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A 30 años de haberse expedido la legislación que viabilizó la actual estructura reglamentaria de la operación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de realizar una reforma con el propósito de lograr la transición energética que requiere el país, lo cual va a redundar, entre otros aspectos, en el equilibrio de las tarifas.

De ahí que la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, durante el Foro sobre Servicios Públicos realizado el pasado jueves 15 de marzo en la Sociedad Económica de Amigos del País, convocado por organizaciones lideradas por el exconcejal de Bogotá, Jaime Pulido Sierra, haya hecho hincapié en la necesidad de generar un nuevo modelo operativo y tarifario que “recupere la eficiencia social”.

Explicó que el sistema de prestación de servicios públicos domiciliarios constituye hoy en día un problema distributivo, por cuanto la experiencia muestra “quién se queda con la mayor tajada”.

Privatización y alto costo de las tarifas

En ese sentido hay que tener en cuenta que las Leyes 142 y 143 de 1994 que reglamentaron el funcionamiento del sector consolidaron un modelo neoliberal en la línea de darle prioridad a la rentabilidad y ganancia de las empresas operadoras que, en el caso colombiano, son mayoritariamente privadas.

Dicha legislación hizo que el Estado a través de sus entes rectores como la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), desempeñe solo un papel de regulador. Son las empresas prestadoras de los servicios las que determinan las tarifas.

Regiones como la Costa Atlántica y el departamento del Huila son víctimas de esta arquitectura institucional habida cuenta que son las que más altos costos pagan por concepto tarifario.

Y es que el negocio consiste en que el Estado pone a disposición del operador privado toda la infraestructura para que éste la utilice para desarrollar una rentable utilidad vía tarifas, como ocurre con la prestación del servicio del gas.

El fracaso del esquema actual de prestación de servicios públicos hay que sumarle el fenómeno de la corrupción que ha traído consecuencias funestas, las cuales como ya es generalizado en Colombia, las terminan pagando los usuarios.

Efectos de la crisis climática

A la deficiencia de los servicios y el alto costo en las tarifas se agrega los efectos que ya está teniendo en la prestación de los mismos la crisis climática. En varias regiones del país hay desprotección de las cuencas de agua, afectación de bosques y ecosistemas que causan deslizamientos y afectan la generación de fuentes hídricas.

En consecuencia, el fenómeno medioambiental, si no se asumen correctivos desde el Estado, va a terminar teniendo una incidencia directa en la política de servicios públicos.

Por eso urge una reforma que equilibre el actual régimen, la cual debe traducirse en un equitativo costo de las tarifas.

“Los privados capturaron a los reguladores”

Al hacer el análisis de lo que ha ocurrido en tres décadas de régimen neoliberal en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, la senadora López Obregón fue enfática en señalar que el modelo ha permitido que “los operadores privados hayan capturado a los reguladores”, y en ese sentido la distribución equitativa de los recursos que constituye la esencia de la política, haya fracasado.

Explicó que concepciones como Estado Social de Derecho, economía social de mercado y neoliberalismo (privatización para garantizar la ganancia) que están contempladas en la Constitución de 1991 son incompatibles y en consecuencia se precisa de un nuevo modelo en que primen, en el caso de los servicios, criterios como la solidaridad y la redistribución de ingresos.

Se lamentó también que la política de subsidios haya fracasado. Dijo que la focalización poblacional de adjudicación de subsidios por lo general apunta a gente que no los necesita por lo que urge una nueva concepción política y legal sobre la materia.

El mínimo vital

La congresista del Pacto Histórico durante su intervención en el foro hizo énfasis también en la necesidad de aprovechar la reforma que se plantea para garantizar el derecho fundamental al mínimo vital que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, lo cual constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención estatal en la economía, según la Constitución de 1991 (artículo 334).

Recordó que cuando asumió la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 481 de 2011 que estableció criterios para que los habitantes de la capital accedieran al mínimo vital de agua, desarrollando el Acuerdo 347 de 2008 de iniciativa de la entonces concejala Ati Quigua. A pesar de estos esfuerzos, dijo, persisten las deficiencias en la gestión y focalización del programa, lo que deja a cerca de 3.7 millones de personas de estratos 1 y 2 sin el beneficio de este programa después de una década.

Destacó que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Petro avanza sustancialmente en cuanto al mínimo vital porque aspira a cubrir todos los servicios públicos incluido el internet. Es que, enfatizó la congresista López Obregón, “los servicios públicos son un derecho fundamental”.

Decisión política antes que técnica

La senadora López Obregón culmino su intervención señalando que la justa distribución de los recursos en un ámbito esencial como la prestación de servicios públicos constituye una decisión política, a lo que los técnicos, como se ha visto en recientes semanas, buscan oponerse.

“Con la técnica al servicio de los ideólogos de la tecnocracia se va a seguir esquilmando al país”, puntualizó la congresista del Pacto Histórico.