Revista Dinero
La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, sigue figurando en las encuestas sobre los precandidatos a la Presidencia en 2018. El hecho demuestra que sus propuestas tienen validez en algunos sectores. A pesar de la polémica con los representantes de su propio partido, el Polo Democrático, por haber participado de un gobierno de unidad nacional, López parece seguir representando un sector de la izquierda.
Prueba de ello es una pelea que ha pasado desapercibida hasta el momento para la opinión pública entre los empresarios y la Ministra. El debate tiene origen en un paquete de propuestas que López llevó en enero pasado a la Comisión Permanente de Concertación Laboral, una instancia tripartita en la que los sindicatos, los empresarios y el Gobierno discuten temas clave sobre la situación laboral del país.
La propuesta ha resultado sorpresiva para los empresarios, que ya escalaron el tema hasta el propio Presidente de la República, quien los recibió el pasado miércoles 5 de abril para escuchar sus quejas sobre las propuestas de la ministra López.
Dentro del paquete de medidas que pidió la Mintrabajo sean analizadas por la Comisión, están la eliminación de los pactos colectivos en aquellas empresas donde existen convenciones colectivas y, dos, la aplicación de negociaciones de industria en los pliegos de peticiones que presentan los trabajadores para discutir con los empresarios.
Dinero realizó una entrevista en extenso con la Ministra, para que diera respuesta a todos estos interrogantes. Estas son.
¿Cómo está viendo las cifras de empleo?
Yo creo que la cifra registra un aumento coyuntural, porque para nadie es un secreto que ha habido un desaceleramiento económico que se demoró en reflejarse en el empleo, porque la verdad es que el país ha venido generando puestos de trabajo aunque en menor cantidad. Haber pasado a dos dígitos en febrero es un tema coyuntural; pero lo que esperamos es que no suba mucho más, porque ya empieza a recuperarse la economía y hay una perspectiva de mejora este año.
¿Qué está pasando? Nadie espera que el desempleo vuelva a niveles de 20%, pero tampoco bajamos más allá de 9%.
Ese es un tema de carácter macroeconómico. El fenómeno del desempleo está asociado a la tasa de crecimiento y el tema de informalidad está muy asociado a la estructura inequitativa del país, que, aunque ha mejorado un poquito en el índice Gini, sigue siendo demasiado desigual en comparación con otros países de América Latina.
¿No tiene que ver eso con las fallas estructurales del mercado laboral que no permiten un ajuste óptimo entre la oferta y la demanda? Por ejemplo, el encarecimiento del trabajo por los costos no salariales y una fijación muy alta del salario mínimo.
Yo creo que esas son tesis y hay distintas escuelas económicas sobre la materia. El tema de la oferta y la demanda llevaría a una conclusión absolutamente absurda y es que, si tenemos salarios cero, lograríamos empleo total. Yo no pienso que el nivel de empleo esté totalmente asociado al nivel del salario mínimo, como lo plantean algunos, en la medida en que el salario mínimo en Colombia no es un salario elevado en comparación con otros países. Nuestras normas laborales han sido flexibilizadas al máximo, entonces cuando usted mira que pasamos de 9% a 10,5% no creo que eso tenga que ver con el salario mínimo. Todo lo contrario, se ve que es un rezago de la desaceleración económica que vivimos el año pasado y que estamos en proceso de superar.
En caso de una crisis, si los salarios se redujeran un poco, habría la “tentación” por parte de los empresarios de mantener a los empleados por un poco más de tiempo en sus puestos de trabajo.
Yo plantearía en este punto las propias estadísticas globales de la economía: este año subió 7% el salario mínimo y 12% las utilidades de las empresas, con empresas que tuvieron incluso aumentos de 60%, de 70% y hasta de 100% en sus márgenes. Entonces, a mí me parece que ese tipo de argumentos están diseñados de verdad para tratar de presionar hacia abajo los salarios y a eso es a lo que se refieren los capítulos laborales de los tratados de libre comercio: que la competitividad internacional no se puede conseguir a costillas de reprimir los salarios, sino a costillas de mantener unos estándares que generen mayores niveles de productividad y calidad de los productos.
