POR ALONSO YUPANQUI DE LA CHIRA /

La reconocida economista neokeynesiana ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, profesora en University College London y directora fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose, anuncia la aparición de su nuevo libro que lleva por título La economía del bien común: una nueva brújula, (Editorial Allen Lane (Penguin), Londres, 2026), en el que muestra el total fracaso del capitalismo y exige nada menos que una revisión completa del sistema de valores económicos, aunque no se atreve a plantear un nuevo modelo sistémico que lo reemplace.

En este nuevo aporte bibliográfico Mazzucato sostiene que la economía política contemporánea opera con un problema de fondo: no sabe definir con precisión qué entiende por “bien” y, por tanto, reduce el bien común a un conjunto de correcciones ex post frente a fallos del mercado (o del gobierno). En esa lógica, el Estado aparece como “mecánico” de última instancia: repara daños ambientales, compensa desigualdades o contiene crisis, sin intervenir de manera deliberada en el diseño inicial de los mercados y de los incentivos.

La autora confronta tanto la economía convencional —acusada de privilegiar modelos abstractos que eluden preguntas normativas— como la narrativa neoliberal que deposita la solución casi exclusivamente en la iniciativa privada. A su juicio, ese marco resulta incompleto: si el sistema está orientado a la extracción de rentas, a la financiarización y a la concentración, el emprendimiento privado no “arregla” por sí mismo las bases institucionales que reproducen crisis climática, desigualdad y pérdida de legitimidad democrática.

En lugar de un programa de “parches”, Mazzucato propone reorientar la creación de valor hacia finalidades colectivas mediante una teoría del bien común que haga operativa la noción de propósito: Estados, empresas y ciudadanía deben construir relaciones económicas con objetivos explícitos, reglas de reciprocidad y mecanismos de participación.

El libro ofrece una “brújula del bien común” como guía práctica para decidir prioridades, diseñar capacidades estatales y reconfigurar instrumentos (compras públicas, finanzas, gobernanza de recursos como el agua), insistiendo en que el cómo (acción colectiva, participación, reciprocidad) es tan relevante como el qué (los objetivos).

Este libro puede leerse como una síntesis y, a la vez, como un desplazamiento. Es síntesis porque prolonga tres ejes característicos de Mazzucato: (a) la reivindicación del Estado como agente que crea y configura mercados (no sólo los regula); (b) el enfoque de políticas orientadas a misiones, donde los objetivos públicos organizan inversiones, innovación y coordinación intersectorial; y (c) la crítica a la identificación entre precio y valor, que legitima la extracción de rentas y distorsiona la medición del desempeño económico.

Pero también hay un giro: la pregunta ya no es sólo “quién innova” o “cómo se financia la innovación”, sino qué cuenta como progreso y bajo qué criterios normativos se decide el rumbo de la economía. Al instalar el bien común como brújula, la autora intenta dotar de fundamento a las políticas de misión y a la construcción de capacidades estatales.

La tensión que emerge —y que conviene discutir críticamente— es que, aunque el diagnóstico apunta a un capitalismo “roto”, la propuesta está orientada a una reconstrucción institucional del capitalismo más que a la formulación explícita de un modelo sistémico alternativo.

Un sistema sustentado en la apropiación de rentas

El diagnóstico socioeconómico se apoya en una tríada de crisis: aceleración del deterioro ambiental, profundización de la desigualdad y debilitamiento de la confianza pública. En esa lectura, el capitalismo contemporáneo funciona mediante mecanismos de acumulación que premian la apropiación de rentas (por ejemplo, vía poder de mercado, activos intangibles, intermediación financiera y estructuras corporativas orientadas al accionista) y trasladan costos al conjunto social (externalidades climáticas, precariedad, infraestructuras subinvertidas).

En contraste con la imagen de un Estado limitado a corregir fallos (subsidios compensatorios, rescates y regulación ex post), la autora insiste en que los gobiernos deben moldear mercados: fijar direcciones tecnológicas y productivas coherentes con objetivos colectivos (descarbonización, salud, cuidado, vivienda), condicionar apoyos públicos a resultados verificables y construir capacidades para coordinar actores. Aquí aparece la continuidad con la “economía de misión”: no se trata de “más Estado” en abstracto, sino de un Estado con instrumentos, métricas y gobernanza que orienten la creación de valor, articulando aspectos como:

• Compras públicas: pasar de adquisiciones de bajo costo inmediato a compras orientadas por misiones (criterios de sostenibilidad, innovación, empleo de calidad), capaces de “tirar” cadenas productivas.

• Finanzas: reorientar el sistema financiero desde la maximización de retornos de corto plazo hacia la inversión paciente y el reparto de riesgos/beneficios cuando hay cofinanciación pública.

• Gobernanza de recursos (por ejemplo, el agua): tratar bienes esenciales como ámbitos de coordinación y corresponsabilidad, con reglas que eviten la extracción y la privatización de beneficios frente a socialización de pérdidas.

• Métricas de valor: cuestionar indicadores que confunden actividad con bienestar y que contabilizan como “crecimiento” la reparación de daños sin evaluar prevención y resiliencia.

El núcleo político del libro es una crítica a la reducción de la política económica a tecnocracia correctiva. Cuando el Estado se concibe como árbitro neutral que apenas “pone reglas” y luego repara daños, se abren espacios para la captura regulatoria, la influencia desproporcionada de intereses corporativos y la pérdida de legitimidad: la ciudadanía observa que se socializan riesgos (rescates, infraestructura, subsidios) mientras se privatizan ganancias.

