POR ALONSO YUPANQUI DE LA CHIRA /

El caso de la supuesta entrevista atribuida al fallecido escritor Carlos Monsiváis (1938-2010), publicada por el diario mexicano ‘El Universal’ constituye un episodio especialmente grave desde la perspectiva de la ética periodística. La publicación incluyó declaraciones no acreditadas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que provocó una disculpa pública del medio, el retiro del contenido de su portal, la renuncia del reportero Edmundo Cázares y la condena de la familia del intelectual, así como del Gobierno Federal.

El reportero Edmundo Cázares presentó el texto como la “recuperación completa” de una charla grabada presuntamente 25 o 26 años atrás con Carlos Monsiváis, quien falleció en 2010. Sin embargo, el material incluyó un fragmento inédito y explosivo en el que supuestamente Monsiváis afirmaba que AMLO había vivido en su casa tras huir de Tabasco por la muerte accidental de su hermano, además de insinuaciones de carácter personal, sexual y económico contra el político.

La gravedad del caso radica en que las afirmaciones fueron atribuidas a una persona fallecida, incapaz de confirmar, matizar o desmentir sus supuestas palabras.

Además, el texto se apoyaba en el prestigio intelectual y moral de Monsiváis para sostener acusaciones de alto impacto político y reputacional.

Desmentidos, inconsistencias y consecuencias

• Anacronismo histórico: la publicación sostenía que AMLO llegó a la casa de Monsiváis a los 19 años tras el fallecimiento de su hermano. Sin embargo, dicho accidente ocurrió en 1969, cuando López Obrador tenía 15 años, lo que evidenció una inconsistencia cronológica básica.

• Carta de la familia Monsiváis: los herederos del cronista calificaron el texto como un montaje y una calumnia. También señalaron que ambos personajes se conocieron casi veinte años después de lo afirmado y que las supuestas declaraciones no correspondían ni a la ética ni al estilo literario de Monsiváis.

• Postura del Gobierno Federal: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la publicación como una “bajeza grotesca” y la presentó como parte de una campaña de difamación política.

• Ausencia de pruebas: ante la exigencia pública de presentar los audios originales, el reportero admitió que no contaba con la grabación disponible de inmediato. El diario exigió las pruebas, se deslindó del texto, ofreció una disculpa formal y retiró la publicación.

• Renuncia del reportero: finalmente, Edmundo Cázares asumió el error periodístico y presentó su renuncia irrevocable al medio.

Principio de verdad y compromiso fáctico

La regla central de la deontología periodística es la búsqueda rigurosa de la verdad. En este caso, tanto el reportero como la mesa editorial fallaron al publicar declaraciones graves sin contar con pruebas materiales verificables. Una entrevista de alto impacto social no puede descansar únicamente en la buena fe del periodista: el medio debió exigir los audios originales, verificar su autenticidad y someterlos, de ser necesario, a revisión técnica antes de autorizar su difusión.

El caso revela una falla estructural en los filtros editoriales. Los errores cronológicos, la ausencia de documentos de respaldo y la falta de revisión contextual muestran que el control de calidad fue insuficiente.

Un medio de comunicación con alcance nacional tiene la obligación de comprobar datos, contrastar fuentes y evaluar la coherencia histórica de cualquier contenido antes de publicarlo.

Uso del periodismo como herramienta de difamación

Los códigos deontológicos prohíben utilizar el periodismo como arma de destrucción reputacional. La supuesta entrevista no se limitaba a la crítica política, sino que incorporaba acusaciones de carácter privado y personal sin sustento verificable. Al difundir ese contenido bajo el prestigio de un autor fallecido, el medio cruzó una línea ética delicada: convirtió una pieza periodística en un instrumento potencial de daño político y moral.

El marco ético periodístico exige respetar la memoria de las personas fallecidas y el honor de quienes son aludidos en una publicación. Atribuir a Carlos Monsiváis expresiones no acreditadas vulneró su legado intelectual y obligó a su familia a intervenir para defender su memoria.

Al mismo tiempo, la difusión de acusaciones sin pruebas afectó el derecho al honor de López Obrador y violó el principio de presunción de inocencia.

La rectificación es un deber ético indispensable cuando un medio comete un error. En este caso, la disculpa pública, el retiro del contenido y la renuncia del reportero fueron medidas necesarias, aunque no suficientes para reparar plenamente el daño causado.

La responsabilidad no recae únicamente en el autor de la pieza: también corresponde al medio revisar sus protocolos internos, fortalecer sus filtros de verificación y transparentar los criterios que permitieron la publicación.

Lección deontológica

El caso de la falsa entrevista atribuida a Monsiváis no puede entenderse como un simple error involuntario, sino como un colapso de los filtros profesionales que deben proteger la credibilidad periodística. La ausencia de pruebas, la falta de verificación, los anacronismos evidentes y el uso de una figura fallecida para sostener acusaciones políticas conforman una falla deontológica severa.

Lo que queda en evidencia en este caso es que el diario ‘El Universal’ buscó de manera intencional afectar la imagen y la reputación del expresidente López Obrador, utilizando la mentira y en su intento le salió caro, pues terminó afectando su credibilidad.

La lección principal para la prensa mexicana y latinoamericana es clara: la urgencia informativa, el sensacionalismo o la agenda política nunca pueden estar por encima del rigor factual. Cuando un medio sacrifica la verificación en favor del impacto inmediato, compromete no solo la reputación de las personas involucradas, sino también la confianza pública en el periodismo como institución democrática.