CON INFORMACIÓN DE RELATORÍA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN /

La comunidad internacional se enfrenta a un desafío moral sin precedentes frente al preocupante aumento del uso del hambre como arma de guerra, afirmó el pasado 16 de octubre en Ginebra, la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sofía Monsalve Suárez, al presentar su primer informe temático ante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo multilateral.

«Hasta ahora, el mundo ha respondido a este desafío con una impunidad y una falta de rendición de cuentas alarmantes», dijo Monsalve Suárez, durante su intervención con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

El documento que lleva por título ‘Reafirmación de la dignidad humana en tiempos de economía global de guerra: informe inicial’, constituye una hoja de ruta para transformar los sistemas alimentarios. Su mandato como Relatora comienza en un momento en que acecha una crisis alimentaria provocada por los efectos combinados del fenómeno de El Niño, los conflictos y las guerras, los recortes en la asistencia humanitaria, las perturbaciones económicas derivadas de la inestabilidad geopolítica y las economías de guerra a escala global.

Del hambre como carencia al hambre como problema estructural

La tesis articuladora del reporte es que la alimentación debe comprenderse como un derecho humano y una condición de la dignidad, no únicamente como una mercancía, una variable de producción o una prestación asistencial. Desde esta perspectiva, las personas no son receptoras pasivas de ayuda: son titulares de derechos y deben intervenir en las decisiones sobre los recursos, los conocimientos y las instituciones que hacen posible alimentarse adecuadamente.

La ficha oficial caracteriza el informe como una exposición de la visión estratégica y las prioridades del mandato, con atención a los desafíos estructurales, las nuevas tecnologías, la crisis de reproducción social y la utilización de los alimentos como instrumento de guerra y coerción.

El diagnóstico enlaza dos escalas: las emergencias provocadas por conflictos, perturbaciones climáticas, recortes humanitarios e inestabilidad económica, y las vulnerabilidades acumuladas por la dependencia alimentaria, la concentración empresarial y la degradación ecológica. No se trata de negar la necesidad de producir alimentos o de responder a las urgencias, sino de cuestionar que esas respuestas basten cuando persisten estructuras que excluyen a comunidades del acceso a los medios para alimentarse.

Conviene distinguir hambre crónica, inseguridad alimentaria aguda y hambruna: estas categorías describen situaciones y mediciones diferentes. Una mejora de un indicador mundial no demuestra que hayan desaparecido las crisis extremas en territorios concretos.

Acceso, desigualdad y medios de vida

La lectura socioeconómica desplaza el énfasis desde la disponibilidad agregada hacia las condiciones efectivas de acceso. Una sociedad puede disponer de alimentos y, al mismo tiempo, mantener hogares excluidos por ingresos insuficientes, pérdida de tierras, desplazamiento o deterioro de los servicios públicos.

La inflación alimentaria reduce el poder adquisitivo; la precariedad de los medios de vida limita la capacidad de afrontar una crisis; y la desigual distribución de recursos productivos restringe la autonomía de quienes cultivan, pescan o abastecen mercados locales. En este marco, el hambre no puede atribuirse simplemente a decisiones individuales: exige examinar cómo se distribuyen ingresos, activos, riesgos y oportunidades.

La soberanía alimentaria y los sistemas territoriales son factores que posibilitan la búsqueda de mayor capacidad colectiva para decidir qué producir, cómo hacerlo y para quién. Su aplicación requiere conectar a productores y consumidores, proteger medios de vida y asegurar que los alimentos adecuados sean económicamente accesibles.

Como implicación analítica, el éxito no debe medirse solo por toneladas producidas: también por la asequibilidad de una dieta adecuada, la estabilidad de los ingresos y la distribución de los beneficios. Lo territorial no equivale a aislamiento ni garantiza automáticamente equidad; debe evitar que nuevas jerarquías locales reproduzcan la exclusión que se busca superar.

Proteger la vida y prevenir la privación extrema

La denuncia del hambre como arma de guerra constituye uno de los núcleos del informe y de su presentación pública. Los ataques contra el abastecimiento y las infraestructuras esenciales, así como los obstáculos a la asistencia, afectan tanto la supervivencia inmediata como la capacidad de recuperación.

Cuando se destruyen medios de producción, almacenamiento, transporte o acceso al agua, la emergencia puede prolongarse incluso después de que disminuyan las hostilidades. La Relatora vincula esta situación con la erosión de la rendición de cuentas: la dimensión humanitaria no se agota en entregar alimentos, sino que comprende prevenir la privación, proteger a la población y exigir responsabilidades por las vulneraciones.

La paz es una condición fundamental para detener estas dinámicas, pero la respuesta urgente no puede aplazarse hasta alcanzar acuerdos políticos. Por ello deben avanzar de manera simultánea la asistencia humanitaria segura, la protección de los medios de subsistencia y la prevención de nuevas crisis.

