia. La ética política exige transparencia, respeto por la verdad y el reconocimiento de la pluralidad de ideas, incluso en contextos de confrontación electoral. Cuando los límites éticos se desdibujan y la política se convierte en una guerra de percepciones y fake news, la democracia se erosiona y el debate público pierde su esencia.
El recurso a figuras externas como Trump y a mecanismos de presión internacional para afectar el curso de unas elecciones nacionales plantea interrogantes sobre la soberanía y la autonomía de los procesos democráticos en Colombia. La instrumentalización de la política exterior para fines internos no solo vulnera principios éticos, sino que puede generar consecuencias imprevisibles en las relaciones bilaterales y la estabilidad institucional.
Las campañas de desprestigio y la manipulación de la opinión pública tienen efectos directos sobre la gobernabilidad y el clima político del país. Para Gustavo Petro, el impacto puede traducirse en una pérdida de confianza, dificultades para implementar políticas y un aumento en el conflicto social. Sin embargo, las consecuencias no se limitan al Presidente; todo el país se ve afectado por la degradación del debate político y el debilitamiento de las reglas democráticas.
La imagen internacional de Colombia también corre el riesgo de verse perjudicada, especialmente si actores externos perciben al país como un terreno fértil para la injerencia y la manipulación electoral. Esto puede afectar inversiones, relaciones diplomáticas y la posición de Colombia en escenarios multilaterales.
Frente a este panorama, el papel de la ciudadanía cobra una importancia trascendental. El despertar ciudadano implica una actitud crítica ante la información que circula, una exigencia de transparencia y una defensa activa de la democracia. El reto está en superar la apatía y el desencanto, promoviendo espacios de diálogo, participación y control social sobre los actores políticos y mediáticos.
La construcción de un futuro político más sano para Colombia requiere que los ciudadanos, la prensa y los líderes políticos asuman compromisos éticos y democráticos. Solo así será posible enfrentar la manipulación, recuperar la confianza en las instituciones y garantizar elecciones libres y justas en 2026.
La estrategia de la ultraderecha colombiana, al buscar influir en las elecciones de 2026 mediante la utilización de figuras como Trump y la amenaza de la lista Clinton, pone a prueba los límites éticos y democráticos de la política nacional. Más allá de los intereses partidistas, está en juego la calidad de la democracia colombiana y la capacidad de los ciudadanos para resistir la manipulación y defender el derecho a decidir libremente sobre su futuro.
En política no todo es válido, razón por la que la sociedad civil deben asumir el reto de proteger la verdad y la autonomía democrática, apostando por un país donde el debate público sea fuente de construcción y no de destrucción.
