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En las últimas tres décadas, América Latina y el Caribe se han convertido en una de las regiones más afectadas del mundo por las demandas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Los inversores extranjeros han presentado al menos 419 casos conocidos contra países de la región, y se ha ordenado a los gobiernos pagar 36.600 millones de dólares en indemnizaciones, una cantidad comparable a las necesidades de gasto público más importantes en diversos sectores.

Estos casos no son meras disputas legales abstractas. En uno de los laudos más cuantiosos, Venezuela fue condenada a pagar 8.400 millones de dólares a ConocoPhillips, mientras que Argentina pagó más de 5.000 millones de dólares para resolver una disputa con Repsol. Estos casos ilustran cómo el arbitraje de inversiones puede generar enormes costos para los presupuestos públicos e influir en las decisiones políticas.

El informe ‘ISDS en cifras’ constituye una de las sistematizaciones empíricas más completas sobre el funcionamiento y los efectos del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) en América Latina y el Caribe (ALC). Elaborado por el equipo de investigación del Instituto Transnacional (TNI), el estudio actualiza su base de datos hasta octubre de 2025, incorporando tanto el volumen de demandas como sus impactos fiscales, regulatorios y democráticos.

El reporte parte de una constatación central: el arbitraje de inversiones ha dejado de ser un mecanismo excepcional para convertirse en un sistema estructuralmente sesgado, que transfiere recursos públicos hacia grandes corporaciones transnacionales y restringe severamente el margen de maniobra de los Estados para regular en función del interés público.

Hallazgos clave: quién demanda, quién gana y quién paga

Desde una perspectiva político‑económica, el informe demuestra que el ISDS no es un sistema neutral, sino un entramado jurídico que reproduce relaciones de poder asimétricas entre capital transnacional y Estados periféricos.

Entre los principales hallazgos se destacan:

• América Latina y el Caribe es la segunda región más demandada del mundo, concentrando cerca de un tercio de los casos globales de ISDS conocidos.

• Las demandas se concentran en sectores extractivos (minería, petróleo y gas), lo que vincula directamente el arbitraje de inversiones con conflictos socioambientales y con la disputa por modelos de desarrollo.

• Los inversionistas de Estados Unidos, Canadá y Europa dominan ampliamente el universo de demandantes, mientras que los Estados latinoamericanos aparecen casi exclusivamente como demandados.

• Los laudos y acuerdos han significado miles de millones de dólares en pagos, recursos que podrían haberse destinado a salud, educación, infraestructura o adaptación climática.

El informe subraya que, incluso cuando los Estados “ganan” un caso, los costos legales y el efecto disuasorio (regulatory chill) generan impactos negativos duraderos sobre la formulación de políticas públicas.

Impactos sobre democracia, políticas públicas y desarrollo

El aporte central del informe del TNI es demostrar que el ISDS no solo tiene efectos económicos, sino también profundas implicaciones políticas e institucionales.

Desde esta óptica, el arbitraje de inversiones:

• Debilita la soberanía democrática, al permitir que tribunales privados internacionales revisen decisiones adoptadas por gobiernos electos.

• Prioriza la protección de expectativas de ganancia por encima de derechos colectivos como la protección ambiental, la salud pública o los derechos de los pueblos indígenas.

• Consolida un orden jurídico paralelo, inaccesible para ciudadanos y empresas nacionales, que solo puede ser activado por inversionistas extranjeros.

El informe cuestiona, además, la narrativa tradicional según la cual los tratados de inversión y el ISDS son herramientas eficaces para atraer inversión extranjera directa. Tras más de tres décadas de aplicación, no existe evidencia sólida de que estos mecanismos hayan impulsado el desarrollo, mientras que sí hay abundante evidencia de sus costos.

Relevancia del informe ante la decisión del Gobierno colombiano

La publicación de la segunda edición de ‘ISDS en cifras’ adquiere una relevancia política particular frente a la decisión del Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro, de retirarse del sistema internacional de arbitraje de inversiones.

El pasado 23 de marzo, más de 200 economistas y juristas de 24 países a través de una misiva pública instaron a Colombia a avanzar en su salida del ISDS y a liderar una coalición internacional de países que cuestionan este inicuo régimen jurídico. Entre los firmantes se encuentran figuras de referencia del pensamiento económico global, como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

El presidente Gustavo Petro anunció dos días después de haber recibido la carta que Colombia iniciará su retiro del sistema, argumentando que estos tribunales “terminan resolviendo las disputas a favor de los privados” y ponen en riesgo recursos públicos por montos equivalentes a decenas de billones de pesos.

Colombia y el patrón regional identificado por TNI

El informe del TNI permite contextualizar el caso colombiano dentro de un patrón regional más amplio. Colombia ha experimentado en los últimos años un aumento significativo de demandas ISDS, especialmente vinculadas al sector extractivo, lo que coincide con procesos de transición energética, regulación ambiental y defensa del territorio.

Tal como señala el reporte, este tipo de demandas no es accidental, sino que responde a la lógica estructural del sistema: cuando los Estados intentan regular sectores estratégicos, las corporaciones utilizan el ISDS como herramienta de presión política y financiera.

En este sentido, la decisión colombiana no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia emergente de cuestionamiento al régimen global de inversiones, impulsada tanto desde gobiernos como desde la academia y la sociedad civil.

Dispositivo de poder al servicio del capital transnacional

Desde una perspectiva crítica, ‘ISDS en cifras’ no es solo un informe estadístico, sino una intervención política fundamentada en evidencia empírica. Su principal contribución consiste en desmontar la supuesta neutralidad técnica del ISDS y mostrarlo como un dispositivo de poder al servicio del capital transnacional.

La decisión del Gobierno colombiano de retirarse de este régimen encuentra en el informe del TNI un respaldo analítico sólido, que evidencia cómo el arbitraje de inversiones ha contribuido a:

• La erosión de la democracia,

• La privatización de la justicia internacional, y

• La transferencia sistemática de recursos públicos desde el Sur global hacia grandes corporaciones.

En un contexto de crisis climática, transición energética y demandas de mayor justicia social, el debate abierto por Colombia —y documentado por el TNI— plantea una pregunta de fondo: ¿puede haber desarrollo sostenible y democracia plena bajo un sistema jurídico que subordina el interés público a la rentabilidad privada?