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La advertencia formulada por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro el pasado miércoles8 de julio constituye uno de los pronunciamientos más graves del ciclo de transición política colombiano. Su afirmación de que el país comienza a adquirir la configuración de un “Gobierno paramilitar” no debe leerse únicamente como una denuncia partidista, sino como una alerta sobre la posible transformación del aparato estatal de seguridad, el tratamiento de la protesta social y la relación entre poder político, coerción y derechos fundamentales.

El núcleo de la denuncia se concentra en la pretensión del cuestionado presidente electo Abelardo de la Espriella de crear bloques de búsqueda urbanos, primeras líneas de seguridad y cuerpos penitenciarios integrados por veteranos y reservistas. Aunque tales medidas se presentan como respuestas excepcionales frente a la criminalidad urbana, su diseño plantea una tensión crítica: desplazar funciones propias de la Fuerza Pública hacia estructuras híbridas, paralelas o semiprivadas puede debilitar el principio democrático según el cual el uso legítimo de la fuerza debe permanecer sometido a jerarquías públicas, controles civiles, responsabilidad disciplinaria y vigilancia judicial.

 

En la historia reciente de Colombia, la delegación informal o tolerada de funciones coercitivas a particulares ha estado asociada a experiencias de violencia política, control territorial, persecución de opositores y expansión de economías ilegales. Por ello, el problema no radica solo en quién integra esos cuerpos, sino en la lógica institucional que los habilita: cuando el Estado abre espacios para que actores no plenamente incorporados a la función pública ejerzan tareas de seguridad, se diluye la responsabilidad estatal y aumenta el riesgo de arbitrariedad.

Criminalización de la protesta social  

La segunda línea de preocupación se refiere a la criminalización de la protesta social. Cepeda sostiene que las medidas anunciadas por De la Espriella, acompañadas por discursos de autoridades locales como Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Eder en Cali, pueden convertir la movilización ciudadana en un asunto de orden público antes que en una expresión legítima de participación democrática.

El riesgo político consiste en equiparar protesta, bloqueo, inconformidad social o movilización popular con vandalismo o amenaza interna.

En una sociedad marcada por desigualdad, conflicto armado, exclusión territorial y desconfianza institucional, la protesta cumple una función democrática esencial: permite que sectores sin acceso efectivo al poder expresen demandas, denuncien abusos y presionen transformaciones. Si la respuesta estatal se orienta prioritariamente a reprimir, vigilar o judicializar a quienes protestan, se produce un cierre del espacio cívico y se envía un mensaje disciplinador a sindicatos, estudiantes, comunidades campesinas, pueblos étnicos, organizaciones de víctimas y movimientos urbanos.

El eventual restablecimiento del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en reemplazo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, profundiza esta preocupación.

El ESMAD fue ampliamente cuestionado por denuncias de uso excesivo de la fuerza, lesiones oculares, torturas, violencia sexual y agresiones contra jóvenes manifestantes. Su retorno, si no se acompaña de reformas profundas, controles independientes y protocolos estrictos de necesidad y proporcionalidad, puede ser interpretado como una señal de restauración represiva.

Contra los derechos humanos

Desde una perspectiva de derechos humanos, las medidas descritas comprometen tres núcleos especialmente sensibles: el derecho a la vida e integridad personal, el derecho a la protesta pacífica y las garantías de las personas privadas de la libertad.

La creación de cuerpos de seguridad integrados por reservistas o veteranos, si opera por fuera de la estructura ordinaria de la Fuerza Pública, puede generar zonas grises de responsabilidad. En esos escenarios, las víctimas enfrentan mayores obstáculos para identificar mandos, exigir rendición de cuentas y acceder a justicia.

La propuesta de construir diez megacárceles administradas por un nuevo cuerpo de prisión conformado por reservistas militares introduce otro riesgo: la militarización y privatización de la política penitenciaria.

La prisión no puede convertirse en un mecanismo de castigo político ni en una herramienta para neutralizar disidencias. En un Estado constitucional, toda política carcelaria debe estar orientada por la dignidad humana, el debido proceso, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la garantía de control judicial efectivo.

La advertencia sobre el artículo 22 de la Constitución colombiana es central. Esta disposición prohíbe promover, organizar, financiar o emplear grupos civiles armados organizados con fines ilegales o redes privadas de seguridad que sustituyan funciones estatales. Más allá de la discusión jurídica específica sobre el alcance de cada decreto, el principio constitucional de fondo es claro: Colombia no puede normalizar estructuras armadas civiles ni mecanismos de autodefensa que reproduzcan dinámicas de paramilitarismo bajo lenguaje institucional.

Modelo neoliberal, territorios y control social

Cepeda vincula las medidas de seguridad con un proyecto económico de sello neoliberal basado en extractivismo minero y de hidrocarburos sin límites legales suficientes. Esta conexión es relevante porque, históricamente, los territorios con riqueza natural han sido también espacios de disputa armada, desplazamiento, persecución de liderazgos sociales y debilitamiento de comunidades que se oponen a proyectos impuestos.

Cuando un modelo económico requiere silenciamiento del disenso para avanzar, la seguridad deja de proteger derechos y empieza a proteger intereses privados.

En este punto, el análisis social y económico converge con la dimensión de derechos humanos: la militarización de territorios, la estigmatización de defensores ambientales y la judicialización de comunidades pueden producir un entorno de miedo que favorece el despojo, la concentración de la riqueza y la captura corporativa de decisiones públicas.

Por ello, la advertencia no se limita a la seguridad urbana; apunta a una posible reorganización autoritaria del Estado al servicio de un bloque político y económico determinado.

Escenarios de riesgo institucional

• Normalización de fuerzas paralelas: la creación de cuerpos de seguridad no plenamente sometidos a controles públicos podría abrir la puerta a abusos, persecuciones selectivas y ausencia de rendición de cuentas.

• Cierre del espacio cívico: la protesta pacífica podría ser tratada como amenaza al orden, debilitando derechos de reunión, expresión y participación política.

• Militarización penitenciaria: las megacárceles y cuerpos de custodia militarizados podrían ampliar la lógica punitiva y reducir garantías judiciales y humanitarias.

• Estigmatización de la oposición: el discurso de enemigo interno puede justificar vigilancia, judicialización o represión contra partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales.

• Captura económica del Estado: la combinación de extractivismo, seguridad excepcional y debilitamiento del disenso puede favorecer intereses privados sobre derechos colectivos.

Alarma temprana sobre un Estado en clave autoritaria

La denuncia de Iván Cepeda debe ser entendida como una alarma temprana sobre el riesgo de que la seguridad sea utilizada para reconfigurar el Estado colombiano en clave autoritaria. La gravedad del señalamiento no reside únicamente en la palabra “paramilitar”, sino en los elementos concretos que la sustentan: cuerpos armados paralelos, criminalización de la protesta, restauración de dispositivos represivos, privatización penitenciaria y subordinación del orden público a un proyecto económico excluyente.

Frente a este panorama, la respuesta democrática no puede ser la violencia ni la ruptura institucional, sino la vigilancia rigurosa, la movilización pacífica, el litigio constitucional, la veeduría internacional y la defensa activa de los derechos humanos.

Colombia conoce las consecuencias de permitir que la frontera entre Estado, fuerza privada y poder político se vuelva difusa. Precisamente por esa memoria histórica, cualquier intento de reinstalar lógicas de seguridad paralela debe ser sometido al más estricto escrutinio nacional e internacional.