Se ha hablado mucho del costo de generar un empleo por cuenta de los parafiscales. Por eso se han planteado reformas a estos. ¿Está de acuerdo?
De hecho se han eliminado y se han reducido ostensiblemente y no soy partidaria de continuar reduciéndolos, porque son complementos del salario básico que han generado la posibilidad de tener una clase media en Colombia. Por ejemplo, yo creo que, si se eliminan las convenciones colectivas que también buscan mejores condiciones que las básicas del Código Sustantivo del Trabajo y seguimos por la vía de una flexibilización total, lo que van a acabar es con la clase media. Si el objetivo es reducir los salarios, que todo el mundo gane salario mínimo legal, con excepción de los altos ejecutivos del Gobierno y las empresas, me parece que estamos yendo hacia un país desequilibrado que no tiene una base de cohesión social sólida.
¿En qué paró la reforma que buscaba retomar las horas extras desde las 6 pm?
No ha habido posibilidad de que en la Comisión Séptima del Senado presenten la ponencia. Fue aprobado por la plenaria de la Cámara y va a tercer debate en el Senado. Allá lo que pasó es que llegaron los empresarios, con sus gremios, con una fuerte presión y después de esos foros que se hicieron no ha sido posible que se presente ponencia. Incluso han hecho ponencia sobre muchos otros proyectos y ese está ahí estancado. Este proyecto es de iniciativa parlamentaria y lo apoya el Gobierno en su conjunto; esto no es una quijotada del Ministerio del Trabajo, sino algo que ha sido aprobado por el Presidente de la República. Por eso hicimos una conciliación en Cámara que no era todo lo que pedía el proyecto de ley, que era regresar a las horas extras desde las 6 pm, ni todo lo que pedían los empresarios, que era dejarlas desde las 10 de la noche, sino reducir la jornada laboral a las 8 de la noche. Ese punto medio que reunió el amplio consenso de la Cámara ya no lo reúne en el Senado de la República por la fuerte presión de los empresarios.
¿Cómo van los procesos de las empresas en los temas de tercerización laboral y las cooperativas de trabajo asociado (CTA)?
Como ya lo había dicho, no toda reducción de salarios se traduce en más empleo, sino en un intercambio de la remuneración de los factores de producción, entre el capital y el trabajo. Ha habido una mejora en materia de CTA, aunque todavía no podemos cantar victoria, porque tenemos muchos desafíos. Pero, dicho eso, ha habido un traslado hacia otros mecanismos jurídicos, como los contratos sindicales y las SAS. El Código Sustantivo del Trabajo está diseñado bajo el principio de que la regla es la contratación directa entre el empleado y el empleador; la excepción es la contratación indirecta. Las dos excepciones son la subcontratación de obras y servicios y la intermediación laboral. Lo que está pasando de hecho es una combinación de las dos figuras y eso es lo que la legislación laboral no acepta.
Los trabajadores estatales presentaron su pliego de peticiones y el Ministro de Hacienda ya dijo que si se cumplieran esas exigencias le costaría al país $20 billones. ¿Cómo ve la negociación?
Muy dura, porque lo que están solicitando los trabajadores es eliminar la tercerización en el sector público. Ellos dicen: el grueso de los contratos por servicios no son de carácter temporal, sino permanente. Entonces están planteando que se incorporen a las plantas. Eso tiene un costo. Nosotros acabamos de hacer la formalización más grande del sector público: en el Sena incorporamos 3.800 empleados: 3.000 en la nómina permanente y 800 en una nómina temporal. En el sector privado tenemos previsto para el 25 de abril 3.000 trabajadores en Avianca. Se trata de pasar trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado a la planta permanente.
