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El consenso general en América Latina y el Caribe es que el crimen organizado es la amenaza principal para la seguridad de la región. Lo que generalmente se omite notar es el papel central del Gobierno estadounidense en la manipulación de las estructuras regionales del crimen organizado y el lavado del dinero para poder justificar su amenazante presencia militar. La propaganda norteamericana ocupa la coartada de estar luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico para justificar su extensa presencia militar en la región.
Últimamente, ha servido al Gobierno de Donald Trump para amenazar a México con posibles incursiones militares y para movilizar buques de guerra con capacidad de asalto anfibio y contingentes y de marines para amedrentar a Venezuela.
De hecho, desde hace décadas se ha demostrado de manera contundente que las instituciones financieras norteamericanas lavan el dinero del narcotráfico y que las autoridades norteamericanas fomentan el crimen organizado y el narcotráfico por medio de la CIA y su llamada agencia antidrogas, la DEA.
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Hace más de 15 años las autoridades venezolanas establecieron que la DEA es meramente otro cartel del narcotráfico regional. Es notorio que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reportó en 2009 que fue dinero del crimen organizado y el narcotráfico que mantenía a flote el sistema bancario norteamericana durante el colapso financiero de 2008-2009.
Los datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establecido por los países ricos del G7 en 1989 para controlar el lavado del dinero internacional, señalan que entre 2 % y 5 % del Producto Interno Bruto del mundo procede de actividades ilícitas. Las jurisdicciones norteamericanas y británicas se encuentran entre las cinco más involucradas en el lavado de dinero, junto con la de Suiza. El mismo FBI norteamericano calcula que en la jurisdicción norteamericana se procesan más de US$300 mil millones en fondos ilícitos al año. Un monto similar de fondos ilícitos se procesa en el sistema financiero europeo.
Este año, el pasado 2 de marzo, el Departamento de la Tesorería del Gobierno norteamericano suspendió la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa, una legislación supuestamente diseñada para controlar el lavado de dinero. En teoría, la próxima valoración por el GAFI, programado para febrero del próximo año, tendrá que asignar la categoría “gris” al sistema financiero norteamericano por no cumplir con las normas internacionales.
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Sin embargo, esencialmente, GAFI es otro protagonista de la farsa perenne en que las instituciones controladas por el Occidente colectivo asesoran y valoran a sus propios dueños mientras denuncian y condenan a los gobiernos y naciones que rechazan el control occidental.
Este teatro regulador alimenta la implacable guerra psicológica que justifica las agresiones diplomáticas, económicas y terroristas desplegadas por los países occidentales para desestabilizar regiones enteras del mundo. Como secuela de la contundente derrota de la OTAN en su guerra contra Rusia en Ucrania, algunos observadores occidentales perciben el desarrollo de un nuevo orden internacional político-militar basado en el concepto de respectivas esferas de influencia. Este concepto desfasado del siglo XIX plantea que el poder regional dominante puede asumir el derecho de imponer su voluntad sobre países vecinos más débiles.
En cambio, desde el fin de la Guerra Fría al concluir el siglo pasado, los Gobiernos de Rusia y China han desarrollado como guía para las relaciones internacionales el concepto de la seguridad indivisible logrado por medio del diálogo y el respeto a los intereses de cada país. En el contexto europeo este principio se estableció formalmente en la Carta de Estambul de 1999 y la Declaración de Astana de 2010. De hecho, los Gobiernos de los países de la OTAN lo han ignorado completamente. Hasta 2022, seguían su amenazante expansión hacia las fronteras de Rusia y ahora resulta que enfrentan una contundente derrota estratégica en Ucrania.
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Basado en los mismos principios del diálogo y respeto para los intereses de otros países, desde 2022 China ha impulsado su Iniciativa de Seguridad Global, la cual lleva a un nivel y alcance más amplio la visión enunciada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAG) al declarar al hemisferio como una región de paz. Sin embargo, el Comando Sur norteamericano protagoniza la política exterior de su país, basado siempre en la Doctrina Monroe y la diplomacia de las cañoneras. En estos días, el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey dio continuidad al programa intervencionista de la jefa anterior, la General Laura Richardson, con visitas a República Dominicana, Panamá, Argentina y Paraguay.
La intromisión norteamericana en la región se ha intensificado notablemente con la fusión en la figura de Marco Rubio de las funciones de Secretario de Estado y Asesor de la Seguridad Nacional en el Gobierno Trump. De hecho, la carrera política de Rubio ha sido como representante de las redes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo de la mafia cubana en Miami. En enero de este año, Rubio declaró a una comisión del Senado estadounidense que China es “el adversario casi a la par nuestro más potente y peligroso que esta nación haya enfrentado jamás”.