Los efectos de El Niño y otros choques climáticos requieren preparación y seguimiento, sin tratar una amenaza prevista como un daño ya ocurrido en todas las regiones.

Asimismo, la denuncia general del uso del hambre como arma no sustituye la documentación de hechos ni la determinación de responsabilidades en cada caso.

Democracia alimentaria y obligaciones públicas

El enfoque de derechos convierte la política alimentaria en una cuestión de obligaciones y control democrático. La participación efectiva exige más que consultas formales: supone acceso a información, capacidad de incidir y mecanismos para cuestionar decisiones que afectan la alimentación.

La concentración empresarial plantea, por ello, un problema económico y político: quienes dominan insumos, distribución o plataformas pueden influir en las alternativas disponibles y en la orientación de las políticas. La responsabilidad empresarial debería traducirse en reglas verificables, transparencia y vías de reparación, evitando que compromisos voluntarios sustituyan las obligaciones públicas.

El informe de una relatora especial es una contribución independiente al debate internacional, no una resolución que por sí misma cree obligaciones nuevas ni una política adoptada automáticamente por todos los Estados. Su capacidad transformadora depende de que sus prioridades se conviertan en decisiones institucionales, presupuestos, mecanismos de seguimiento y cooperación internacional.

El desafío político consiste entonces en superar la fragmentación entre políticas agrícolas, comerciales, ambientales, sociales y de cuidados, sin reducir la participación comunitaria a una legitimación posterior de decisiones ya tomadas.

Cuidados, vínculos comunitarios y conocimientos

La referencia a la crisis de reproducción social permite reconocer el trabajo cotidiano que sostiene la alimentación: conseguir agua e ingredientes, preparar comidas, atender necesidades nutricionales y acompañar a personas dependientes. La intervención pública de Monsalve Suárez destaca a las mujeres que realizan los cuidados alimentarios. La justicia de género, en este contexto, no consiste solo en visibilizar ese aporte, sino en evitar que la transición alimentaria aumente cargas no remuneradas.

Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado, junto con ampliar la capacidad de decisión de quienes lo realizan, debe formar parte de la evaluación de cualquier política.

Alimentarse también es una práctica social: reúne saberes, vínculos de cooperación, memorias y relaciones con el territorio. Por eso, el deterioro de un sistema alimentario no representa únicamente una pérdida de productos; puede debilitar redes de apoyo y la transmisión de conocimientos agrícolas.

Los sistemas territoriales y la agroecología ofrecen una vía para articular conocimientos comunitarios e investigación, sin idealizar a las comunidades como espacios homogéneos o libres de conflictos. La participación debe contemplar diferencias de acceso a recursos y a la representación, de modo que la defensa de lo colectivo no silencie necesidades internas.

Incentivos, deuda y transición

La crítica al modelo agroindustrial y extractivista señala que maximizar beneficios privados no equivale necesariamente a garantizar alimentación adecuada ni sostenibilidad. Cuando los costos ambientales y sociales quedan fuera de las decisiones económicas, la rentabilidad puede coexistir con degradación de ecosistemas y vulnerabilidad de productores y consumidores.

La concentración empresarial añade una asimetría en la capacidad de negociar precios y condiciones. Esta lectura no significa que toda actividad comercial o toda innovación sea incompatible con los derechos: exige evaluar quién obtiene los beneficios, quién asume los costos y qué alternativas permanecen disponibles.

La agroecología puede analizarse como una estrategia para diversificar la producción, fortalecer capacidades territoriales y reducir determinadas dependencias de insumos. Su transición, sin embargo, requiere financiación, acompañamiento técnico, infraestructura y evaluación contextual: no corresponde suponer resultados idénticos en todos los cultivos o territorios.

Una transición justa debe evitar que sus costos recaigan exclusivamente en productores con escasos recursos o encarezcan el acceso alimentario de hogares vulnerables. La comparación económica debe considerar ingresos, resiliencia, calidad nutricional y efectos ambientales, además del rendimiento productivo.

El llamado de la Relatora a repensar la arquitectura financiera internacional sitúa la deuda en el centro de la viabilidad de la transformación.

El servicio de la deuda estrecha el margen presupuestario destinado a protección social, infraestructura rural o adaptación climática. El alivio y la reestructuración pueden ampliar ese margen, pero no garantizan por sí solos que los recursos se asignen al derecho a la alimentación: hacen falta prioridades transparentes y seguimiento público.

Interdependencia, coerción y paz

El concepto de economías globales de guerra relaciona la alimentación con disputas de poder que atraviesan fronteras. La dependencia de importaciones y de insumos externos transmiten a los sistemas nacionales perturbaciones en rutas comerciales, precios y financiación.

Los aranceles, las sanciones y la deuda aparecen en la denuncia de la Relatora como posibles instrumentos de coerción económica.

