EDITORIAL TSC /
La decisión mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola al 11.25 % ha desencadenado una crisis política y un interesante debate sin precedentes. El presidente Gustavo Petro acusa a esa directiva de talante neoliberal de actuar por intereses electorales y no técnicos, señalando vínculos familiares y políticos de algunos miembros, como la presencia de la hija de la exministra uribista Alicia Arango Olmos, quien actualmente forma parte de la campaña de la candidata presidencial de la ultraderecha, Paloma Valencia Laserna.
Petro sostiene que la decisión busca “poner al pueblo a pagarles las ganancias a los banqueros” y ha demostrado con sólidos argumentos que la supuesta independencia del banco es una falacia, pues responde a intereses del sistema financiero internacional, de los banqueros locales, y en la actual coyuntura electoral busca favorecer los intereses de la campaña uribista, caracterizada por su apego al malhadado recetario neoliberal.
De ahí que el Gobierno nacional, representado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, se opuso a la decisión y abandonó la reunión de la Junta Directiva antes de su conclusión, lo que evidenció la tensión institucional entre el Ejecutivo y el banco central.
El impacto económico del incremento de la tasa de interés es inmediato y profundo, pues encarece el costo del crédito, afecta el consumo, la inversión y el empleo, y puede enfriar la economía. Los bancos cobran más por prestar dinero, lo que repercute en las cuotas de créditos, tarjetas y préstamos comerciales.
El Banco de la República disfrazando sus argumentos de “técnicos” justifica la medida como necesaria para controlar la inflación y preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero el Gobierno sostiene que la inflación no está relacionada con la cantidad de dinero en circulación, sino con el precio de los alimentos, y que la subida de tasas perjudica a los exportadores y produce más inflación.
Socialmente, la decisión afecta a millones de colombianos. El encarecimiento del crédito ahoga a las familias, reduce el consumo y puede aumentar el desempleo. Las decisiones de política monetaria, aunque presentadas eufemísticamente como “técnicas” y “neutrales”, tienen consecuencias directas sobre quién se aprieta el cinturón: en este caso, la gente común.
El debate sobre la supuesta “independencia” del banco central y su relación con el proceso electoral ha prendido las alarmas en amplios sectores de la sociedad, generado además desconfianza en las instituciones.
El presidente Petro con este debate plantea una ruptura moral con una forma de entender el poder económico que, según él, opera a espaldas del pueblo.
Por eso criticó de manera frontal a su exministro José Antonio Ocampo, un neoliberal que se ha enmascarado durante su opaca trayectoria como “socialdemócrata”, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y los sectores tecnocráticos partidarios del “libre mercado” y las privatizaciones que han dominado la política económica en Colombia.
Petro acusa a Ocampo de haber generado un déficit fiscal significativo por los subsidios a la gasolina y de haber debilitado la capacidad del Gobierno para influir en la Junta del Banco de la República, al recomendar a una integrante “adversa al Gobierno y héroe de los grandes tenedores de títulos de la deuda pública”. Esto representa una ruptura con la tradicional óptica neoliberal y una apuesta por profundizar el debate económico, situando la ética y el interés popular en el centro de la discusión.
El Presidente con su pronunciamiento cuestiona que la falaz “independencia técnica” con que se quiere arropar el Banco de la República se haya convertido en un instrumento de dominación y exclusión de los intereses populares.
En ese marco conceptual, Petro plantea que el desacuerdo no es solo técnico, sino moral: critica que la economía se haya divorciado de la ética y se haya convertido en un mecanismo de dominación. Esta narrativa busca proyectar y a la vez legitimar una visión alternativa de la política económica, en la que el Estado recupere protagonismo frente a la opacidad de los intereses financieros y corporativos.
Con este tipo de pronunciamientos el mandatario estimula un debate necesario sobre el papel de la tecnocracia y la legitimidad democrática en la toma de decisiones económicas.
Al situar la ética y el interés popular en el centro del debate, el presidente Petro busca redefinir el sentido y los límites del poder económico en Colombia, aunque esto implique necesariamente tensiones con sectores tradicionales y conservaduristas que solo han gobernado para satisfacer los mezquinos intereses oligárquicos, corporativos y especulativos del rapaz sector bancario.
