Por Alpher Rojas Carvajal

Colombia invierte solo 0,3 % del PIB en ciencia, una de las menores inversiones en el hemisferio.

En la teoría de juegos hay leyes según las cuales siempre que se presenten determinadas condiciones tendrán lugar determinados efectos.

Desde hace ocho períodos presidenciales, incluidas las dos últimas reelecciones, nuestro país ha sido gobernado por mandatarios –y equipos ministeriales– subordinados al credo neoliberal o ‘nueva derecha’, como en su oportunidad bautizó el exministro e ideólogo socialdemócrata Hernando Agudelo Villa a quienes asumieron el control del poder organizado a partir de 1990.

Estos dirigentes, salvo Álvaro Uribe Vélez (cuyo gobierno es referente universal de la violación de derechos humanos, según Acnur: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2830.pdf), acamparon en un ignoto ‘Centro político’, cómoda zona de confort desde la cual les ha sido fácil disfrazar su identidad política, soslayar responsabilidades públicas y eludir los desafíos de las crisis generadas por las limitaciones del modelo.

Por cierto, todos ellos con discutibles competencias académicas y siniestras influencias en el proceso de toma de decisiones para avanzar en la modernización del país. Los resultados están a la vista: ambigüedad y deficiencia en la calidad y coherencia de las políticas públicas, concentración del poder económico, de la propiedad, del crédito y de las oportunidades en pocas manos, privatización de los sistemas educativos y de salubridad y la consiguiente exclusión económica y social de vastos sectores de la población. Su nula capacidad para desarticular los mecanismos estructurales de la corrupción público-privada y de descomposición social amenaza seriamente la estabilidad institucional. Bajo sus respectivos mandatos, las patologías del cortoplacismo y el clientelismo se enseñorearon del sistema político, como consecuencia de un entramado institucional que subordina sus decisiones a imperativos económicos a espaldas de los dictados de la ciencia aplicada y de la ética pública.

En días recientes, rectores de educación superior, docentes universitarios y científicos e investigadores sociales nos vimos compelidos a manifestarnos contra la decisión del gobierno Santos de reducir el presupuesto de Colciencias en un 40 %, y el uso de 1,3 billones de los 2,7 billones de este sector para financiar vías terciarias con la complacencia de las bancadas legislativas de los partidos tradicionales.

Trece nobeles acompañaron el reclamo: “Tenemos muy claro que la razón principal de esta situación está relacionada con la insensibilidad de los gobernantes y políticos frente a la gran opción de futuro que constituye la apropiación, generación y utilización del conocimiento en la búsqueda del bienestar general”.

Cifras citadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Accefyn) muestran que la inversión en investigación y desarrollo por habitante en países como Japón llega a los 1.385 dólares anuales, mientras que en Estados Unidos alcanza los 1.560; en Brasil, 473; en España, 608; en México, 188 y en Argentina, 130. El panorama en Colombia es muy distinto, pues según la misma academia, tras el recorte presupuestal Colombia solo invertiría 1,54.

Otro de los indicadores preocupantes es el número de investigadores por millón de habitantes, el cual también es bajo. Mientras en Israel es de 8.200; en Finlandia, de 7.000; en Estados Unidos, de 4.000 y en Brasi,l de 800, en Colombia son solo 180. Colombia invierte solo entre el 0,2 y 0,3 por ciento del PIB para la ciencia, una de las menores inversiones en el hemisferio.

Las estadísticas comparativas traducen el desconocimiento gubernamental basándose en el hecho de que la importancia de la ciencia y la tecnología aumenta en la medida en que el mundo asume lo que se ha dado en llamar “la sociedad del conocimiento”. Es decir, sociedades en las cuales la importancia del conocimiento crece constantemente por su incorporación a los procesos productivos y de servicios, por su relevancia en el ejercicio de la participación popular en los procesos de gobierno y también para la buena conducción de la vida personal y familiar.

De acuerdo con la Unesco, estos gobiernos han desconocido olímpicamente que la actividad científica es inexplicable al margen de los intereses sociales. Esos intereses se expresan, por ejemplo, en el financiamiento de la ciencia y en las prioridades que para ella se establecen.

Los investigadores colombianos nos habíamos hecho a la idea, y ¡la ilusión!, de que una vez firmado el acuerdo con las Farc, el presupuesto de defensa iba a disminuir y el de ciencia se incrementaría sensiblemente.

Sin embargo, tarde nos dimos cuenta de que al presidente Santos –como a sus seis pragmáticos antecesores– no le gusta o no le importa la ciencia. ¡Qué vaina!