Con razón la Cancillería china ha criticado “la mentalidad de Guerra Fría” de Marco Rubio. De hecho, la guerra de aranceles desatada por Trump ha demostrado que la economía norteamericana está muy por detrás de la capacidad productiva y comercial de China.
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De igual manera, el poder militar de EE.UU. tampoco está a la par de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El creciente reconocimiento de esta realidad y de la cada vez mayor cooperación entre los países del mundo mayoritario en defensa de sus intereses ha forzado a la clase gobernante norteamericano enfocar su atención mucho más en América Latina y el Caribe con el fin de asegurar su acceso a los recursos naturales de la región.
A primera vista el panorama político de la región parece bastante favorable para los intereses norteamericanas, porque predominan las fuerzas políticas de derecha o lo que es lo mismo, la centroderecha. Pero hay que señalar varios factores que contrarrestan el criminal impulso estadounidense para ampliar y profundizar su control neocolonial de la región. Primero, el control político interno de los gobiernos aliados a Washington es frágil por motivo de la precariedad socioeconómica de la mayoría de sus poblaciones y la fortaleza de los movimientos sociales para resistir las políticas neoliberales de los regímenes de derecha.
En segundo lugar, para mantener la estabilidad comercial y financiera, estos gobiernos reaccionarios necesitan colaborar e intercambiar con la economía de la República Popular China y con las economías asiáticos en general. Saben perfectamente que su relación con la economía estadounidense se basa en servir como territorios a ser saqueado a cambio de nada, aparte del desprecio y soberbia de siempre. Entrelazado con estas dos consideraciones está el aspecto fundamental político-afectivo que es inseparable del tema de la reducción de la pobreza.
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Casi todos los gobiernos de la región sufren bajos niveles de crecimiento económico y la gran mayoría, con diferentes niveles de seriedad y compromiso, pretenden querer reducir la pobreza. Pero la reducción de pobreza toma diferentes formas en dependencia de la visión económica de los respectivos gobiernos.
Los gobiernos de Chile, Ecuador, Paraguay o Perú priorizan las ganancias de sus élites y una economía que deja caer hacia abajo algunas gotas de riqueza para las mayorías.
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México se distinguen por mayor compromiso con la reducción de pobreza por medio de robustas intervenciones estatales. La variedad revolucionaria de la reducción de pobreza en Cuba, Nicaragua y Venezuela ha priorizado la democratización económica para hacer florecer el potencial humano de sus familias, de la juventud, enfocada en el desarrollo de la persona humana.
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Es precisamente el imperativo fascista de sofocar esta democratización revolucionaria que motiva el genocida bloqueo contra Cuba y las agresivas medidas coercitivas unilaterales de parte de Washington y sus lacayos aliados europeos contra Venezuela y Nicaragua. No es casualidad que Brasil, Colombia y México hayan incurrido en el disgusto del Gobierno estadounidense porque abogan por una visión del desarrollo humano más alineado con la visión china de un destino de futuro compartido de la humanidad.
La cuarta Cumbre China-CELAC en mayo de este año confirmó la determinación de la República Popular China de sostener sus relaciones del desarrollo económico hacia un futuro compartido con todos los países de la región.
Al final, la desesperación de las élites gobernantes estadounidenses es que no pueden frenar el desarrollo de la región con la República Popular China de las relaciones comerciales, financieras y de inversión en infraestructura para la conectividad.
Tampoco pueden sofocar la visión político-afectivo compartido con China de hacer florecer el potencial de los pueblos creando mayores espacios de todo tipo para el desarrollo de la persona humana. Las oligarquías locales de la región se debaten entre la necesidad de desarrollar buenas relaciones con China y su sumisión tradicional a las élites gobernantes de EE.UU.
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El terrorista quehacer de Donald Trump y Marco Rubio alrededor del mundo responde a la desesperación de las criminales élites gobernantes que los patrocinan.
En el caso de América Latina y el Caribe, la historia demuestra que el imperialismo estadounidense le teme a la fuerza de los pueblos cuando éstos se deciden a luchar y a defender su soberanía. El mejor ejemplo son los procesos emancipatorios que se han dado en la región como la Revolución cubana y la Revolución Sandinista durante el siglo XX o el proceso bolivariano en la Venezuela chavista frente a lo cual Washington busca por todos los medios declararles la guerra para poderse apropiar de su soberanía y recursos.
La historia ha demostrado que no obstante su gran poder bélico, económico y político el imperialismo no ha podido ni podrá ante la dignidad de los pueblos.



