INTERNACIONAL PROGRESISTA /
El exministro y excandidato presidencial Andrés Arauz Galarza, miembro del Consejo Directivo de la Internacional Progresista, se enfrenta a un nuevo ataque judicial, en el marco de una ofensiva cada vez más profunda contra la democracia en Ecuador.
En estos momentos, Ecuador está experimentando una acelerada instrumentalización de los tribunales contra la fuerza progresista más importante del país: una campaña calculada para extinguir la oposición política a través del aparato judicial.
El caso de Andrés Arauz, miembro del Consejo de la Internacional Progresista, es instructivo y urgente.
Arauz, excandidato presidencial del partido izquierdista Revolución Ciudadana de Ecuador, fue acusado formalmente en mayo de 2025 por la fiscal general Diana Salazar Méndez de «asociación ilícita» en el llamado ‘Caso Ligados’, un caso que involucra a miembros actuales y anteriores del Consejo para la Participación Ciudadana, acusados de discutir estrategias para promover aliados dentro de un organismo de supervisión estatal.
La acusación es asombrosa por su audacia. Pretende redefinir la «coordinación política» —la esencia misma de cualquier proceso democrático— como una «conspiración criminal».
En otro caso, Arauz figura entre las ocho personas investigadas, junto con la excandidata presidencial Luisa González y el legislador de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez. Tanto González como Arauz enfrentan simultáneamente procedimientos separados ante el tribunal electoral por presuntas violaciones al financiamiento de campañas.
Este es el último capítulo de un ataque prolongado y deliberado. Durante años, el expresidente Rafael Correa ha sido blanco de una campaña de guerra jurídica diseñada para destruir la integridad del liderazgo histórico de la Revolución Ciudadana mediante una persecución judicial con motivaciones políticas, al tiempo que empaña el legado del movimiento en materia de reducción de la pobreza, desarrollo económico y solidaridad en todo el Sur Global.
Desde la llegada de Lenín Moreno al poder, ha habido intentos incesantes de bloquear la participación política del movimiento: impidiendo la propia inscripción del partido, prohibiendo sus vehículos electorales y excluyendo a Correa de la papeleta electoral.
Lo que en un principio fue una obstrucción se ha convertido en algo mucho más turbio. En marzo de 2026, a petición del Fiscal General, afín al Gobierno de Daniel Noboa, un juez electoral ordenó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición de Ecuador. La orden coincidió con el plazo de inscripción para las elecciones locales de 2027, dejando al partido completamente fuera del proceso democrático.
Tras haber procedido a la cancelación del registro del partido, el Gobierno de Daniel Noboa ha intensificado la persecución de los líderes individualmente, una estrategia de persecución total diseñada para quebrar la columna vertebral del movimiento.
El propio Arauz ha revelado los entresijos de la operación: se presentaron cargos contra él el día antes de que renunciara la Fiscal General que los había presentado. Al día siguiente, fue designada embajadora en Argentina, y los registros confirman que el nombramiento se había concertado con meses de antelación, mientras supuestamente actuaba como funcionaria independiente.
El ataque a la democracia electoral se desarrolla en paralelo con el fomento, por parte de la administración Trump, de una alianza de presidentes latinoamericanos de derecha, cuyos miembros se reunieron en la cumbre «Escudo de las Américas» en Florida en marzo de 2026.
Una alianza transnacional de capital, gobiernos conservadores e instituciones legales sumisas está trabajando activamente para cerrar las vías democráticas a través de las cuales las alternativas progresistas acceden al poder.
Ecuador es el laboratorio de este renovado ataque contra las fuerzas progresistas en América Latina. Si el experimento tiene éxito allí, seguirá arrasando en todo el hemisferio.