¿Hay otras empresas que estén en esas circunstancias?
Habría que mirar las listas de sanciones. Es antipático, un Ministro no tiene por qué andar señalando una empresa.
¿Cuántas investigaciones se han dado por este tema?
El año pasado se impusieron 197 sanciones por este tema de tercerización indebida, por un valor de $87.000 millones en un universo de unas 2.200 sanciones por $156.000 millones.
Hay una preocupación entre los empresarios por cuenta de su propuesta sobre los sindicatos de industria. ¿En qué consiste?
En primer lugar, el sindicato de sector, de actividad o de industria es la regla en el mundo. Colombia es tal vez de los pocos países donde todavía la legislación no contempla la negociación por rama de actividad que está contenida en uno de los convenios de la OIT suscrito por Colombia. Entonces, de hecho en la parte normativa ya está aprobado el convenio correspondiente de la OIT. Lo que yo presenté a consideración de la mesa nacional de concertación laboral para abrir la discusión fue un proyecto de reglamentación de ese convenio de la OIT.
¿Qué otras propuestas presentó?
Otra discusión que planteé fue la necesidad de fortalecer los sindicatos a través de la eliminación de los pactos colectivos donde hay convención colectiva; lo que ha pasado con los pactos colectivos es que han sido utilizados para debilitar a los sindicatos ofreciendo condiciones mejores que no se negocian colectivamente sino que se llama trabajador por trabajador y eso ha tenido un impacto muy grande en la reducción de los sindicatos en Colombia. Uno entiende que haya mucha prevención y resquemor frente a los sindicatos. Eso es lo que heredamos del conflicto armado. Tenemos que abrirnos y ese es el objetivo de presentar todas estas propuestas en la Comisión de Concertación Laboral. Debemos empezar a hacer diálogo sobre cómo vamos a fortalecer los sindicatos, que son una herramienta fundamental de la democracia.
¿Hay más ideas?
Hemos presentado a consideración de la mesa de concertación laboral varias iniciativas de discusión de reforma laboral para presentar por la vía ordinaria. Y al mismo tiempo le hemos informado de las piezas normativas que son desarrollo del proceso de La Habana, que tienen que ver con el piso de protección social, con el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control y con temas de discapacidad.
¿Las propuestas de reforma laboral se refieren a qué?
Primero, sería un proyecto de ley para eliminar los pactos colectivos en las empresas donde hay sindicato, como ya comenté. Ese no les gusta a los empresarios, porque con los pactos colectivos eso está acabando con los sindicatos. El otro proyecto también lo comenté y es el de la negociación por rama. Otro de esos es el de regular el derecho de huelga en los servicios esenciales y el que busca racionalizar la representatividad sindical. Por ejemplo, se da que en varias empresas hay 8, 10 y hasta 15 sindicatos, eso lo han llamado una especie de carrusel sindical.
Lo que buscamos es que se pueda racionalizar la negociación de una convención colectiva al interior de una empresa. Hoy, donde hay muchos sindicatos se pueden aparecer siete representantes por sindicato y usted tiene una negociación de convención con 50 personas. Eso no le sirve ni a la empresa ni a los trabajadores. La tesis es que vamos a limitar el número de personas que pueden negociar el pliego a 10. Todas estas propuestas se presentaron ante la mesa de concertación para realizar una discusión entre empresarios, trabajadores y Gobierno; son elementos de una reforma laboral mirando a la construcción de paz y reconciliación.
El miedo entre los empresarios es a que con la implementación de la negociación por sindicatos de industria haya problema, porque las grandes empresas pueden ofrecer unas prerrogativas a sus empleados que las pequeñas no podrían.
Eso es parte del proceso de la discusión, obviamente que lo que se puede negociar a nivel general son unas condiciones y a nivel particular otras. Pero no es una negociación que se vaya a aplicar igual a todo el mundo.