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La crítica situación de hacinamiento y falta de infraestructura que se vive en las cárceles colombianas ha llevado a la Defensoría del Pueblo a calificarla como “tragedia humana”. Y es que desde hace algún tiempo la Corte Constitucional de forma reiterada ha llamado la atención frente a la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad debido a estas anómalas circunstancias.
A través de sentencias como la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, el tribunal constitucional ha señalado la responsabilidad que deben asumir las entidades territoriales de manera articulada (Nación, departamentos y municipios) con la población privada de la libertad.
“Uno de los asuntos neurálgicos respecto de la situación penitenciaria y carcelaria que enfrenta el país se refiere a la dificultad de establecer con claridad la responsabilidad que les compete al orden nacional y a las entidades territoriales”, expresó mediante Auto 486 del 15 de diciembre de 2020 la Corte Constitucional.
Ante la falta de definición de un régimen de competencias de las entidades territoriales en cuanto al sostenimiento de los establecimientos penitenciarios del país, el Congreso de la República tramita actualmente un proyecto de ley que va precisamente en esa vía.
La congresista del Pacto Histórico, Clara López Obregón, es la coordinadora de ponentes en la Comisión Primera del Senado de esta iniciativa de trascendental magnitud, pues de su aprobación y viabilidad dependerá en buena medida en el corto y mediano plazos contribuir a mejorar la situación de los colombianos privados de la libertad, respetando sus derechos humanos, a partir de un régimen que determine las responsabilidades que les concierne en materia carcelaria a la Nación, los departamentos y municipios.
Audiencia pública
Con el propósito de enriquecer el debate escuchando opiniones y sugerencias de representantes de instituciones públicas, academia y sectores concernidos en la problemática penitenciaria del país, la congresista López Obregón y su colega Germán Blanco, co-ponente del proyecto de ley, convocaron el pasado jueves 4 de abril una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado.
En desarrollo de la presentación de la audiencia, la senadora López Obregón al destacar las bondades de esta iniciativa legal de construcción colectiva en la que han intervenido entre otras entidades la Defensoría del Pueblo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Nacional de Municipios, resaltó que las obligaciones de las entidades territoriales en materia de financiación del Sistema Penitenciario y Carcelario es un tema ambiguo y por lo tanto urge ser definido.
En la actualidad, las entidades territoriales dependen de los recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones y de tributos cedidos o propios para el financiamiento del sistema carcelario. Estos recursos son bastante reducidos en casi todos los casos y se dirigen a cubrir una serie de necesidades que demandan bastante gasto, lo que implica restarle fondos a otros sectores sociales.
Mecanismos de financiación
Esta iniciativa que busca definir el régimen de competencias territoriales en materia penitenciaria y carcelaria (modificando y adicionando la Ley 65 de 1993), contempla incluir nuevas fuentes de financiación para su sostenimiento derivadas del Sistema General de Regalías mediante planes de inversión presentados por entidades territoriales, la asignación regional para viabilizar proyectos de mejora de infraestructura de los sitios de reclusión; asociaciones público-privadas (APP); obras por impuestos; cooperación internacional; y la adopción de un Documento CONPES para cofinanciar obras de mejoramientos físico en las cárceles.
Con la aprobación de este proyecto de ley, el Congreso de la República acogerá la recomendación de la Corte Constitucional que en sentencia SU-122 de 2022 extendió “el estado de cosas inconstitucional” al sistema penitenciario y carcelario del país, en el sentido de regular las obligaciones de las entidades territoriales en esta materia.
Y es que con esta iniciativa se logra la definición del ámbito de las competencias territoriales que es prioritario para comenzar a enfrentar la crisis carcelaria del país, ya que distribuye las cargas tanto financieras como administrativas.
Realidad carcelaria
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, al anunciar durante su intervención en la Audiencia pública el decidido apoyo del Gobierno nacional a esta iniciativa que busca mejorar las fuentes de financiación para infraestructura y sostenimiento de los espacios de reclusión en el país, consideró que la realidad carcelaria colombiana es de suma gravedad. Actualmente hay 200 mil personas privadas de la libertad; 67 mil en prisión domiciliaria; 20 mil en estaciones transitorias; 2.800 en cárceles municipales. Se enfrenta un hacinamiento del 24.5 % y están destinados 2382 agentes de Policía a custodiar sindicados. El sostenimiento de las personas condenadas está a cargo de la Nación.
Generalmente, dijo el ministro Osuna, los municipios ante la falta de recursos para cumplir sus obligaciones en materia carcelaria acuden al Inpec y a las Estaciones de Policía, que también adolecen de limitaciones financieras.
Resaltó que con este proyecto de ley se incluye a un nuevo actor en la responsabilidad de cofinanciar los gastos en materia carcelaria que es el departamento, lo cual contribuirá a solventar el déficit de 40 mil cupos que enfrenta actualmente el país.
Dijo que el reto del actual Gobierno es crear 9.500 cupos para lo cual se construyen dos nuevas cárceles: en Riohacha y Barrancabermeja, así como se adecúan nuevos pabellones en algunos centros penitenciarios del país con vocación de ser colonias agrícolas como la de Acacías, en el Meta, para procurar la resocialización de la persona privada de la libertad.
De ahí que lo relevante de este proyecto de ley, si es aprobado por el Congreso, es que se va a convertir en un instrumento de política pública carcelaria y penitenciaria del Estado colombiano.
