POR OMAR ROMERO DÍAZ /

El caricaturista Matador colocó el dedo en la llaga.

La solidaridad de los colombianos no puede terminar atrapada entre silencios, evasivas y dudas. Cuando miles de personas donan dinero para ayudar a las familias damnificadas por un terremoto, tienen derecho a saber cuánto se recaudó, cómo se han administrado esos recursos y cuándo llegarán a quienes los necesitan.

La polémica conocida en redes sociales como el caso de “¿La Ratica?” del caricaturista Matador, ha puesto sobre la mesa una pregunta que sigue sin una respuesta suficientemente clara: ¿cuánto dinero se recogió por la primera dama y cuál ha sido su destino?

La discusión no debería centrarse en apodos ni en enfrentamientos políticos, sino en algo mucho más importante: la obligación de explicar qué pasó con los recursos destinados a una emergencia humanitaria.

Una colecta solidaria exige cuentas claras.

Si una campaña de donaciones se promovió mediante canales institucionales y con la imagen de la Presidencia de la República, es legítimo que los ciudadanos soliciten información verificable sobre el dinero recaudado.

Que una fundación sea privada y no tenga ánimo de lucro no la exime automáticamente de las obligaciones de transparencia que puedan corresponderle según la naturaleza de los recursos y las actividades realizadas.

Las preguntas son concretas: ¿cuánto dinero ingresó?, ¿cuánto queda disponible?, ¿qué gastos se han realizado?, ¿qué ayudas se han entregado y bajo qué criterios?

Si los recursos se reservaron para una futura etapa de reconstrucción, debe explicarse públicamente esa decisión y establecerse cómo y cuándo serán utilizados. No se trata de divulgar los datos personales de los donantes, sino de conocer las cifras generales y el destino de las contribuciones.

 

El derecho a preguntar debe respetarse

La Constitución y las normas sobre acceso a la información protegen el derecho de los ciudadanos a solicitar explicaciones sobre asuntos de interés público, dentro de los límites establecidos por la ley.

Por eso, las respuestas deben ser oportunas, claras y de fondo. Si determinada información está legalmente protegida, corresponde explicar las razones y precisar el alcance de la reserva, sin convertirla en una excusa para ocultar datos que puedan divulgarse legítimamente.

Las autoridades competentes también deben verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y de las decisiones judiciales que se encuentren vigentes. Si hay irregularidades, deben investigarse; si no las hay, la información transparente permitirá despejar las dudas.

La transparencia no puede depender del gobierno de turno.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de investigar con el mismo rigor, sin importar la orientación política de quienes están en el poder. La exigencia de cuentas claras no puede aplicarse a unos y olvidarse con otros.

La crítica debe sustentarse en hechos, documentos y pruebas. No corresponde afirmar que hubo desvío de recursos sin evidencia suficiente, pero tampoco es aceptable descalificar las preguntas legítimas de la ciudadanía.

La transparencia no es una bandera partidista: es un principio democrático.

Que hablen las cifras y aparezcan los resultados

Para superar esta controversia, se necesita un informe verificable que detalle el total recaudado, los recursos disponibles, los gastos efectuados y las ayudas entregadas. También debe explicarse el mecanismo de distribución y el cronograma para beneficiar a las familias afectadas.

No bastan las promesas de una futura rendición de cuentas ni las declaraciones que apelan a la buena fe. La confianza se recupera con documentos, cifras comprobables y resultados concretos.

Los colombianos que donaron lo hicieron para ayudar a personas que perdieron sus viviendas, sus pertenencias y su tranquilidad. Esa solidaridad merece respeto y no puede quedar sometida a la incertidumbre.

El dinero se entregó para aliviar el sufrimiento de los damnificados, no para convertirse en un misterio. Por eso, la exigencia es firme y sencilla: que se publiquen las cuentas, que se aclare el destino de cada recurso y que los organismos competentes actúen si encuentran motivos para investigar.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de impedir que la falta de información destruya la confianza ciudadana. Quien participa en una colecta humanitaria debe comprender que la transparencia no es un ataque personal, sino parte de la responsabilidad que implica administrar recursos destinados a quienes más los necesitan.

Menos discursos y más resultados. Menos evasivas y más transparencia. Porque, cuando se trata de la ayuda para los damnificados, las preguntas no deberían incomodar a nadie: ¿cuánto se recaudó?, ¿dónde están los recursos y cuándo recibirán las familias la ayuda que esperan?

Colombia no pide favores. Exige claridad, responsabilidad y respeto por la solidaridad de su gente.