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Lo ocurrido en Llanogrande, Rionegro (Antioquia), a propósito del mural elaborado por colectivos sociales y artísticos cerca de la residencia del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, no debería leerse únicamente como un episodio más de pugnacidad política y social. Lo que allí se puso en escena fue algo más profundo: la dificultad que aún tiene una parte del poder político colombiano, caracterizado por su tinte fascista, para aceptar la crítica pública, la protesta simbólica y el ejercicio de memoria sobre los años más duros del conflicto y de la securitización del Estado.

Cuando una manifestación pacífica como la del pasado martes 19 de mayo es respondida con hostilidad verbal o con intentos de silenciamiento, la discusión deja de ser solo sobre una pared pintada y pasa a ser sobre la calidad misma de la democracia.

En una sociedad democrática, el espacio público no está reservado para la veneración del poder ni para la comodidad de quienes han ocupado los más altos cargos del Estado. También pertenece a la ciudadanía que cuestiona, recuerda y exige verdad, sobre todo de graves hechos violatorios de derechos humanos como los acaecidos durante la opaca administración de Uribe Vélez (2002-2010).

Los murales, grafitis y otras expresiones artísticas han sido, históricamente, vehículos de denuncia, de duelo y de resistencia civil. Pueden incomodar, sin duda, pero precisamente ahí radica buena parte de su fuerza política: en su capacidad de interpelar relatos oficiales y abrir conversaciones que sectores de la impresentable ultraderecha colombiana preferirían clausurar. Defender ese derecho no implica avalar cualquier forma de agresión; implica reconocer que la crítica pacífica es un componente legítimo de la vida democrática.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la memoria no es un capricho ideológico ni una afrenta personal: es una condición para la verdad y para la no repetición. Por eso resulta preocupante que, frente a expresiones que evocan debates sobre violaciones graves de derechos humanos, la reacción no sea la apertura al escrutinio público, sino la descalificación de quienes recuerdan.

El liderazgo democrático se mide también por la capacidad de tolerar el cuestionamiento, incluso cuando este resulta duro o incómodo. Quien ha ejercido el poder en momentos decisivos de la historia nacional debe entender que su oscuro y cuestionado legado no puede quedar blindado frente a la deliberación ciudadana.

El problema de fondo, entonces, no es solo el desacuerdo con un mural, sino el tipo de cultura política que se expresa cuando la discrepancia se interpreta como amenaza y no como derecho. Allí aparece una lógica negacionista que busca desplazar o minimizar discusiones incómodas sobre el pasado, así como una noción restrictiva de ciudadanía según la cual solo serían legítimas las voces complacientes. Esa actitud erosiona la convivencia democrática porque convierte la crítica en provocación, la memoria en ofensa y el disenso en enemistad. Ninguna democracia sólida puede edificarse sobre esa fragilidad frente a la palabra ajena.

Más que indignarse por una pintura en un muro, los sectores que aún respaldan al uribismo deberían preguntarse por qué todavía incomoda tanto que la ciudadanía reivindique la memoria y exija debates de fondo sobre el uso del poder, la dignidad de las víctimas y los límites del autoritarismo.

El reto no consiste en proteger a los liderazgos del juicio crítico, sino en garantizar que ese juicio pueda expresarse sin miedo. Si Colombia aspira a construir una democracia madura, tendrá que aprender a tramitar sus desacuerdos sin censura, sin estigmatización, sin imprecaciones, injurias y sin pretensiones de impunidad simbólica.

El mural de Rionegro, más que una provocación, puede leerse como un recordatorio de que la memoria sigue viva y de que el silencio y la negación de ninguna manera son una opción democrática.