POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La solidaridad internacional no puede perderse entre discursos, cifras contradictorias y balances incompletos. Cada peso donado para los damnificados del terremoto que sacudió el pasado mes de agosto a varias regiones del país debe tener un destino comprobable.
Cuando ocurre una tragedia, los pueblos del mundo extienden sus manos para ayudar. Eso hicieron quienes aportaron dinero y recursos para las víctimas del terremoto en Colombia. Por eso, hoy tenemos una pregunta que debe escuchar toda la comunidad internacional: ¿cuánto dinero se recibió realmente, ¿dónde está y cuánto llegó a las familias damnificadas?
Según las cifras mencionadas en el debate público, la fundación de la esposa de Abelardo de la Espriella habría reportado 54.000 millones de pesos en donaciones. Sin embargo, también se han mencionado supuestos aportes empresariales por 370.000 millones y contribuciones internacionales cercanas a 136.000 millones.
Si esas cifras corresponden a recursos distintos, el total sería de 560.000 millones de pesos, frente a los 54.000 millones reportados, existiría una diferencia de 506.000 millones de pesos que necesita una explicación documentada.
Ojo. Una diferencia entre cifras anunciadas no demuestra, por sí sola, que el dinero haya desaparecido. Es necesario establecer cuáles aportes fueron promesas, cuáles se recibieron efectivamente, cuáles se entregaron en especie y cuáles fueron administrados por otras entidades. Precisamente por eso se necesitan cuentas claras, completas y verificables.
Los países donantes merecen respeto
A Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y a todos los países, empresarios y ciudadanos que contribuyeron, les corresponde conocer el destino de su solidaridad. Sus aportes no pueden quedar reducidos a anuncios publicitarios ni a balances parciales.
La esposa de Abelardo de la Espriella y las entidades que hayan administrado estos recursos deben explicar públicamente cuánto recibieron, quién entregó cada aporte, dónde se depositó el dinero, qué contratos se celebraron y qué ayudas llegaron a las comunidades.
La Contraloría, la Procuraduría y las demás autoridades competentes deben verificar las cifras y establecer si existen inconsistencias o posibles irregularidades. Si aparecen pruebas de malos manejos, los responsables deben responder ante la justicia, sin privilegios ni excepciones.
No estamos pidiendo condenas anticipadas. Estamos exigiendo transparencia. Quien administra recursos destinados a una tragedia tiene la obligación de rendir cuentas.
Las familias damnificadas no necesitan propaganda ni promesas interminables. Necesitan viviendas, ayudas, reconstrucción y soluciones concretas. Mientras tanto, quienes donaron desde Colombia y otros países merecen saber si su aporte cumplió el propósito para el cual fue entregado.
Que se publiquen las cuentas, peso por peso
Lo que se exige es un informe público, consolidado e independiente que detalle las donaciones recibidas, los recursos ejecutados, los saldos disponibles y las ayudas efectivamente entregadas. Que se identifique a los responsables de su administración y se explique cada diferencia entre las cifras anunciadas.
La solidaridad de los pueblos no es propiedad de ningún gobernante, familiar, fundación ni grupo empresarial. Es una ayuda destinada a quienes lo perdieron todo.
Colombia envía un mensaje a todos los países donantes: su solidaridad merece respeto y sus aportes merecen vigilancia. No permitan que sus contribuciones queden atrapadas en la opacidad burocrática o en la propaganda política.
Que aparezca la cifra real. Que se conozca el destino de cada aporte. Que los organismos de control cumplan su deber.
Los damnificados tienen derecho a saber. Los donantes tienen derecho a conocer. Y Colombia tiene derecho a la verdad.
La plata del terremoto se aclara y las cuentas se rinden ante el pueblo.
