Por Lorena Arboleda Zárate / El Espectador
La exministra, hoy precandidata presidencial, dijo que se siente liberada tras su salida del Polo. Dijo, además, que si un gobierno de coalición a favor no gana en 2018, la paz estará en riesgo.
¿Qué es el movimiento “Todos somos Colombia”, que está promoviendo su candidatura presidencial?
Es un espacio de deliberación ciudadana, porque desde que salí del Ministerio del Trabajo me he venido reuniendo con gente de distintos sectores en búsqueda de ese hilo conductor hacia un nuevo país con visión unificada de nación. En esta coyuntura, superando lentamente el conflicto armado, se abre el espacio para una nueva forma de hacer política y comenzar a hablar no en contra de algo, sino a favor de algo.
¿Cuándo comienza la recolección de firmas para inscribirse?
Tendremos una asamblea nacional el 28 y 29 de julio, en Bogotá, y estamos estructurando delegaciones para abrir esa plataforma de unidad ciudadana y ponernos en la tarea de recolectar las firmas necesarias para una postulación a la Presidencia de la República.
Usted mencionaba la necesidad de salir a hablar a “favor de”… ¿Qué va a salir a defender en las urnas?
Vamos a hablar a favor de la consolidación de la paz y de la implementación con fidelidad de los acuerdos de La Habana, del pago de la deuda social acumulada a lo largo del conflicto armado y de la erradicación de la corrupción. En esos tres ejes se basará nuestra plataforma.
Ejes que comparte con otros precandidatos, como Humberto de la Calle, Claudia López, Antonio Navarro, Gustavo Petro… ¿Ya ha hablado con ellos para eventuales alianzas?
Sí, he conversado con ellos. En esta etapa todavía es prematuro hablar de concreción de coaliciones y alianzas, pero sin lugar a dudas es muy importante que todos los sectores que tienen afinidad estén en contacto para unificar fuerzas. Tenemos que ir estructurando las posibilidades reales para llegar a ser una opción presidencial.
¿Para llegar a una primera vuelta en coalición que evite que el Acuerdo de Paz se haga trizas?
Ese es el deseo. Que tengamos la madurez y la voluntad política de hacerlo es lo que está en cuestión.
A su renuncia al Polo se han sumado varios miembros del Comité Ejecutivo porque ya no se sienten representados allí. ¿Qué lectura le da hoy al partido que usted alguna vez dirigió?
El Polo se fue ensimismando y, en vez de abrir un espacio de participación para incluir nuevos sectores, se fue encerrando y se convirtió en una secta en la que el que no comulga hasta con el punto y coma no es bienvenido.
¿Le adjudica esa culpa al senador Jorge Robledo?
A mí no me gusta personalizar, pero todos los dirigentes del sector que él lidera tienen un sectarismo dogmático que está mandado a recoger.
¿Se ha sentido agredida por él?
He sido víctima de un matoneo que tiene hasta características de machismo e irrespeto, y por eso dejé el partido. El matoneo y los insultos ya estaban afectando mi dignidad. Hoy me siento liberada. El espacio que se abre cuando uno está libre de ataduras es absolutamente constructivo.
Cuando usted dejó el Ministerio fue muy criticada por su supuesta incoherencia al aceptar un cargo dentro del Gobierno, perteneciendo a un partido de oposición. ¿Qué responde hoy a esas críticas?
Tengo un criterio de independencia política que me ha acompañado antes del Polo, durante mi estadía allí y luego de mi salida. El país necesita transitar hacia una modernización en sus prácticas políticas y, en esta coyuntura en que se ha logrado poner fin a un conflicto armado, el país debe empezar a madurar en cómo abocar sus diferencias y cómo aceptar cuando hay coincidencias. La oposición sistemática, que todo lo señala de malo, no es lo que le conviene a la sociedad. Con el Gobierno teníamos la coincidencia sobre el que considerábamos era el tema central para sacar a Colombia del atraso: el fin del conflicto armado.
Y por eso aceptó el cargo que le ofreció el presidente Santos…
Cuando tomamos la determinación en la segunda vuelta de apoyar al presidente Santos para sacar el proceso de paz adelante, estábamos dando una apuesta distinta a la oposición sistemática. Entonces, en función de esa coincidencia, entro al Gobierno en un experimento de cohabitación, porque para nadie es un secreto que tengo diferencias muy profundas en otros temas con el gobierno de Santos. A quienes me critican porque no soy opositora a rajatablas les digo que, efectivamente, tienen toda la razón y que mi ejemplo de cohabitación es el que se debe consolidar para el gobierno de coalición de 2018.
¿Cómo analiza el rol que, como partido de oposición, está ejerciendo el Centro Democrático en medio de tanta polarización?
Más que polarización, lo que hay en Colombia es la radicalización de la derecha, que pasó más allá de la oposición sistemática a la negación de la evidencia empírica y que ha convertido el proceso de paz en una bandera electoral, tergiversando, distorsionando y repitiendo falsedades. Muchos de los integrantes de esa posición política, que no están todos en el Centro Democrático, están utilizando la esencia de la democracia -la libre expresión- no para fortalecerla sino para destruirla.
¿En esa oposición cuenta el exvicepresidente Vargas Lleras? Se lo pregunto por su largo silencio en torno al Acuerdo de Paz…
Es como un silencio y un deseo de no estar ni de un lado ni de otro. Una neutralidad que, sobre temas esenciales como el proceso de paz, son difíciles de llevar. Uno quisiera que ese silencio implicara una estrategia para no alienar votos, pero de pronto puede representar un desacuerdo con el proceso de paz. No tengo manera de saber si es un silencio estratégico o una oposición soterrada.
¿Está en riesgo la paz si el gobierno de convergencia no gana las elecciones del año entrante?
Sí, porque le escuché una morigeración al expresidente Uribe sobre el anuncio de hacer trizas los acuerdos. Él dijo luego que solamente los iban a modificar. Pero quieren modificar su esencia: la partición en política y la Jurisdicción de Paz. Los acuerdos son para cumplirse y me parece muy delicado que diga que con mayorías parlamentarias van a echar para atrás un acuerdo suscrito por el Gobierno, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.