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En medio de una campaña presidencial marcada por el alto grado de pugnacidad política la polarización y el debate sobre la seguridad, la candidata del uribismo, Paloma Valencia Laserna, generó controversia el pasado martes 21 de abril en la plenaria del Senado de la República al declarar públicamente que la Defensoría del Pueblo había reportado presiones de grupos armados ilegales sobre comunidades para que votaran por Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. Estas afirmaciones, además de erróneas y falaces, se enmarcan en un contexto electoral donde la información veraz resulta crucial para la legitimidad del proceso.

La Defensoría del Pueblo desmintió categóricamente la versión de la candidata de ultraderecha, aclarando que no existen informes ni registros que respalden dicha narrativa y ratificando su compromiso con la transparencia y la protección de la democracia.

La respuesta institucional fue inmediata y contundente: “La Defensoría no ha emitido ningún informe que señale presiones de grupos armados para favorecer a determinados candidatos”, señaló el organismo, desmarcándose de las declaraciones de Valencia. Este desmentido público evidenció la gravedad de difundir información falsa en un proceso electoral, especialmente cuando proviene de una figura política de alto perfil.

Las declaraciones de Valencia Laserna no solo distorsionan el debate democrático, sino que ponen en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones y el proceso electoral. Al atribuir a la Defensoría del Pueblo una información inexistente, se introduce una narrativa de miedo y sospecha que puede afectar la percepción de los votantes y aumenta aún más el pugnado ambiente político.

Además, la justificación de la actuación de grupos paramilitares como “defensa del Estado” por parte de Valencia durante un foro sobre seguridad revive un capítulo doloroso de la historia nacional, en el que la violencia y la impunidad marcaron a miles de víctimas. Este tipo de discursos perpetúan la estigmatización de sectores sociales.

La censurable conducta de la candidata uribista y el impacto en la memoria histórica

Desde una perspectiva ética, las acciones de la candidata uribista resultan cuestionables por el uso de información falsa y la legitimación de la violencia paramilitar. La manipulación de fuentes oficiales vulnera principios fundamentales como la honestidad y la responsabilidad pública, pilares de la ética política.

Por otro lado, al justificar el accionar de grupos armados, Valencia Laserna pone en riesgo la memoria histórica de las víctimas del paramilitarismo, ignorando el dolor y las consecuencias de una violencia que aún resuena en la sociedad colombiana. Este tipo de discursos distorsionan los hechos y dificultan los procesos de verdad, justicia y reparación.

El censurable episodio protagonizado por Paloma Valencia en la plenaria del Senado evidencia la necesidad de elevar los estándares de transparencia y responsabilidad en el debate electoral colombiano. La difusión de declaraciones falsas y la justificación de prácticas violentas no solo afectan la legitimidad de la contienda, sino que ponen en riesgo el tejido democrático y la memoria colectiva.

De ahí que es indispensable que en el quehacer político colombiano los candidatos y actores políticos asuman un compromiso ético con la verdad y el respeto a las instituciones, para garantizar un proceso electoral digno y respetuoso de la historia y las víctimas del país.