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La acción penal anunciada por el candidato presidencial de la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, contra su contrincante de ultraderecha  Abelardo de la Espriella introduce un punto de inflexión en la campaña presidencial colombiana: traslada una confrontación ideológica de alta intensidad al terreno judicial y reactiva, en plena competencia electoral, una de las memorias más sensibles del conflicto armado interno: la relación entre política, paramilitarismo, justicia transicional e impunidad.

El hecho no puede leerse únicamente como una actuación jurídica. La denuncia se presenta en un momento electoral crítico y entre dos candidaturas que encarnan relatos antagónicos sobre seguridad, memoria histórica, paz y orden institucional.

Cepeda busca ubicar la discusión pública en el terreno de la verdad judicial y la responsabilidad histórica por el paramilitarismo; De La Espriella, por su parte, debe responder sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

El anuncio de judicializar al candidato de la ultraderecha refuerza la identidad moral y de defensa de víctimas que Cepeda ha construido durante años y deja al descubierto los estrechos vínculos de De La Espriella con sectores paramilitares.

El peso simbólico de Ralito y Fipaz

El centro político de la denuncia está en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), y en el papel que De La Espriella desempeñó durante los diálogos entre el cuestionado Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santa Fe de Ralito. Ese episodio conserva una carga simbólica enorme: Ralito fue presentado como escenario de desmovilización, pero también quedó asociado a la expansión social y política del proyecto paramilitar.

La acusación de Cepeda apunta a que la organización de foros universitarios financiados por estructuras paramilitares y con participación de jefes como Salvatore Mancuso y Ernesto Báez constituye argumento sólido de inhabilidad ética y política. La pregunta de fondo no es solo si hubo responsabilidad penal, sino si un candidato presidencial puede presentarse como garante del orden democrático cuando su trayectoria pública aparece vinculada a escenarios de legitimación social del paramilitarismo.

Uno de los puntos más delicados es que varias de las acusaciones han circulado durante años y algunas investigaciones fueron precluidas por la Fiscalía. Esto crea una tensión central: para Cepeda, la existencia de nuevos documentos, testimonios o patrones justifica reabrir indagaciones.

En este contexto en el que existen denuncias sobre financiación ilegal, vínculos con estructuras armadas o enriquecimiento ilícito, el control judicial se constituye en una condición para proteger la legitimidad electoral.

Para Cepeda, el hecho de promover esta acción penal refuerza su coherencia biográfica: su carrera política ha estado asociada a la defensa de víctimas, la denuncia del paramilitarismo y la búsqueda de verdad histórica. En ese sentido, la denuncia consolida su perfil ético y obliga a la campaña de De la Espriella a responder sobre hechos del pasado.

En efecto, la denuncia reactiva una zona vulnerable de la biografía pública de De la Espriella: su relación con Fipaz, Ralito, jefes paramilitares y el entorno del cuestionado exfiscal Mario Iguarán. Aunque alegue preclusiones y ausencia de condena, la campaña queda obligada a explicar no solo lo legalmente probado, sino lo políticamente aceptable.

En términos políticos, Cepeda apuesta a que la memoria del paramilitarismo sea un criterio decisivo de legitimidad democrática.