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Algo va del discurso del candidato a la responsabilidad del mandatario. Y así debe ser, especialmente en temas de Estado como la paz que incumben a la totalidad del pueblo y no solamente a una u otra de las parcialidades políticas que se disputan el electorado. Lo ocurrido en estos días con la negociación con el ELN es un ejemplo de ello.

En campaña, el candidato Duque afirmó: “Si el ELN quiere un proceso genuino de desmovilización, desarme y reinserción, debe concentrarse previamente con supervisión internacional, tiene que suspender todas sus actividades criminales, se debe definir un tiempo perentorio, y puede haber reducciones de penas, pero no la ausencia de ellas”.

Al tomar posesión, el Presidente Duque anunció que se tomaría treinta días para evaluar las negociaciones antes de determinar si les daba o no continuidad. Vencido el plazo, mientras sus copartidarios le instaban a elevar los condicionamientos en un esfuerzo por presionar el fin de la mesa, el gobierno daba un compás de espera al ELN para que liberara a los cuartos miembros de la fuerza pública y dos civiles retenidos en el Chocó.

Por su parte, el ELN señaló que al “colocar unilateralmente condiciones inaceptables, éste Gobierno está cerrando esta Mesa, acabando el proceso de diálogos y los esfuerzos hechos desde hace varios años por el ELN, la sociedad, el anterior Gobierno y la comunidad internacional”. Con todo, procedió a liberar, sin condiciones, las personas retenidas con una mediación de la Iglesia y el CICR que debe ser reconocida.

No hay duda que de ambas partes ha habido una necesaria flexibilización de las actuaciones frente a la dureza del discurso lo que augura bien para la continuidad de las negociaciones. Con todo, la situación luce difícil por varias razones. De una parte, el Gobierno busca mantener las exigencias en materia de secuestro en que se sustenta la diferenciación el diálogo del Gobierno anterior que aceptó negociar “en medio del conflicto”.

Sin embargo, el método del ultimátum es desaconsejado pues pretende obtener lo que debe acordarse mediante la negociación. Mientras se resuelve el tire y afloje sobre las exigencias de certeza respecto de las personas que se presume tiene el ELN en su poder, la mesa sigue vigente y las órdenes de captura de los negociadores continúan levantadas, así el gobierno no nombre sus representantes.

Un problema mayor está en el campo de los acuerdos con las Farc que se erige como el espejo en el cual se miran los insurgentes del ELN sobre el cumplimiento de los acuerdos a que puedan eventualmente llegar.  Son muchas las incógnitas sobre que puede estar pasando con los dirigentes que se retiraron de las zonas de reincorporación y cuyo paradero es incierto. Sin lugar a dudas, pesa mucho la inseguridad jurídica y también física que los rodea.

Mucho pende de la manera como se resuelva la solicitud de extradición de Jesús Santrich. En vez de estar amenazando con enviar a uno de los jefes negociadores a una cárcel en Estados Unidos, Colombia debería estar reafirmando su soberanía judicial para juzgar a quien quiera que sea acusado de delinquir después de firmados los acuerdos, aquí en Colombia, donde debe aportar toda la verdad a las víctimas.

Los dos procesos están interrelacionados. Por ello debemos insistir ante el Gobierno nacional para que no pierda la oportunidad de garantizarle a Colombia una paz integral, la paz completa que pondría fin definitivo al conflicto armado en todas sus expresiones; al ELN, que facilite las decisiones del Gobierno y a las Farc que no desfallezcan. Esta es una coyuntura de grandes incertidumbres, pero también de la oportunidad definitiva para darle a Colombia la paz y la normalidad que nos merecemos. Todos deben anteponer el interés nacional a cualquier otra consideración. Esa es la metamorfosis necesaria.