El rol del Estado en el sistema capitalista

Al proponer el bien común como brújula, Mazzucato desplaza la discusión hacia la construcción deliberada de propósito colectivo. Esto implica que la gobernanza importa: definir misiones no puede ser un ejercicio de gabinete, sino un proceso que incorpore participación, negociación y rendición de cuentas.

La reciprocidad —compartir conocimiento, riesgos y beneficios— se plantea como principio político-institucional, no como exhortación moral. En esa clave, el libro sugiere que la efectividad del Estado depende de su capacidad para construir coaliciones (con empresas, trabajo organizado, academia, comunidades) sin diluir el objetivo público.

• Capacidad estatal: el problema no es sólo de “tamaño”, sino de competencias, datos, coordinación interagencial y aprendizaje.

• Condicionalidades democráticas: si hay apoyo público, deben existir compromisos verificables (ambientales, laborales, fiscales), así como mecanismos de sanción.

• Transparencia y trazabilidad del valor: hacer visible quién crea valor y quién extrae rentas para reordenar incentivos y fortalecer legitimidad.

• Escala multinivel: desde gobiernos locales hasta arreglos internacionales para bienes públicos globales.

Construir confianza

El aporte sociológico del enfoque de “bien común” radica en mostrar que los mercados no son sólo mecanismos de asignación, sino instituciones sociales que producen valores, jerarquías y formas de reconocimiento. Si lo “valioso” se reduce a lo que tiene precio, se desvalorizan trabajos y actividades esenciales (cuidado, reproducción social, cohesión comunitaria) y se naturaliza la desigualdad como resultado “meritocrático” de transacciones individuales.

La insistencia en el cómo (participación, reciprocidad) puede leerse como una teoría práctica de la cooperación: la confianza no se decreta, se construye con reglas de juego que reducen asimetrías y distribuyen de manera justa riesgos y recompensas. En este punto, el libro se distancia de lecturas moralizantes y falaces como la del “capitalismo con rostro humano”: no basta con llamar a la responsabilidad social si los arreglos institucionales siguen premiando la extracción.

La “brújula” busca, precisamente, convertir valores (solidaridad, sostenibilidad, dignidad) en criterios operativos de diseño de políticas y de gobernanza corporativa.

Alcances, tensiones y omisiones

El texto en su planteamiento central combina un diagnóstico severo —capitalismo roto, policrisis, pérdida de confianza— con una ruta de salida que privilegia la reforma institucional y la reorientación del propósito, más que la sustitución explícita del sistema. Esa elección tiene ventajas (viabilidad política, capacidad de traducirse en instrumentos) pero abre interrogantes: ¿hasta qué punto una reconfiguración del “valor” y de la gobernanza puede imponerse sin enfrentar directamente estructuras de propiedad, poder corporativo y jerarquías globales que sostienen la acumulación?

• Riesgo de cooptación: el lenguaje de “propósito” puede ser absorbido por estrategias de mercadeo o por marcos ESG (directrices ambientales, sociales y de gobernanza) superficiales si no se acompaña de condicionalidades duras y cambios en incentivos.

• Operacionalización del bien: convertir el bien común en métricas e instituciones comparables exige criterios y procedimientos; sin ellos, el concepto corre el riesgo de volverse retórico o disputable sin resolución.

• Conflicto distributivo: la reciprocidad supone negociación sobre quién paga, quién se beneficia y qué pérdidas se aceptan en transiciones (energética, fiscal, tecnológica). El libro puede ser leído como una invitación a explicitar esos conflictos más que a ocultarlos tras “eficiencia”.

• Capacidades estatales desiguales: los Estados no parten del mismo punto; en contextos de debilidad institucional, corrupción o alta dependencia de rentas, la agenda requiere salvaguardas y secuencias realistas.

• Dimensión Norte–Sur: la economía del bien común, para ser global, debe lidiar con asimetrías financieras, tecnológicas y de deuda que condicionan la capacidad de los países periféricos para adoptar misiones ambiciosas.

“Mercado eficiente vs. Estado corrector”

El principal aporte es ofrecer un marco normativo-institucional que intenta salir del binomio “mercado eficiente vs. Estado corrector”. Al colocar el bien común en el centro, la autora propone criterios para rediseñar instrumentos clásicos (regulación, política industrial, inversión pública) y para evaluar alianzas público‑privadas: no por su volumen de gasto o por su retórica innovadora, sino por su contribución verificable a objetivos colectivos y por la justicia del reparto de riesgos y retornos.

• Diseño de misiones: objetivos claros, medibles y con legitimidad social; gobernanza participativa y ajustes iterativos.

• Contratos y compras: cláusulas de aprendizaje, datos abiertos cuando aplique, criterios laborales y ambientales, y mecanismos anti-monopolio.

• Financiamiento: banca pública/mixta e instrumentos de inversión paciente; reglas para capturar parte del “upside” cuando el sector público asume riesgo.

• Medición de valor público: indicadores que integren sostenibilidad, resiliencia, reducción de desigualdad y calidad institucional.

• Construcción de capacidades: profesionalización, coordinación y evaluación; infraestructura digital pública para seguimiento de misiones.

En conjunto, la obra busca ser a la vez diagnóstico y caja de herramientas. Su potencia está en traducir una crítica al capitalismo realmente existente en preguntas institucionales concretas (quién decide, con qué métricas, con qué incentivos y con qué capacidades). Su límite, también, es que la “brújula” puede quedarse corta si las condiciones políticas para redistribuir poder —y no sólo rediseñar políticas— no se abordan de forma frontal.

Precisamente por eso, el libro es útil como texto para debate: obliga a discutir el contenido sustantivo del bien común, no sólo su invocación, sino también el hecho según el cual dentro del malhadado sistema capitalista no hay solución a la crisis civilizatoria que su rapacidad y codicia que lo caracterizan han generado a la humanidad.