POR JAYATI GHOSH
En el centro de la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump se encuentra la creencia de que el mundo puede ser repartido entre las grandes potencias, con libertad para que Estados Unidos actúe con impunidad en su propio patio trasero. En realidad, este enfoque está destinado a fomentar la inestabilidad, fracturar los mercados y socavar los intereses económicos de Estados Unidos.
Existe un método detrás de la aparente locura del enfoque transaccional y de esferas de influencia de Trump en la geopolítica y la economía global. En ningún otro ámbito esta lógica ha sido más evidente que en el criminal secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de su administración y sus continuos esfuerzos por asegurar el control de las reservas petroleras del país mediante la instauración de un régimen cliente.
En el núcleo del resurgimiento de la Doctrina Monroe por parte de Trump —o la «Doctrina Donroe», como él la ha rebautizado— reside la creencia de que Estados Unidos puede actuar con impunidad dentro de su propio «patio trasero», y que otras grandes potencias, en particular China, pueden hacer lo mismo en el suyo. Al mismo tiempo, Estados Unidos se reserva el derecho de promover sus intereses estratégicos donde lo considere oportuno, incluida Groenlandia.
Este enfoque –descrito acertadamente por el economista indio Prabhat Patnaik como “imperialismo gangsteril”– se remonta a las raíces coloniales del capitalismo, cuando las jerarquías abiertas entre los pueblos y las entidades políticas se basaban en el poder relativo.
Dejando de lado los profundos problemas morales y legales que plantea la estrategia de Trump, ¿puede realmente funcionar? ¿Puede el reparto del mundo entre las grandes potencias generar un capitalismo más estable y dinámico en un momento en que la economía global parece cada vez más volátil y sin rumbo?
Si la historia sirve de guía, la respuesta es no. Durante los últimos dos siglos, el capitalismo ha oscilado entre períodos de intenso conflicto entre Estados rivales y fases en las que una única superpotencia dominante actuó como creadora y ejecutora de las reglas. En el siglo XIX, ese papel lo desempeñó el Reino Unido, que construyó un imperio colonial más grande que el de sus rivales europeos. Desde mediados del siglo XX, Estados Unidos ha ocupado en gran medida esta posición.
Si bien la hegemonía nunca significó la ausencia de guerra, sí limitó los conflictos interimperialistas a gran escala, como los que precedieron a la Primera Guerra Mundial, célebremente descritos por Vladimir Lenin como guerras en las que el capital privado, respaldado por el Estado, luchaba por el control del territorio económico. La relativa estabilidad, tal como era, se basaba en una combinación de un poder militar abrumador y un marco de normas e instituciones globales diseñadas para mantener a raya las rivalidades geopolíticas.
Hoy, sin embargo, el alcance imperial de Estados Unidos está sobre extendido y menguante. La agenda de política exterior de Trump se basa en la idea de que, si bien la globalización liderada por Estados Unidos en su día benefició a los intereses del capital estadounidense, especialmente a las finanzas, sus beneficios han disminuido con el auge de potencias emergentes como China. La solución que propone es recurrir al dominio militar y al poder económico residual para asegurar el control directo de los recursos y los mercados en regiones que, según él, están dentro de la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos. Esto implica abandonar incluso la pretensión de un orden internacional basado en normas, quitarse la fachada de la promoción de la democracia y los derechos humanos, y exhibir descaradamente una anticuada doctrina de la apropiación de recursos basada en la ley del más fuerte.
Incluso en sus propios términos, es improbable que esta estrategia tenga éxito. Si bien es claramente desastrosa para los trabajadores norteamericanos y las pequeñas empresas, también alimenta la inestabilidad y socava los intereses a largo plazo de las grandes corporaciones estadounidenses. Los recursos económicos no están claramente contenidos en esferas de control diferenciadas, y los mercados, por su propia naturaleza, se superponen.
Por lo tanto, las disputas sobre el acceso, las fronteras y el control son inevitables cuando una potencia intenta imponer su dominio en todos los frentes, lo que aumenta la probabilidad de guerras importantes.
Sin duda, algunos segmentos del sector empresarial estadounidense se beneficiarán. El complejo militar-industrial, por ejemplo, ha obtenido enormes beneficios de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Pero otros intereses poderosos saldrán perdiendo.
Las corporaciones multinacionales que dependen de cadenas de suministro desintegradas vertical y geográficamente dispersas se verán afectadas; las instituciones financieras, acostumbradas a flujos de capital transfronterizos relativamente libres, verán reducidas sus oportunidades; y las grandes empresas tecnológicas, que dependen del acceso a datos de todo el mundo, se verán excluidas de mercados extranjeros clave.
La administración Trump ha buscado gestionar estas contradicciones mediante un mosaico de exigencias coercitivas impuestas a diversos socios comerciales. Si bien la intimidación de Trump puede generar algunas concesiones a corto plazo, es profundamente contraproducente. Muchos países, incluidos aliados de larga data, ya buscan reducir su dependencia de Estados Unidos formando nuevas coaliciones en torno a preocupaciones específicas.
Estos problemas se ven agravados por la agenda económica más amplia de Trump, que sigue priorizando los combustibles fósiles sobre tecnologías emergentes como las energías renovables, los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías. Como resultado, las empresas estadounidenses carecen de las economías de escala dinámicas necesarias para la competitividad a largo plazo. Las burbujas especulativas impulsadas por modelos de Inteligencia Artificial (IA) y criptomonedas sobrevalorados son malos sustitutos de la inversión sostenida y el liderazgo tecnológico.
Más allá de sus deficiencias económicas, tratar a América Latina como el «patio trasero» de Estados Unidos probablemente provocará resistencia popular. Washington tiene un largo historial de intentos de dominar la región mediante intervenciones militares, apoyo a dictaduras y sanciones. Estos esfuerzos no prosperaron, y con el aumento de la desigualdad y la inseguridad económica en gran parte de América Latina, las condiciones ya están propicias para una agitación social y política.
Las consecuencias también se sentirán en Estados Unidos, pero el resto del mundo no puede permitirse esperar a que Trump, o una futura administración, cambie de rumbo. La cautela mostrada por algunos líderes europeos no es la solución; tampoco lo es la agresión reactiva ni el repliegue hacia un aislacionismo introspectivo.
Dada la magnitud y la urgencia de los desafíos globales actuales, es evidente que enfrentar el imperialismo gangsteril de Trump requiere una cooperación internacional que no dependa del consentimiento de Estados Unidos. La acción colectiva ya no es opcional. Para contrarrestar la amenaza que representa un Estados Unidos rebelde, es la única vía viable.
Project Syndicate
