Por Juan Gabriel Tokatlián

Esta novedosa coalición F-L-R no garantizará su triunfo en la primera vuelta de la elección de 2018.

El acuerdo entre Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo es un hecho promisorio para el sistema político y la contienda electoral.

Sin embargo, esta novedosa coalición F-L-R no garantizará su triunfo en la primera vuelta de la elección de 2018, y menos aún asegurará una administración relativamente buena para todo un cuatrienio. Debe ser ensanchada y robustecida.

Se trataría, en esencia, de pasar de una alianza electoral –el esquema del trío actual– cuyo propósito básico es ganar el próximo año a una alianza de gobierno cuyo objetivo debería ser contemplar un pacto de gobernabilidad sustentable y la concreción de un esquema plural para gobernar el país en una de sus coyunturas históricas más críticas y complejas. Se requerirá, en el futuro, un gobierno sólido para lidiar con una oposición que lo será también.

La coalición F-L-R se comprometió a confeccionar una lista de candidatos para el Congreso, a elaborar un programa único y a establecer un mecanismo de selección del candidato presidencial.

En ese proceso, y quizás para diciembre de 2017-enero de 2018, sería fundamental que el trío se despojara de prejuicios personales e ideológicos, realizara reuniones discretas y lograra compromisos efectivos con figuras que usualmente son mencionadas en las encuestas para la contienda presidencial. Me refiero, entre otros e inicialmente, a Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Clara López Obregón, Gustavo Petro, Simón Gaviria y Piedad Córdoba.

Entiendo que no es un proceso sencillo: es muy exigente, poco convencional y bastante arriesgado. Más aún, puede que alguno de los diálogos resulte infructuoso o que nunca se pueda consumar. Sin embargo, es imperativo que F-L-R intenten ampliar y profundizar el acuerdo suscrito. Más temprano que tarde, enfrente y a partir del acuerdo Uribe-Pastrana, se irán alineando todos los precandidatos conservadores (de partido y de talante) y de derecha (por preferencia y convicción).

El pasaje de una alianza electoral a una de gobierno significará, necesariamente, precisar el discurso de campaña. Algunos afirman, quizás con razón, que la cuestión de la paz no podrá ser, otra vez, el ‘leitmotiv’ de la contienda de 2018. Pero también es cierto que el lema de la lucha contra la corrupción, hoy tan gravitante, no garantiza una victoria en las urnas.

Una cosa es un eslogan de campaña –como lo fueron el ‘Sí se puede’ de Belisario Betancur y el ‘Mano firme, corazón grande’ de Álvaro Uribe– y otra, el mensaje electoral de por qué, para qué y con quiénes se quiere gobernar. Y en ese sentido, y hasta el momento, la coalición F-L-R carece de un mensaje convocante y movilizador, y, si los niveles de abstención histórica se mantienen, una contracoalición conservadora-derechista será la más favorecida.

El tránsito de una alianza electoral a una de gobierno implicará, además, ir delineando una agenda legislativa y de política pública para el primer tramo de gestión. Ya no será posible, como en el caso de la administración del presidente Juan Manuel Santos, concebir una economía del posconflicto como si no hubiese necesidad de modificar prioridades presupuestarias y poner un real acento en la equidad.

Ya no es viable, después de los acuerdos de paz, preservar intacto un sistema judicial que es hoy un obstáculo para la justicia. Ya no es factible hacer reformas cosméticas y contrarreformas paralizantes que solo perpetúan los niveles de corrupción pública y privada. Ya no es funcional –salvo para unos muy pocos– la multiplicación de diversas formas de criminalidad.

A estas alturas, el crimen organizado dejó de ser un asunto vinculado a grupos emergentes violentos: hoy está ad portas de tener una clase social criminal consolidada en amplios espacios geográficos. Por eso, y por tantos otros retos, la alianza electoral Fajardo-López-Robledo no es suficiente.

El Tiempo, Bogotá.