EDITORIAL TSC /
La decisión de televisar el empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante que liderará el cuestionado abogado Abelardo de la Espriella tiene una importancia política que va mucho más allá del gesto comunicativo. En un país acostumbrado a que las transiciones presidenciales se conviertan en campo de sospechas, filtraciones interesadas y dramatizaciones calculadas, abrir las puertas del proceso equivale a disputar el terreno mismo donde se fabrica la opinión pública: el relato.
En efecto, De la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo parecían haber preparado un libreto apocalíptico: declaraciones solemnes ante los grandes medios, insinuaciones sobre una supuesta crisis profunda, gestos de gravedad institucional y el privilegio simbólico de ser los únicos que “sabían” lo que ocurría tras las puertas del empalme. El misterio era el combustible perfecto para fabricar incertidumbre. Allí donde no hay información pública, prosperan la sospecha, la exageración y la narrativa del desastre.
Petro les cambió el tablero con una sola decisión: televisar el empalme. Y cuando la luz entra, las sombras pierden utilidad. Lo que prometía ser una caja negra llena de revelaciones terminó pareciéndose a lo que siempre debió ser: un procedimiento administrativo normal entre un gobierno saliente y uno entrante, con mesas técnicas, cronogramas, actas, preguntas, respuestas, tensiones previsibles y documentos sujetos a verificación.
La gran ironía es que quienes pretendían monopolizar el relato terminaron despojados de él. La transparencia tiene una virtud devastadora: pulveriza la especulación. Cuando millones de ciudadanos pueden ver el mismo proceso, ya no queda tanto espacio para vender exclusivas cargadas de dramatismo ni para construir una épica sobre secretos que nunca fueron tales.
La transmisión pública convierte al espectador en testigo y reduce el margen de manipulación de quienes necesitan administrar la penumbra para imponer su interpretación.
Ese es el golpe político de fondo. La ultraderecha suele nutrirse de relatos de colapso: el país al borde del abismo, las instituciones destruidas, la economía en ruinas, el Estado capturado, la nación secuestrada por enemigos internos. No se trata de negar problemas reales ni de idealizar la gestión saliente, sino de advertir cómo una crítica legítima puede convertirse en espectáculo apocalíptico cuando se apoya más en la insinuación que en la evidencia. Al televisar el empalme, el Gobierno saliente obliga a contrastar la retórica con los hechos visibles.
La política del miedo necesita administrar tiempos, silencios y revelaciones. Necesita dosificar alarmas, presentar hallazgos parciales como catástrofes totales y convertir cada trámite en indicio de una conspiración. Pero un empalme televisado desordena esa coreografía. Si las reuniones son públicas, grabadas y acompañadas de actas, el dramatismo pierde exclusividad. La ciudadanía puede distinguir entre una alerta técnica, una diferencia política y una puesta en escena destinada a confirmar prejuicios previos.
Por eso la transmisión del empalme no es un simple ejercicio de relaciones públicas. Es una forma de pedagogía democrática. Le recuerda al país que el Estado no es una propiedad privada de quien llega ni de quien se va; que la información pública no debe circular como botín político; y que una transición responsable no consiste en fabricar escándalos anticipados, sino en garantizar continuidad institucional, control ciudadano y rendición de cuentas.
También expone una contradicción del Gobierno entrante. Si su bandera era la transparencia, no podía incomodarse demasiado cuando esa transparencia dejaba de ser consigna y se convertía en método. Pedir un empalme abierto para luego intentar administrar políticamente sus efectos habría sido una forma de querer luz selectiva: claridad para denunciar, pero penumbra para narrar. La decisión de televisar todo el proceso rompe esa asimetría.
Desde luego, televisar no elimina los conflictos. Es probable que existan tensiones, diferencias sobre cifras, debates sobre nombramientos de última hora, cuestionamientos a contratos y discusiones sobre la situación fiscal, social o administrativa del país. Pero la diferencia es sustantiva: una controversia vista por todos es distinta a una controversia narrada por unos pocos. La publicidad no borra la disputa; la civiliza, la somete a escrutinio y reduce la capacidad de convertir cada desacuerdo en prueba de derrumbe nacional.
La lección elemental es esta: la política del espectáculo sobrevive mientras el escenario permanece cerrado. Basta abrir el telón para descubrir que muchas tragedias anunciadas no eran más que utilería. En ese sentido, la decisión de televisar el empalme no solo protege al Gobierno saliente de la caricatura interesada; también protege a la ciudadanía del chantaje emocional de quienes necesitan presentar la democracia como ruina para justificar su propia épica de salvación.
Al final, la importancia política de televisar el empalme radica en que desplaza el poder de narrar desde los operadores del miedo hacia la ciudadanía. Donde antes podía haber misterio, ahora hay procedimiento; donde se prometían revelaciones devastadoras, aparece burocracia verificable; donde se intentaba instalar el apocalipsis, emerge una transición institucional con luces encendidas. Y esa, para cualquier democracia fatigada por el alto grado de pugnacidad política, es una victoria nada menor.
