POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Cuando un gobierno invoca la seguridad para ampliar su poder, el pueblo tiene el deber de defender sus libertades y exigir garantías democráticas.

En 1978, el Gobierno de Julio César Turbay Ayala impuso en Colombia el draconiano Estatuto de Seguridad Nacional con el argumento de combatir la subversión. Bajo aquella política se restringieron libertades, se ampliaron las competencias de la justicia penal militar sobre civiles y se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, documentadas por la Comisión de la Verdad.

Casi medio siglo después, el Estatuto Antiterrorista anunciado por Abelardo de la Espriella revive una preocupación histórica: ¿cómo impedir que la lucha contra el terrorismo termine extendiendo la sospecha sobre sindicalistas, campesinos, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos?

Los dos instrumentos no son necesariamente idénticos ni pertenecen al mismo contexto constitucional. Pero la comparación es necesaria: cuando la seguridad se utiliza para ampliar el poder estatal sin garantías suficientes, la democracia corre peligro.

Según el borrador divulgado en octubre de 2026, la nueva iniciativa contempla registros de organizaciones terroristas, medidas contra sus fuentes de financiación y sanciones y controles sobre personas o entidades presuntamente vinculadas. El Gobierno debe demostrar que estas facultades estarán sometidas a pruebas verificables, defensa efectiva y control judicial independiente. La sospecha no puede reemplazar a la justicia, ni la protesta social confundirse con el terrorismo.

La lección del Gobierno Turbay es contundente: el enemigo interno puede convertirse en una excusa para perseguir la disidencia y silenciar las reclamaciones populares. Por eso, el Congreso no debe aprobar a ciegas una iniciativa de esta naturaleza. Debe examinar su constitucionalidad, escuchar a las organizaciones sociales y garantizar que ningún ciudadano sea perseguido por sus ideas o su actividad legítima.

La ciudadanía debe actuar, no esperar.

La defensa de la democracia no puede quedar exclusivamente en manos del Congreso ni depender de las promesas de un gobierno. Corresponde a los sindicatos, las organizaciones campesinas, los estudiantes, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos y la ciudadanía organizada ejercer vigilancia activa.

Es hora de exigir públicamente el texto completo del proyecto, promover debates ciudadanos, solicitar pronunciamientos de los organismos de control y reclamar garantías concretas para la libertad sindical, la oposición y la protesta pacífica. Si la iniciativa amenaza derechos fundamentales, la respuesta debe ser la movilización social pacífica, amplia, unitaria y democrática, junto con las acciones jurídicas e institucionales que correspondan.

No se trata de defender el terrorismo ni de tolerar la violencia. Se trata de impedir que, bajo el pretexto de combatirlos, se debiliten los derechos de toda la sociedad.

Ni terrorismo contra el pueblo ni abusos del Estado en nombre de la seguridad. Ni persecución sindical ni criminalización de la protesta.

Colombia ya conoce el precio de guardar silencio ante los abusos del poder. La memoria de las víctimas debe convertirse en organización, vigilancia ciudadana y defensa activa de las libertades.

Que el fantasma de Turbay no vuelva a recorrer Colombia. Frente a cualquier amenaza contra nuestros derechos, más unidad popular, más movilización pacífica y más democracia.

La historia nos advierte; la ciudadanía organizada tiene el poder de impedir que se repita.