Hace un par de semanas en entrevista con Darío Arizmendi en Caracol radio, la aspirante a la Vicepresidencia de la República, Clara López Obregón, fue indagada respecto al grave hecho de los falsos positivos que debió enfrentar cuando se desempeñaba como Secretaria de Gobierno de Bogotá. Sobre el delicado tema que la entonces funcionaria del Distrito trató con cautela y en procura de salvaguardar los derechos de las víctimas, no obstante que desde el Gobierno nacional y los medios de comunicación hegemónicos, le cayeron por considerar que había dimensionado los hechos, el tiempo y los mismos le terminaron dando la razón.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó si pensaba que los jóvenes procedentes del municipio de Soacha que habían aparecido en Ocaña, Santander, presentados por Fuerzas Armadas como NN muertos supuestamente en combate a Medicina Legal, eran víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones ilegales, López Obregón contestó que no, que de ninguna manera.

Esta fue la ocasión para que López Obregón recordará este doloroso episodio explicando que en seguimiento hecho por el Subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Gobierno de Bogotá enviado expresamente por ella a la ciudad de Ocaña, habida cuenta las informaciones que había recibido según las cuales podría tratarse de jóvenes desaparecidos procedentes de la capital de la República, se logró confirmarlas.

Lo que mostraron las indagaciones fue que esos eran casos de desaparición forzada con fines de homicidio. De una lista inicial de 19 jóvenes había varios casos en que entre el momento en que fue reportada la desaparición y su presentación como NN muertos en combate mediaba 17 horas, cuando el viaje en bus de Bogotá a Ocaña es de 13 horas. En otros casos era de 2, 3 o 7 días, tiempo insuficiente para que fueran reclutados, entrenados y puestos en acción de combate.

Al hacer la denuncia pública, López Obregón fue citada tanto al Concejo de Bogotá como a la Cámara de Representantes. En ambas corporaciones la criticaron y le solicitaron la renuncia por considerar que su versión era apresurada. La Vicefiscal de la época buscó desvirtuar la denuncia de la entonces Secretaria de Gobierno y aseveró en tono categórico que no había desaparición forzada con fines de homicidio. Igualmente, generales del Ejército y altos funcionarios del Gobierno nacional sostuvieron que las aseveraciones de López Obregón no eran serias.

Sin embargo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos respaldó la denuncia documentada de la entonces Secretaria de Gobierno de Bogotá.  En el mes de marzo de 2008 la propia alta comisionada, señora Navi Pillay, le dio un espaldarazo a López Obregón, descubriendo una placa conmemorativa de los 60 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en la entrada de la Secretaría de Gobierno.

Posteriormente, el Gobierno nacional y los medios de comunicación que la habían criticado no tuvieron más que darle la razón cuando se pasó a retiro forzoso a 28 militares de alto rango, y todas las denuncias que hizo fueron ratificadas por la justicia que ha proferido condenas sobre esos hechos.