POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La historia demuestra que los pueblos no recurren a la desobediencia civil porque rechacen la democracia, sino porque desean rescatarla cuando sienten que las instituciones no responden con la firmeza y la independencia que exige la Constitución.
Hoy Colombia atraviesa uno de esos momentos. No se trata de una disputa entre derecha e izquierda, ni de una confrontación entre Gobierno y Oposición. Se trata de una pregunta mucho más profunda: ¿puede un país conservar plenamente su soberanía si la ciudadanía percibe dudas sobre la independencia de quien aspira a conducir el Estado y esas dudas no son esclarecidas de manera transparente por las instituciones competentes?
Las controversias públicas que han surgido alrededor de Abelardo de la Espriella incluidos los debates sobre su ciudadanía estadounidense, su antigua representación profesional del lavador de activos Alex Saab y la reciente solicitud de congresistas demócratas de Estados Unidos para que autoridades de ese país examinen determinadas denuncias de lavado de activos, y la descarada intromisión del presidente Donald Trump en las elecciones pasadas, es una declaración de señalamiento y responsabilidad. Se plantean interrogantes que, en una democracia seria, deben ser investigados con prontitud, independencia y absoluto respeto por el debido proceso.
Ante el hecho de que Abelardo de la Espriella posee nacionalidad estadounidense, lo cual conlleva ineludiblemente “compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial de Colombia”, el senador y excandidato Iván Cepeda Castro aduciendo además una serie de cuestionamientos que debe aclarar el mandatario electo, anunció que, como líder de la oposición que obtuvo más de 12 millones 700 mil votos el pasado 21 de junio, optará por “el camino de la desobediencia civil pacífica”.
Lo verdaderamente peligroso para una República no son las preguntas, sino el silencio institucional. Cuando las dudas legítimas quedan sin respuesta, la confianza ciudadana se erosiona y la justicia pierde credibilidad.
Por eso es que Colombia necesita la conformación de una Comisión Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Independencia Judicial, integrada por exmagistrados de altas cortes, juristas de reconocido prestigio, congresistas de distintas corrientes, universidades, organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía. No para reemplazar a la justicia, sino para ejercer vigilancia democrática, exigir transparencia, claridad y hacer seguimiento público a las actuaciones de las autoridades competentes.
La soberanía no se negocia. La independencia de la justicia no puede convertirse en una consigna vacía. Un país donde la ciudadanía deja de confiar en sus instituciones corre el riesgo de debilitar el fundamento mismo de su democracia.
La desobediencia civil, ejercida de forma pacífica, organizada y dentro del marco de los principios constitucionales, es un mecanismo de presión ciudadana para recordarles a los poderes públicos que la legitimidad no nace únicamente de las urnas, sino también del cumplimiento estricto de la Constitución y de la igualdad de todos ante la ley.
No podemos aceptar una justicia selectiva ni investigaciones condicionadas por intereses políticos o económicos. Colombia merece instituciones que actúen con la misma severidad frente a cualquier persona, sin importar su poder, su influencia o sus relaciones.
Defender la soberanía nacional es defender la independencia de los jueces, la autonomía de las instituciones y el derecho de los colombianos a conocer la verdad. Cuando la verdad se posterga, la democracia se debilita; cuando la justicia actúa con independencia, la República se fortalece.
La desobediencia civil no debe entenderse como una ruptura del orden constitucional, sino como un llamado firme para que ese orden se respete plenamente.
La soberanía pertenece al pueblo colombiano, y el pueblo tiene el derecho y la responsabilidad de exigir que ninguna duda de interés público quede sin el debido esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.
