Luego de seis meses de la estruendosa intervención del Bronx, la administración distrital no presenta mayores avances, ni siquiera asomos de una política pública integral para atender a la población habitante de calle que se constituyó en la principal víctima de la intervención y que hoy, de acuerdo con expertos, está siendo presuntamente eliminada sistemáticamente por resultar incómoda no sólo para la administración distrital, sino para la ciudadanía en general. Así lo denunciaron durante debate convocado en la Cámara por los congresistas Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo e Inti Asprilla.

La representante Ángela María Robledo aseguró además que el Distrito tan sólo ha atendido a 550 personas de las 3.500 retiradas del Bronx, es decir, sólo el 16% de la población, que de acuerdo con el Secretario  Distrital de Seguridad, Daniel Mejía, fue expulsada del Bronx y de quienes aseguró que era mejor tenerlos en el caño.

¿Dónde están los habitantes de calle que fueron desplazados del Bronx? Preguntó insistentemente la congresista Robledo, a lo largo del debate de control político realizado el pasado 20 de septiembre, pregunta que sigue sin responder con el agravante de los permanentes hallazgos y señalamientos en el sentido de que  esta población podría ser víctima de una estrategia de “limpieza social”.

El representante Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo, denunció que, de acuerdo con reportes de Medicina Legal, este año han sido asesinados 99 habitantes de calle en Bogotá a 30 de noviembre. “Es decir, 9 habitantes de calle cada mes,  lo cual es una situación muy dramática que significa que por lo menos cada tercer día se cometen crímenes por intolerancia contra los habitantes de calle”, aseguró Uribe.

Uribe Muñoz igualmente denunció que a pesar de lo expuesto por la administración distrital, la oferta institucional para atender los más de nueve mil habitantes de calle es deficiente, “Según respuesta a derecho de petición, la Secretaría de Integración Social nos informó que a la fecha la oferta es de sólo 2.700 cupos, sumando la capacidad que tiene el IDIPRON y la propia Secretaria, lo que nos indica que no es como lo dice Peñalosa en sus intervenciones que tienen toda la capacidad, pero al mismo tiempo afirma que “No hay que hacerle la vida fácil en la calle a los habitantes de calle”

Las cifras hablan por sí solas, el déficit de oferta institucional se traduce en que los establecimientos de atención a los habitantes de calle lleguen a niveles de ocupación superiores al 90%, como se ve en un cuadro de la Secretaría de Integración en el que se ve por ejemplo que en los hogares de paso día y paso día y noche la ocupación es de 289 habitantes y 285 respectivamente, correspondiente al 96 y al 95 por ciento, a lo que se le suma lo expuesto por mucho de los habitantes que manifiestan que muchas ocasiones no encuentran cupo de dormitorio en los centros de atención.

Ángela María Robledo documentó e hizo seguimiento al recorrido realizado por un grupo entre 200 y 500 habitantes de calle que fueron literalmente arriados, violentados y hostigados por la Policía Metropolitana a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes no se conoce su paradero.

Parece increíble pero una de las acciones más contundentes emprendidas contra la población han sido ocho tutelas interpuestas por vecinos de los barrios a los que se desplazó esta población y que exigen que la Alcaldía los desaloje a la fuerza, a lo mejor recogiendo la premisa de Peñalosa frente a que “el orden urbano trae orden social”.

“El talante autoritario e higienista de Peñalosa empeñado en limpiar aquí,  embellecer y ordenar allá, puede estar incidiendo en esta práctica macabra de limpieza social que en palabras del profesor Carlos Mario Perea, es una práctica que (…)  condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar (…) Sus mismos perpetradores –asegura Perea- entienden que es un (…) acto de remover la inmundicia y la suciedad de aquellos que portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular”, dijo Robledo.

Según Perea las operaciones de exterminio social son frecuentes en Colombia y Bogotá no es la excepción, sobre todo en barrios populares como Ciudad Bolívar. Datos del CINEP del 2014  –citados en el libro del Centro de Memoria Histórica, Limpieza Social, Una violencia mal nombrada – indican que es una práctica con presencia en 28 departamentos y 356 municipios del país con un saldo de 4.928 personas asesinadas. “De los 189 casos ocurridos en Bogotá, con saldo de 346 homicidios, se identificó la práctica en cuatro expedientes directos y seis de miembros del Bloque Capital”. Como es común en Colombia es un crimen que está en la casi total impunidad, no existen mayores registros sobre el tema ni en las instituciones ni en las investigaciones académicas, como tampoco hay claras estadísticas de este crimen.

De acuerdo con Robledo pasados seis meses de la intervención en el Bronx, “Enrique Peñalosa no resuelve la crisis humanitaria que generó esta operación y que deja desamparada a la población habitante de calle que, de acuerdo con la Ley 1641 de 2013, tiene derecho a que se le  proteja y restablezca sus derechos. Peñalosa desconoce además las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que indican que son sujetos de especial protección”.

La Organización Parces denunció que luego de la intervención del Bronx se han registrado por lo menos 15 muertes violentas de habitantes de calle. “La violencia se ha convertido en el vehículo preferido de la Policía para recuperar el espacio público. La Alcaldía de Bogotá sembró en el imaginario colectivo que el habitante de calle es sinónimo de peligro y por tanto un sujeto que fácilmente puede eliminarse”, aseguró Alejandro Lanz, su director.

La audiencia convocada por los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla del Partido Alianza Verde y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo contó con la participación dePatricia Rodríguez, socióloga, coautora del libro Emergencia del sujeto excluido; Susana Fergusson, educadora comunitaria y trabajadora social; Alberto López de Mesa – ex habitante de calle y autor de “El Manifiesto Callejero”; Marcela Tovar, Filósofa y Directora de Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT); German Betancourt, Ex funcionario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON; Ángel “alias Todo Copas”,  rapero del Bronx; Pablo Zuleta, Médico psiquiatra; Ingrid Johanna Morris, Antropóloga experta en población habitante de calle y Wilfredo Grajales, Director del IDIPRON, entre otros.