TSC / OMAR ROMERO DÍAZ /

Tras una revisión rigurosa del trámite legislativo del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno neoliberal de Abelardo de la Espriella, caracterizado por su visión cicatera al recortar rubros de derechos sociales esenciales, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández Silva junto a sus asesores encontraron que Cámara y Senado aprobaron textos diferentes, sin la conciliación obligatoria. Por el afán de pupitrearlo los congresistas aliados del Gobierno de ultraderecha terminaron haciéndolo mal, a medianoche, y de espaldas al país.

De esta manera, la parlamentaria del Pacto Histórico tumbó el proyecto de Presupuesto que comprometió todo lo aprobado en la madrugada del pasado martes 20 de octubre por las bancadas aliadas a De la Espriella, razón por la cual el Gobierno anunció que va a adoptarlo por decreto y su contenido será el texto que fue acogido en las Comisiones económicas de Cámara y Senado.

“¡A la mediocridad y la mentira las confrontamos con rigor y argumentos!”, expresó la senadora Hernández Silva al haber logrado este triunfo legislativo en contra del cuestionado Gobierno de De la Espriella.

Horas antes, la bancada parlamentaria del Pacto Histórico se había pronunciado contra los alcances cicateros del Presupuesto General en el que se prioriza el pago de la deuda que aumenta en un 46 %; recorta los recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales caen en un 82 %; mientras que el SENA pierde $500.000 millones y 14 departamentos recibirán menos inversión real.

 

Por esa razón, en protesta ante los recortes presupuestales el Pacto Histórico convocó para el martes 24 de noviembre a una movilización nacional.  La denuncia es clara: más recursos para la deuda y menos para la paz, la educación y las regiones.

Ultraderecha mete mano al bolsillo del pueblo y recorta rubros de derechos esenciales

Con este tijeretazo en el Presupuesto General, la ultraderecha pretende que los trabajadores, pensionados, campesinos y sectores populares paguen la factura de sus decisiones económicas. Mientras se habla de austeridad, se ponen bajo presión los recursos destinados a la salud, la educación, la agricultura, la justicia, la cultura, el medio ambiente y los derechos de las víctimas. Para el pueblo, sacrificios; para los privilegiados, protección.

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 no es una simple pelea de cifras. Es una discusión sobre quién paga, quién se beneficia y quién termina soportando las consecuencias. Cuando se amenaza la inversión social, no se recortan solamente partidas presupuestales: se afectan hospitales, escuelas, campesinos, familias trabajadoras y oportunidades para la juventud.

¿Dónde quedó la preocupación de la derecha y ultraderecha como Centro Democrático, liberales, conservadores, Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y otros partidos afines del Gobierno por los impuestos y el gasto público? ¿Por qué quienes antes cuestionaban los presupuestos ahora defienden decisiones que pueden golpear el bolsillo popular? La responsabilidad fiscal no puede convertirse en una excusa para descargar la crisis sobre quienes viven de su salario, su pensión o el trabajo diario, mientras se evita discutir con suficiente firmeza los privilegios tributarios y la contribución de quienes más tienen.

Cuando el Gobierno de Gustavo Petro proponía un presupuesto de menor cuantía, sectores de la derecha levantaban alarmas sobre el gasto público, los impuestos y el supuesto peligro para la economía. Ahora, el Congreso aprobó un presupuesto de 634,9 billones de pesos para 2027, superior al de 2026, en medio de un fuerte debate sobre la deuda, la inversión y los recortes sociales.

¿Dónde quedó entonces el discurso de la austeridad? ¿Dónde está la preocupación por el bolsillo de los colombianos? La crisis no puede seguir pagándola el pueblo.

Es especialmente grave que se cuestionen los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la búsqueda de personas desaparecidas. Las víctimas no son responsables de la crisis fiscal, y sus derechos no pueden convertirse en moneda de cambio de las disputas parlamentarias. La justicia, la reparación y la búsqueda de la verdad son obligaciones del Estado.

Por eso, Colombia necesita cuentas claras, transparencia en el gasto, lucha contra la corrupción y una distribución justa de las cargas tributarias. Quien tenga mayor capacidad económica debe contribuir de manera proporcional. No es justo cobrarle más al que menos tiene mientras se debilitan los servicios públicos que necesita la mayoría.

El 24 de noviembre, que se escuche la voz del pueblo

 

Frente a este panorama, el Pacto Histórico, los sectores sociales y democráticos del país han hecho un llamado a los trabajadores, las centrales sindicales, los pensionados, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, las organizaciones sociales, las víctimas y todos los sectores afectados: El 24 de noviembre hay que salir masivamente a las calles a protestar pacíficamente y a defender los derechos ciudadanos y de los trabajadores.

El pueblo colombiano no puede quedarse en la queja, la indignación de las redes sociales ni el lamento individual. La organización, la unidad y la movilización democrática son herramientas legítimas para exigir respuestas al Gobierno y al Congreso. Cuando las decisiones públicas amenazan las condiciones de vida de las mayorías, el pueblo tiene derecho a levantar su voz.

Marchar pacíficamente es defender la democracia. Protestar es exigir que se escuche a quienes trabajan, producen, estudian y sostienen al país. La movilización debe ser amplia, consciente, organizada y respetuosa de la vida, sin caer en provocaciones ni abandonar el propósito fundamental: defender los derechos sociales y exigir un presupuesto al servicio de Colombia.

El 24 de noviembre debe convertirse en una jornada nacional de dignidad, unidad y resistencia democrática. Que en las calles se escuche la voz de quienes rechazan que los costos de la crisis recaigan siempre sobre los mismos.

Que pague más quien más tiene y no quien menos puede. Los derechos no se mendigan: se defienden. El pueblo unido no puede ser ignorado.

Declaración de la bancada parlamentaria del Pacto Histórico