El llamado a poner fin a las guerras, las ocupaciones ilegales y los conflictos sitúa la paz dentro de la política alimentaria, no como un asunto externo a ella. Sin embargo, prevenir el hambre también exige cooperación en tiempos de paz, diversificación de riesgos y protección de capacidades productivas territoriales.

La soberanía alimentaria no tiene que interpretarse como autosuficiencia absoluta: puede combinar mayor autonomía democrática con intercambios internacionales que no erosionen derechos.

La tensión geopolítica principal reside en que las reformas distributivas y financieras demandan cooperación precisamente cuando la competencia estratégica debilita las instituciones multilaterales y la rendición de cuentas.

Inteligencia Artificial y digitalización: innovación bajo control democrático

El informe reconoce nuevos desafíos asociados al despliegue de tecnologías en los sistemas alimentarios. A partir de la advertencia sobre Inteligencia Artificial (IA) y digitalización, el problema no es la tecnología en abstracto, sino las relaciones de control que organiza. Como ejemplos analíticos, plataformas cerradas, servicios de pago o uso de datos sin reglas claras pueden aumentar dependencias, limitar alternativas y desplazar conocimientos agrícolas.

A la vez, herramientas digitales podrían apoyar el seguimiento climático o el intercambio de información si son accesibles y responden a necesidades definidas con sus usuarios. El criterio debe ser la contribución verificable a los derechos, no la novedad tecnológica.

Como desarrollo operativo, resultan pertinentes reglas sobre control y uso de datos, transparencia, acceso equitativo, posibilidad de impugnar decisiones y participación en la gobernanza tecnológica. Es indispensable distinguir entre mejorar una herramienta y transferir a sus proveedores autoridad sobre semillas, prácticas productivas o conocimientos comunitarios.

La digitalización puede reproducir la concentración del sistema alimentario si no se acompaña de alternativas y salvaguardias; tampoco debe presentarse como sustituto de tierra, agua, infraestructura y capacidades humanas.

Identificación de crisis y hoja de ruta

El aporte principal del enfoque es integrar dimensiones que suelen abordarse por separado: supervivencia, desigualdad, cuidados, ecología, poder empresarial y relaciones internacionales. Su fortaleza reside en identificar que las crisis inmediatas se agravan sobre vulnerabilidades preexistentes y proyectar una hoja de ruta.

El desafío de una agenda fundacional tan amplia es traducir sus prioridades en instrumentos, responsables, recursos y resultados verificables.

En lo inmediato se trata de proteger a la población, sostener la asistencia y prevenir nuevas privaciones extremas; en el mediano plazo, fortalecer sistemas territoriales, medios de vida, cuidados y responsabilidad empresarial; y de forma sostenida, reformar incentivos económicos, ampliar el margen fiscal mediante mecanismos de deuda y reforzar la cooperación para la paz.

Estas tareas deben superponerse, no ejecutarse como etapas aisladas. Su seguimiento podría considerar acceso a dietas adecuadas, estabilidad de ingresos, cobertura de asistencia, carga de cuidados, participación efectiva, recuperación ecológica y recursos públicos destinados a la transformación.

Dignidad humana como criterio sustantivo del sistema alimentario

La hoja de ruta presentada por la relatora Monsalve Suárez sitúa la dignidad humana como criterio para juzgar el sistema alimentario. Su mensaje central está dirigido a atender las consecuencias del hambre, aspecto indispensable pero insuficiente si permanecen las estructuras que impiden alimentarse.

La paz, la responsabilidad pública y empresarial, la justicia de género, la participación comunitaria y la transformación económica y ecológica deben entenderse como dimensiones conectadas.

El reto no consiste únicamente en aumentar la oferta, sino en construir condiciones duraderas para que todas las personas accedan a una alimentación adecuada sin perder autonomía ni comprometer las bases de la vida futura.

Bibliografía

1.    Biblioteca Digital de las Naciones Unidas. Registro del documento A/81/201: The right to food, 2026. Identificación, autoría institucional, idiomas disponibles y descripción del informe. Consultar el registro oficial.

2.  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A/81/201: Reasserting human dignity in times of global war economies: an inception report, 15 de julio de 2026. Ficha temática y resumen oficial. Consultar la ficha del informe.

3.  El uso del hambre como arma de guerra supone un desafío moral sin precedentes para el mundo, afirma la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, 16 de octubre de 2026. Consultar el comunicado en español. Para el llamado explícito sobre alivio y reestructuración de la deuda, véase también la versión oficial en inglés.

4.  Naciones Unidas. Cobertura de las reuniones de la Tercera Comisión, GA/SHC/4445, 16 de octubre de 2026. Contexto de la presentación y del diálogo ante la Asamblea General. Consultar la cobertura oficial.

5.  Declaración de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Sofía Monsalve Suárez, en la apertura de la sesión 54 del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, 19 de octubre de 2026. Fuente complementaria posterior a la presentación del informe; no se confunde con el documento A/81/201. Consultar la declaración.