“Es hora de cambiar el paradigma de la seguridad en Colombia y poner en el centro de atención la defensa de los ciudadanos, tanto en el campo como en las ciudades”, es la filosofía de la propuesta de Seguridad Ciudadana para el país que este domingo 25 de febrero presentó en el Colegio Potosí de la densa localidad bogotana de Ciudad Bolívar la fórmula presidencial que integran Humberto de la Calle y Clara López Obregón.
Se trata, como explicó De la Calle, de poner en marcha “una política pública de seguridad, basada en la prevención del delito y el desmantelamiento de las organizaciones criminales y no, como ocurre hoy, como una política de simple reacción a la criminalidad”.
La propuesta de Seguridad Ciudadana de De la Calle y López Obregón contempla un Plan Nacional de Desarme, en virtud del cual los colombianos dejarán las armas a un lado y los riesgos asociados a las mismas. Esto en la práctica significará que Colombia ya no estará entre los países con mayores índices de homicidio de América Latina y será ejemplo de convivencia en la región.
Al mismo tiempo se desarrollará un plan integral de seguridad para el posconflicto. Los colombianos que antes vivían a merced de los grupos al margen de la ley ahora estarán protegidos por todas las instituciones estatales y el espacio para los grupos criminales se habrá cerrado. Aunque el acuerdo de paz con las Farc ha reducido la violencia más que cualquier otra política, el Estado debe evitar que otros actores armados ilegales ocupen los territorios dejados por los combatientes desmovilizados. Para ello, es necesario combatir las economías ilegales, brindando las herramientas para el desarrollo productivo de las regiones. Igualmente, la seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad: que el centro de gravedad sea la protección de los ciudadanos en campos y ciudades.
De la Calle se comprometió a que en un gobierno suyo, “Colombia será un país libre de coca. El narcotráfico, finalmente, dejará de ser la pesadilla que sirve de gatillo para la mayoría de los problemas del país. Los índices de criminalidad asociada a este flagelo estarán en mínimos históricos. El programa Cero Coca establecerá una estrategia integrada para acabar con los cultivos ilícitos. A través del programa Brigadas Sociales jóvenes de zonas rurales, donde los cultivos ilícitos abundan, serán enviados a otras zonas del país, a llevar a cabo un servicio social remunerado que además de alejarlos del mundo de la coca, les permitirá un ingreso más fluido al mundo laboral pues habrán adquirido un año de experiencia laboral al finalizar el programa. Igualmente, se pondrá en marcha un plan de choque para la reactivación de la economía que contempla la inversión de capital público y privado en grandes proyectos empresariales estratégicos que generarán una demanda importante de mano de obra”.
De otro lado, se adoptará tecnología de punta y se capacitará a la Policía en labores de inteligencia para que luchen contra el crimen en las ciudades.
Además, se promoverá una exitosa reforma a la justicia que reducirá drásticamente los índices de impunidad, ejecutando un plan de mejoramiento carcelario ampliando la capacidad en 80.000 cupos. También se implementarán programas en las cárceles que le devuelvan su sentido originario a estos centros penitenciarios: “las cárceles colombianas serán verdaderos centros de resocialización y no, como ocurre hoy, universidades del delito”.
Otro de los aspectos a destacar de esta propuesta es el ataque frontal a la la delincuencia juvenil. Para ello se enfrentarán las causas de vulnerabilidad, responsable de que ciertas poblaciones, particularmente jóvenes provenientes de hogares con escasas oportunidades, terminen en manos de empresas criminales. Los jóvenes en edad vulnerable para ser reclutados, serán enviados a diversas regiones del país, donde tendrán un trabajo con impacto social. Se implementará una estrategia de vanguardia para luchar contra el microtráfico y el consumo de alcohol y tabaco.