CON INFORMACIÓN DE MINISTERIOS DE JUSTICIA Y AGRICULTURA /
Desde el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro sancionó el pasado viernes 27 de marzo de 2026 la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una de las reformas más significativas del sistema judicial colombiano en las últimas décadas y un compromiso pendiente del Acuerdo de Paz de 2016.
La sanción se realizó en el marco de un acto simbólico y materialmente relevante para la región: la entrega de 3.600 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por la emergencia climática en Córdoba y el inicio de la demolición de jarillones para la recuperación de las Ciénagas del Bajo Sinú, ecosistema estratégico severamente alterado por intervenciones hidráulicas irregulares.
Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó el sentido histórico de la norma, concebida —según sus palabras— para sustituir la violencia rural por justicia institucional. “Cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución, que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, afirmó.
Petro destacó que la ley entra en vigor de manera inmediata y expresó su expectativa de que marque un punto de inflexión en la resolución de disputas sobre tierras en el país. “Aquí firmamos esa Ley, comienza a actuar, hecha para adelante desde el día de hoy. Buen viento y buena mar le deseamos”, señaló.
La Jurisdicción Agraria y Rural había sido prevista en el primer punto del Acuerdo Final de Paz, orientado a la Reforma Rural Integral. Su desarrollo normativo se dio a través del Proyecto de Ley 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023, que incorporó esta jurisdicción especializada en la Constitución Política.
El Congreso aprobó el proyecto en junio de 2024, resaltando su aporte a la protección de la propiedad rural y a la creación de jueces con formación técnica y sensibilidad frente a las realidades territoriales, étnicas y culturales del campo colombiano. Posteriormente, la Corte Constitucional avaló la mayor parte del articulado, introdujo ajustes puntuales y declaró inexequibles dos artículos por razones de unidad de materia, sin afectar la esencia de la ley.
Con la sanción presidencial, Colombia da un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema judicial especializado para el campo, en un país históricamente marcado por conflictos agrarios no resueltos.
El desafío de la implementación
La sanción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un hito político y jurídico en la agenda del actual Gobierno y, al mismo tiempo, una respuesta tardía pero estructural a uno de los problemas históricos del país: la ausencia de un sistema eficaz para tramitar los conflictos por la tierra.
Desde el punto de vista político, la ley materializa uno de los compromisos más sensibles del Acuerdo de Paz, cuya implementación ha avanzado de manera desigual. Al dotar al Estado de una jurisdicción especializada, el Gobierno busca cerrar la brecha entre el discurso de la Reforma Rural Integral y la capacidad real de garantizar derechos en el territorio.
En ese sentido, la decisión de sancionar la ley en Cereté —una región atravesada por despojo, conflicto armado, desigualdad agraria y degradación ambiental— refuerza el mensaje político de reparación histórica y presencia estatal.
La creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el país, junto con centros de apoyo técnico, facilitadores agrarios y procesos de selección por mérito con enfoque territorial, apunta a transformar no solo el acceso a la justicia, sino también la manera en que el Estado se relaciona con el campesinado, los pueblos étnicos y los pequeños productores. La especialización judicial rompe con la lógica tradicional de una justicia civil urbana que ha resultado insuficiente para comprender la complejidad del mundo rural.
En términos socioeconómicos, la Jurisdicción Agraria tiene el potencial de convertirse en un factor de estabilidad productiva y desarrollo rural. La inseguridad jurídica sobre la tierra ha sido uno de los principales obstáculos para la inversión campesina, el acceso al crédito, la formalización de la propiedad y la planificación productiva.
Un sistema judicial capaz de resolver conflictos de manera rápida, técnica y con enfoque diferencial puede reducir costos sociales, prevenir violencias y fortalecer economías locales.
La articulación anunciada entre esta jurisdicción y las políticas de redistribución, formalización y restitución de tierras lideradas por el Ministerio de Agricultura resulta clave. La justicia agraria no opera en el vacío: depende de información catastral confiable, de decisiones administrativas previas y de capacidades institucionales en los territorios.
En la medida en que estas políticas avancen de manera coordinada, la jurisdicción contará con mejores insumos para emitir decisiones legítimas y sostenibles.
No obstante, el principal desafío radica en la implementación efectiva. La ley estatutaria establece el marco general, pero su operatividad depende de hitos aún pendientes: la aprobación de la ley ordinaria de procedimientos, la reglamentación técnica y presupuestal, la asignación de recursos suficientes y la puesta en funcionamiento real de los centros de servicios y facilitadores. Sin estas piezas, existe el riesgo de que la jurisdicción quede como una promesa normativa sin impacto inmediato en la vida rural.
En suma, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural abre una oportunidad histórica para transformar la gestión de los conflictos por la tierra en Colombia. Su éxito no dependerá solo de su contenido jurídico, sino de la voluntad política, la capacidad administrativa y la coherencia interinstitucional para convertir la justicia agraria en un instrumento real de paz, equidad y desarrollo en el campo colombiano.
