EDITORIAL TSC /

El evento ‘Horizontes del Cambio: Avances y desafíos de las Políticas Públicas Progresistas 2022-2030’, organizado por el Instituto de Pensamiento Progresista (IPP), reunió el pasado jueves 14 de mayo en Bogotá a dirigentes políticos, académicos y funcionarios para presentar un paquete de seis estudios sobre el balance del Gobierno del presidente Gustavo Petro y los retos estratégicos del país hacia el final de la década.

Este encuentro no fue únicamente un evento académico: también fue una intervención política para analizar y evaluar el cierre de gobierno y la legitimidad de un proyecto reformista que busca prolongar su influencia más allá de 2026. La selección de panelistas, la combinación entre voces del oficialismo y referentes internacionales del progresismo, y el énfasis en resultados medibles indican que el IPP intenta construir un lenguaje de validación pública para las políticas impulsadas por el Gobierno Petro.

En el acto participaron voces nacionales e internacionales como Pablo Iglesias, María José Pizarro, Germán Ávila, Martha Carvajalino, Antonio Sanguino, Daniel Rojas, Andrés Camacho, Rossih Amira Martínez y Tomás Leighton, en una programación que buscó combinar deliberación política, lectura de datos y proyección regional del debate progresista.

La puesta en escena del evento subrayó el propósito del IPP de intervenir en la conversación pública desde evidencia cuantitativa, interpretación de políticas y construcción de marcos narrativos alternativos a los de los centros de pensamiento tradicionales.

Nacido en 2024 y vinculado a una red internacional de pensamiento democrático, el IPP se presenta como un espacio de encuentro entre ciudadanía, academia y Estado. Su apuesta consiste en producir análisis con perspectiva progresista sobre democracia, transición energética, equidad de género, seguridad y economía. En el foro Horizontes del Cambio, esa misión tomó forma en seis estudios dedicados a desigualdad, seguridad, política del cuidado, transición energética justa, economía popular y cultura política, concebidos como insumos para medir el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y para ordenar la discusión sobre lo alcanzado y lo pendiente.

El componente de cultura política es especialmente relevante porque sugiere que la discusión ya no gira solo alrededor de indicadores de gestión, sino también a la existencia de una base social que demanda un Estado más activo en igualdad, protección social y defensa de los sectores vulnerables. Esa tesis encaja con la estrategia de convertir la evaluación gubernamental en un argumento de continuidad programática.

El evento evidenció la necesidad de traducir logros sectoriales en una narrativa de gobernabilidad capaz de resistir el grado de pugnacidad social que se vive en Colombia. En ese sentido, la apuesta del IPP es doble: defender que el progresismo sí produjo resultados verificables y, al mismo tiempo, demostrar que esos resultados pueden convertirse en plataforma intelectual y electoral para el ciclo político siguiente.

El desafío consiste en que la legitimación técnica no sustituya la deliberación democrática ni pase por alto los rezagos, conflictos territoriales y resistencias institucionales que siguen condicionando la implementación de las reformas.

En el plano socioeconómico, los informes presentados por el IPP apuntan a una conclusión central: durante el Gobierno Petro se han producido importantes cambios con efectos distributivos concretos, especialmente en salario, cuidado, transición energética y economía popular. Uno de los hallazgos más destacados es la reducción de la brecha entre salario mínimo y productividad laboral.

El incremento acumulado del salario mínimo y, en particular, el ajuste real para 2026, ha acercado esa brecha a niveles históricamente bajos, cuestionando la falaz tesis neoliberal según la cual mejores remuneraciones deterioran el empleo o incrementa el índice de inflación.

En transición energética se destacó un avance superior al inicialmente trazado en el Plan Nacional de Desarrollo, al señalar que la capacidad de energías limpias provenientes de fuentes eólicas y solares alcanzó cuatro gigavatios. Si esa cifra se consolida, su importancia no sería solo técnica sino política: implicaría que la transición dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en un indicador verificable de diversificación de la matriz energética.

A ello se suma la política del cuidado, cuyo valor transformador radica en haber desplazado este importante tema del ámbito estrictamente privado al terreno de los derechos sociales y de la acción pública, con efectos potenciales sobre igualdad de género, redistribución del tiempo y reconocimiento económico del trabajo históricamente invisibilizado.

El capítulo de seguridad aporta una lectura de alerta y más estructural: resalta una formulación participativa de la política de defensa y convivencia, pero advierte desajustes entre la lógica presupuestal de largo plazo y la temporalidad corta de la política pública. Esa observación es clave, porque muestra que parte de los límites del reformismo no dependen solo de voluntad política sino de arquitecturas estatales que dificultan la coherencia entre planeación, financiación e implementación.

Del mismo modo, el énfasis en economía popular reconoce la centralidad de los trabajadores no asalariados y de los circuitos productivos de baja escala, un enfoque que intenta ampliar la noción de desarrollo más allá de las métricas tradicionales de gran empresa y empleo formal.

En un contexto donde la discusión pública suele quedar atrapada entre la propaganda y la descalificación, el valor de los informes reside en proponer criterios de medición sobre desigualdad, seguridad, cultura política, transición energética y cuidado.

Una de las contribuciones de este evento académico es que no se trata solo de presentar balances de gobierno, sino ensayar una nueva infraestructura intelectual para leer el país.

El evento Horizontes del Cambio dejó planteada una tesis fuerte: que el ciclo gubernamental de 2022-2026 puede ser leído no solo como una experiencia política de avance histórico, sino también como un laboratorio de reformas con resultados mensurables y efectos simbólicos sobre la orientación del Estado.

La validez de esa tesis dependerá de la discusión pública que logren suscitar los seis informes, de la capacidad de sus autores para sostenerlos con evidencia y de la disposición de sus críticos para debatirlos en el terreno de los datos y no únicamente en el de la consigna. En ese cruce entre balance técnico, disputa ideológica y proyección de futuro se ubica el verdadero sentido del evento organizado por el IPP.