TSC /

Las reformas sociales que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro son un mandato popular porque ellas sustentaron su promesa de campaña que ganó en las urnas, ¿pero qué se puede hacer si el Congreso de la República que es un fortín de los partidos tradicionales, defensores del statu quo, las bloquea? Lo que está haciendo el Presidente es agitar a la ciudadanía para que participe en el debate, se haga sentir y asuma su condición de constituyente primario, como sucedió con la Octava Papeleta en 1990. En ese entonces el clamor ciudadano de los jóvenes por la convocatoria de una Constituyente se consolidó en un hecho político, ese sí extra-constitucional, pues la Constitución de 1886 no contemplaba la utilización de este mecanismo y sin embargo fue posible su realización en 1991.

El planteamiento de Petro de generar un proceso constituyente apunta a movilizar a la ciudadanía para lograr el desbloqueo institucional, por cuanto que ha sido evidente que los sectores de oposición no aceptan “la alternancia de gobierno”, dijo la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, durante su participación en el Conversatorio Reforma Constitucional vía Constituyente que fue convocado por el Centro de Altos Estudios Legislativos (CAEL) del Congreso de la República y que tuvo lugar el pasado jueves 21 de marzo.

La senadora López Obregón participó en este evento de debate político-académico con sus colegas María José Pizarro y Humberto de la Calle Lombana, el cual estuvo moderado por el exmagistrado Humberto Sierra Porto.

Para la congresista del Pacto Histórico lo interesante de la propuesta de Petro es el de lograr garantizar una serie de derechos sociales colocando la institucionalidad del Estado al servicio de la gente.

Es que, explicó la senadora López Obregón, es preciso tener en cuenta que en la Constitución de 1991 se introdujo el ‘dogma’ del modelo neoliberal sustentado en la privatización de los activos públicos, la garantía a la actividad especulativa del gran capital y la conversión de los derechos sociales en rentables negocios. Toda una contradicción al título primero de esta misma Carta Política que define a Colombia como un “Estado Social de Derecho”.

Ello conllevó, agregó la dirigente política, a que el Estado le entregara al mercado decisiones distributivas. Puso como ejemplo el hecho de que en 958 municipios no se garantiza el derecho a la salud. “Le entregaron este derecho al mercado donde no hay mercado”.

Además, el actual modelo económico vigente, dijo, ha promovido una mayor concentración económica del poder, pues se fomentó el monopolio de las empresas que manejan y controlan los servicios públicos. Este poder económico, subrayó, terminó “capturando a las instancias de regulación y control del Estado”.

“Lo que está en juego en Colombia es la estructura de poder”, señaló la congresista y expresó que no solo el bloqueo institucional es del legislativo. Trajo a colación también los alcances de una sentencia de la Corte Constitucional en virtud de la cual se arroga la suspensión de las leyes mientras se estudia y falla sobre su exequibilidad.

Ante este tipo de inequidades, lo que hace el primer mandatario es propiciar un gran debate nacional que posibilite un nuevo acuerdo de país que concrete unos mínimos estructurales y estratégicos que posibiliten la garantía efectiva de derechos, enterrar las violencias, sobre todo la que genera la exclusión y la injusticia social, explicó la senadora López Obregón. Se trata, afirmó, de “una discusión válida de democracia en democracia”.

Puntualizó que el debate es saludable en términos democráticos porque es una convocatoria a la discusión, un ejercicio dialéctico, de conciencia política, no entre las élites y los sectores políticos tradicionales sino entre los ciudadanos, en las poblaciones, en las regiones de la Colombia profunda.

De ahí la reacción negativa de las élites que no creen en la democracia, sino en una que sea a su medida. Porque si algo las ha caracterizado históricamente es que le tienen miedo a la voz del pueblo.